Funcionarios en lugar de presos para probar la flamante cárcel

La primera cárcel construida y administrada bajo el formato público-privado, la Unidad Nº 1 Punta de Rieles, ya está lista para recibir a sus primeros internos, que llegarán a partir del 22 de enero en tandas de 120 presos por semana, hasta completar 1.850 en mayo de 2018. Los 230 operadores penitenciarios, que estarán a cargo de las tareas de rehabilitación, estuvieron durante los últimos meses probando las instalaciones, comiendo la comida que recibirán los presos, usando los cubiertos que se les entregarán y recorriendo los distintos espacios públicos de esa cárcel que tiene plazas para 2.000 internos.

Ese modelo de testeo –conocido como "marcha blanca"– permite que la administración de la cárcel pueda probar el funcionamiento del centro antes de que lleguen los reclusos, y hacer modificaciones de ser necesario. Según dijo una fuente del Ministerio del Interior a El Observador, a partir de estas pruebas se hicieron cambios en la forma en la que se distribuye el alimento, lo que estará a cargo de una empresa privada. A diferencia de otros centros de detención, en la Unidad Nº 1 Punta de Rieles la alimentación de los presos y de los funcionarios, el servicio de lavandería para la ropa de cama y de vestir, la limpieza general del centro y el control de plagas quedarán durante 27 años en manos de una empresa privada, UPR SA, que está compuesta en el 85% por la empresa constructora Teyma, y 15% por Goddard Catering Group, una compañía que administra cantinas en varias empresas. Solo la seguridad, educación y salud de los internos quedará en manos del Estado.

Si bien es posible que se registren algunos problemas técnicos durante los primeros días, como por ejemplo algún desperfecto en los sanitarios de la celdas, el diseño de la cárcel permite hacer arreglos desde fuera, sin necesidad de sacar a los internos de su celda. Además, a diferencias de lo que ocurre en el resto del sistema carcelario, los presos no pueden permanecer en su celda durante todo el día, sino que son obligados a estar en las áreas comunes la mayor parte del tiempo. De esta manera se pueden hacer tareas de mantenimiento durante el día, y revisar en busca de objetos prohibidos como drogas o cortes carcelarios.

La administración de la cárcel esperaba que el traslado de presos comenzara este lunes, pero finalmente se decidió aplazarlo hasta el 22 de enero. Con la puesta en marcha de esa prisión se prevé terminar con el hacinamiento en el sistema carcelario uruguayo, que actualmente tiene 11 mil presos para 10 mil plazas.

El Ministerio del Interior trabaja en la organizar y la logística para el traslado de los internos que llegarán a la nueva cárcel a fin de evitar intentos de fuga o "atentados terroristas". El tema fue analizado el pasado lunes en una reunión que encabezó el subsecretario Jorge Vázquez –que en estos días oficia de ministro interino–, el director de la Policía Nacional, Mario Layera, y una veintena de jerarcas de distintas direcciones, entre ellas Inteligencia e Interpol. También estuvieron presentes representantes de las jefaturas de Canelones, Tacuarembó, Rivera, San José, Montevideo, Maldonado, Durazno y Florida, lugares con cárceles congestionadas desde donde se movilizará presos.

Según informó una fuente Policial a El Observador, ya hay unos 600 reclusos que expresaron su voluntad de ir a la nueva cárcel de Punta de Rieles, pero la mayoría rechaza el cambio.