Gobierno de Macri usa a la Justicia "para perseguir opositores", dice Cristina Fernández

Junto a otros antiguos miembros de su gobierno, Fernández –quien en las elecciones del domingo obtuvo una banca en el Senado que asumirá el próximo 10 de diciembre– está acusada de presunto encubrimiento en una causa abierta por una denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir en circunstancias aún por esclarecer.

El procurador tenía a su cargo la investigación sobre el atentado contra la sede de la mutua judía AMIA en la capital argentina, que dejó 85 muertos y continúa impune.

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La comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chiita Hezbollah la planificación del atentado, que fue el segundo contra objetivos judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires.

Pocos días antes de ser hallado muerto en su apartamento de un disparo en la sien, Nisman denunció que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba en realidad encubrir a los sospechosos del ataque.

La denuncia fue desestimada por "inexistencia de delito", a principios de 2015, pero la causa fue reabierta a finales del pasado año y, posteriormente, fue unificada con otra por presunta traición a la patria, también con eje en el polémico acuerdo.

Fernández es la última de las 15 personas citadas a prestar declaración indagatoria por Bonadio, un juez que la exmandataria intentó recusar, sin suerte, en varias oportunidades.

Entre quienes fueron indagados, se encuentra el excanciller Héctor Timerman, quien afirmó que sus gestiones solo estuvieron encaminadas a "avanzar" en un proceso de investigación del caso AMIA que estaba paralizado.

También comparecieron ante el magistrado el supuesto embajador iraní paralelo, Jorge Khalil, el dirigente kirchnerista Luis D'Elía, el exjefe de inteligencia Oscar Parrilli y el diputado kirchnerista Andrés Larroque, entre otros.

El memorándum nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por Irán; y en Argentina, aunque fue aprobado por el Parlamento, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

Fernández, que siempre ha sostenido la legalidad de la firma de aquel acuerdo, carga ya con tres procesamientos judiciales por hechos ocurridos durante su mandato.

Dos de ellos fueron dictados por el propio Bonadio: uno por supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central y otro por presunta asociación ilícita para lavar dinero a través de la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner.