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Fondo de Solidaridad se encamina a ser modificado por el futuro gobierno
El Fondo de Solidaridad, que otorga becas a estudiantes con los aportes que hacen anualmente los universitarios, fue modificado cuatro veces desde su creación en 1994 y se encamina una nueva discusión por la eliminación del tributo adicional y otros cambios que se pondrán sobre la mesa en el próximo período de gobierno.
Por un lado, la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep) se reunirá este martes con el futuro ministro de Educación, Pablo Da Silveira, oportunidad en la que volverán a plantear la idea de sustituir el Fondo de Solidaridad por un fondo nacional de becas.
Por otro, desde el partido que gobernará a partir de marzo se insistirá con la eliminación gradual del adicional. El diputado Jorge Gandini, que asumirá en febrero como senador impulsó en este período “la eliminación gradual del adicional en cinco años” –y que esos recursos para la Universidad salgan de Rentas Generales– e insistirá con su planteo.
La presidenta de Audetep, Adriana García, explicó a El Observador que la idea de este fondo es que se otorgue una prestación a través de préstamos bancarios "blandos" que los becarios podrían solicitar por un año o más tiempo, y empezar a devolverlos a los cincos años del egreso.
"Es para financiar el sistema. Se seguiría pagando el fondo por unos años más. Una vez que los becarios empiezan a devolver el dinero de las becas y el sistema se empieza a aceitar, dejaría de existir como tal", explicó.
Lo que busca esta medida es estimular la continuidad educativa, según sus impulsores. "Si el alumno deja de estudiar por cualquier motivo es porque se reincorpora al mundo laboral, entonces tiene que devolver la beca. No como ahora que si un estudiante deja de estudiar y tenía beca no devuelve nada", afirmó García.
La beca podría solicitarla "cualquier persona", aunque se buscaría priorizar las necesidades económicas.
En diciembre de 2017 se aprobaron en el Senado las últimas modificaciones de las causales del cese de aportes de los profesionales universitarios y el tope de ingresos destinados al funcionamiento de la universidad, entre otros.
El punto que más se discutió es el monto adicional para las carreras de cinco años o más, del que un 35% de lo recaudado se destina a proyectos en el interior del país, un 25% a mejoras en infraestructura no edilicias y un 40% de infraestructura edilicia destinada a la enseñanza, según indica la web del Fondo.
En la actualidad el fondo administra un sistema de becas destinadas a estudiantes de la UTU, de la Universidad de la República y de la Universidad Tecnológica (UTEC), con aportes de aproximadamente 120 mil graduados.
En la primera redacción de la ley estaban obligados al aporte los egresados a los diez años de la expedición del título. Tal como se estableció en la Rendición de Cuentas del año 2017, se mantuvo el plazo de aportes en 25 años, cuando en la última ley de Presupuesto se había establecido en 35 años.
Durante la crisis de 2002 se incorporó el pago del adicional que en ese momento se aprobó de forma "provisoria" para palear la compleja situación económica de la UdelaR. Sin embargo, García dijo que en este momento no es necesario ese aporte.
Audetep fue convocada por Da Silveira y las expectativas de los egresados por llegar a los cambios necesarios es buena. "Es un tema para hablarlo, llegar a acuerdos y ver como se pueden ir cambiando las cosas".
Eliminación gradual
El senador electo por el Partido Nacional, Jorge Gandini, fue uno de los promotores de modificaciones de la ley que puso en funcionamiento el fondo. En 2017, siendo diputado redactó un artículo para la Rendición de Cuentas con aportes de Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Eduardo Rubio (Unidad Popular).
Finalmente se aprobó que los profesionales pagarán al Fondo de Solidaridad hasta un máximo de 25 años (no 35 como hasta ese momento), hasta los 70 años de edad, o hasta que el contribuyente acceda a una jubilación.
Gandini impulsó desde ese momento "la eliminación gradual del adicional en cinco años" y que esos recursos para la Universidad salgan de Rentas Generales.
Dijo que no el fondo "tiene un destino que hay que mantener" que es otorgar becas a quienes las requieren para estudiar en el nivel terciario. "El adicional se creó en 2002 pero ese no es el destino, no deben ser solidarios con la UdelaR que debe mantenerla el Estado", afirmó.
El proyecto presentado en ese momento planteaba la eliminación de un quinto de lo que se paga en el adicional y a su vez se reforzaría el presupuesto universitario en la misma proporción. hasta que en el quinto año el presupuesto reemplace al adicional.
Gandini afirmó que la ley de urgencia presentada la semana pasada tiene como una de sus restricciones no poder incluir normas presupuestales, por lo que esta modificación no fue incluida en el anteproyecto. "La solución que yo planteo tiene un costo presupuestal que debe ser acompasado. Si hay otro tipo de solución fantástico, pero no le veo una solución que no termine perjudicando al objetivo del Fondo", remarcó.
El senador electo afirmó que hablará sobre esta idea con el equipo económico del gobierno que asumirá el 1° de marzo.
El programa del Partido Nacional incluye un punto relativo al fondo de solidaridad. En el capítulo referido a la descentralización, se incluye considerar una "descentralización parcial de la administración de lo recaudado por el Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República, transfiriendo parte de las decisiones a Comisiones Honorarias departamentales".
Dejar de pagar
En enero de este año 12.000 profesionales dejaron de pagar al fondo porque cumplieron 25 años como aportantes. A su vez, alrededor de 9.000 becarios se verán beneficiados del sistema. Según explicó el presidente de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, José Luis Genta, en 2019 se otorgaron 8.600 becas pero se presentaron más de 14.000 estudiantes. "En general se rechazan por nivel económico", afirmó en entrevista con En Perspectiva.
Los becarios reciben alrededor de $ 9.000 durante nueve meses la primera vez y pueden renovarla por diez meses más.
Genta adelantó que hay una idea de integrar toda la oferta de becas en un sistema nacional para hacer "un mejor uso".
El presidente de la comisión administradora opinó sobre la propuesta de eliminar el fondo de solidaridad impulsada por la asociación de egresados, algo que entiende que va "contra lo que desarrolló la Unesco en pos de la equidad del acceso a la educación terciaria con el objetivo de ir a la universalización en 2021".
Al incorporar un sistema de préstamos, el presidente de la comisión considera que "vale lo mismo ser estudiante público que privado".
Consultado sobre los estudiantes becados que abandonan los estudios, Genta se refirió a un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas que muestra que los becados "tenían un desarrollo mas eficiente, o sea que las becas cumplieron un rol".
"Ha ido creciendo el número de becarios entre los egresados de cada año, hoy son aproximadamente el 20%" en tanto, un 15% de los estudiantes que ingresaron a la UdelaR recibieron becas, según el estudio citado por Genta.
