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Fiscalía solo financia el 47% de sus gastos, arrastra déficit estructural y pide ser contemplada este año
El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, planteó este miércoles en el Parlamento la necesidad de que la Rendición de Cuentas contemple un sensible incremento en las partidas destinadas a gastos en funcionamiento e inversiones del organismo.
Debe ser así, dijo, por una “sencilla razón”: el Ministerio Público arrastra desde hace varios años un severo déficit estructural, por el cual solo puede financiar con recursos reales el 47% de su funcionamiento. Para asumir el resto, explicó, se sigue apelando a trasponer rubros que originalmente estaban destinados a partidas salariales.
La situación se viene dando desde 2016 y ha sido planteada, dijo Díaz, todos estos años ante el Poder Legislativo. “Nunca hemos sido contemplados para resolver este problema”, lamentó.
Díaz compareció ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco de la discusión del mensaje presupuestal enviado por el gobierno.
“No es posible seguir en una situación de tener que financiar recursos con economías en el rubro cero”, dijo el fiscal de Corte en rueda de prensa. Es que, más pronto que antes, las vacantes en las que se originan esos recursos se irán ocupando en tanto los gastos seguirán creciendo.
Frente al mensaje del Ejecutivo, que excluye cualquier incremento de gasto, la propuesta presentada por Fiscalía propone aumentar en un total de $ 103 millones las partidas destinadas a gastos de funcionamiento hasta 2024. En inversiones, el aumento planteado es de $ 18 millones. Así se establece en el proyecto al que accedió El Observador.
Otro de los planteos de Díaz es que se cumpla con lo previsto en una ley aprobada en 2018 que le destina el 5% del producido de la venta de bienes incautados al narcotráfico y al lavado de activos, para financiar el fondo de peritajes.
El actual sistema establece que esos recursos serán transferidos el 1 de marzo de cada año, con lo cual el Ministerio Público alega que deja indisponibles los fondos generados a través de esa vía entre el 1 de marzo y el 28 de febrero.
"No fuimos consultados"
Díaz rechazó por otra parte y en forma tajante uno de los artículos incluidos en la Rendición de Cuentas elaborada por el Poder Ejecutivo.
Se trata del artículo 241, que establece que las fiscalías departamentales del interior tendrán competencia para tomar medidas “urgentes e impostergables” en relación a eventuales delitos vinculados al lavado de activos.
Cumplida esa actuación de urgencia, el proyecto indica que las actuaciones deberán ser remitidas a la Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes, que tendrá competencia nacional para continuar la investigación.
“No fuimos consultados y no estamos de acuerdo”, expresó el fiscal general. “No tiene en cuenta el funcionamiento normal de una fiscalía en el proceso penal acusatorio. Sería inconveniente para el resultado que se busca”.
