Descontento popular, elevada inflación, escasez de comida y medicamentos y una creciente e incontrolable tensión social, económica y política, que se saldó la semana pasada con la instalación de la Asamblea Constituyente, impulsada por el presidente Nicolás Maduro.
Al rechazo de la oposición, se sumó una mayoritaria condena internacional, que incluyó a Estados Unidos, la Unión Europea, el Mercosur y el martes pasado a doce países de las Américas, que condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela, denunciaron las violaciones a los derechos humanos y señalaron que los actos emanados de dicho organismo son "ilegítimos".
Uruguay, que el sábado pasado había apoyado una decisión del Mercosur por la cual se aplicó a Venezuela la denominada cláusula democrática, se abstuvo de firmar la declaración de Lima, al igual que Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador y El Salvador.
En medio de ese verdadero caos internacional, a los casi 130 días de manifestaciones callejeras en Venezuela por disconformidad con el gobierno de Maduro, el domingo pasado ocurrió un supuesto alzamiento militar en el fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, con un saldo de tres muertos, 15 heridos y 18 detenidos.
En la acción fueron utilizados 93 fusiles AK 103 y 4 lanzagranadas, un panorama nada alentador en un país donde murió en promedio casi una persona por día en cuatro meses de violencia política.
Poco antes se había instalado la Asamblea Constituyente a pesar del rechazo internacional, encabezada por la excanciller Delcy Rodríguez, quien llegó a ser muy conocida en América del Sur por sus frustrados esfuerzos para que Venezuela no fuese excluida del Mercosur.
Además, la fiscal Luisa Ortega Díaz fue destituida apenas comenzó a funcionar la Constituyente; el cargo fue ocupado por Tarek William Saab, un exdiputado y exgobernador chavista, hijo de inmigrantes libaneses, conocido como "el poeta".
Lo cierto es que el gobierno venezolano avanza con su "proyecto revolucionario" que, a esta altura, no tiene nada de poético ni mucho menos, ante una población expuesta a la delincuencia desatada y sumida en la escasez de comida y medicamentos.
"Esta es la peor crisis económica de la historia contemporánea de Venezuela", dijo a El Observador el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica.
Mientras tanto, la Asamblea Constituyente formó una "comisión de la verdad" para investigar las muertes durante las manifestaciones y clama por "justicia", en tanto la oposición afirma que será un órgano destinado a la "cacería de brujas".
A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia pidió la captura del alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quien se suma a una lista de alcaldes destituidos, que están en prisión o cumplen condena en sus domicilios.
En ese marco, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está dividida. "La oposición busca fortalecerse en este momento histórico", declaró el analista político Nicmer Evans.
Pero en este momento, eso parece estar lejos de la realidad.
De hecho, para las elecciones regionales previstas en diciembre, parte de la oposición no desea participar, pues tema un posible fraude electoral del oficialismo; pero otro sector de la oposición es partidario de participar para no perder más espacio político.
El hombre fuerte
Con la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asumió más poder en el chavismo. En su momento, muchos se asombraron de que el difunto expresidente Hugo Chávez eligiera a Nicolás Maduro como el continuador de su legado político, por encima de Cabello.
Chávez prefirió a un civil respecto a un militar para gobernar un país complejo, con sectores populares que constituyen casi el 80% del total de la población y que, eventualmente, podrían sublevarse. Cabello fue quien propuso los candidatos para los cargos claves de la Asamblea Constituyente y puede mover los hilos de ese poder como quiera. Este militar retirado fue gobernador de Miranda, ministro del Interior y Justicia, presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente y presidente interino de Venezuela por un día, el 13 de abril de 2002, cuando Chávez fue derrocado, para luego ser rescatado por el Ejército a sus órdenes.
Lo cierto es que su gestión siempre fue vista por la oposición como una militarización del gobierno, que ahora, a partir de la Asamblea Constituyente, probablemente tome más cuerpo.
Los diálogos entre el gobierno y la oposición fueron a lo largo de las administraciones chavistas una figura repetida, sin que hubiera resultados tangibles.
En 2014, el gobierno cambió su estrategia y optó no por reunirse con la oposición política, sino con el empresariado privado con una agenda de 56 propuestas en lo que denominó como "mesas económicas de diálogo", en un despliegue inusitado que permitió al gobierno ganar tiempo.
En lo que sí hubo acuerdo ese año fue en la necesidad de restaurar la confianza entre los diferentes actores de la actividad económica, social y política del país.
Lejos de lograrse, la base de desconfianza se profundizó hasta la fecha, lo que aleja la posibilidad de acuerdos políticos entre las partes, sobre todo por temor a las auditorías financieras en las instituciones y a personeros oficialistas, que deriven de un posible cambio de gobierno.
Denuncian uso excesivo de la fuerza
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que un grupo de expertos del organismo realizó una investigación a distancia y afirma que se produjo "un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes" en Venezuela.
Según el análisis, "las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de 124 muertes durante las manifestaciones, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados 'colectivos armados', serían responsables de otras 27".
A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, expresó su temor de que Venezuela se aleje cada vez más de la paz como consecuencia de la instalación de la Asamblea Constituyente, que profundizó la crisis política del país.
Guterres se mostró preocupado de que exista una escalada de tensiones y el país se aleje del camino que conduzca a una solución pacífica.