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Gobierno defiende la no suba de combustibles pese a cambios definidos en la LUC y la oposición lo acusa de hacerlo por "conveniencia"
El gobierno decidió por segundo mes consecutivo no subir los precios de los combustibles a pesar de las indicaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), lo que lo distancia de los mecanismos que impulsó a través de la Ley de Urgencia para determinar los montos de venta al público. La medida confirmada este jueves no tardó en cosechar las críticas de la oposición por su "conveniencia" dada la proximidad del referéndum que buscará impugnar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Al igual que en octubre, la resolución volvió a sustentarse en los "importantes ingresos derivados de la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil". De haberse seguido el mecanismo del Precio de Paridad de Importación (PPI) creado por uno de los buques insignia de la administración de Luis Lacalle Pou, hubiera correspondido una suba del 13,7% para el precio vigente del gasoil y del 4,5% para la nafta Súper 95.
El gobierno repitió la decisión que ya había tomado a fines de setiembre, cuando apeló a las ganancias de Ancap para evitar la cuarta suba de los combustibles en cinco meses. El mes pasado, si se hubiera aplicado el mecanismo de PPI la nafta Súper 95 debería haber aumentado 0,1% y el precio al público de este producto hubiera pasado de $ 70,40 a $ 70,51 por litro. Para el caso del gasoil la suba hubiera sido de 3%, y con un encarecimiento de $ 1,52 el precio del litro hubiera pasado de $ 49,94 a $ 51,46.
Ante esa decisión, el gobierno recibió en ese momento cuestionamientos de parte de analistas económicos que remarcaban una contradicción entre el argumento con el que defendía los cambios impuestos en la Ley de Urgencia para "transparentar" los costos la decisión posterior de no basarse en el informe de la Ursea para ajustar tarifas. Javier de Haedo había dicho entonces que “el razonamiento” realizado por el Poder Ejecutivo no resistía "el menor análisis”. Pablo Rosselli, de la consultora Exante, dijo que la medida tomada por el gobierno en setiembre dio “marcha atrás en su intento de pasar a un manejo menos discrecional de los precios de los combustibles”. “La discrecionalidad vive y lucha”, escribió por su parte el economista de Vixion Aldo Lema en su cuenta de Twitter.
Esta vez, los cuestionamientos llegaron sobre todo desde la oposición y del sindicato de Ancap, que defienden un referéndum contra la LUC.
"El factor R”. Después que te la cuenten como quieran…", arremetió el sindicato de Ancap (Fancap) a los pocos minutos de conocerse el comunicado del gobierno. La organización es uno de los principales propulsores de la derogación del mecanismo, que llegó a contar el año pasado con el voto del Frente Amplio en el Parlamento, aunque luego la coalición de izquierda se plegó a la campaña contra los artículos.
Varios dirigentes de la fuerza política embistieron contra la medida, y acusaron al gobierno de Luis Lacalle Pou de no aplicar la misma ley que defienden a capa y espada. "Si fuera por el gobierno y la LUC, hoy estarían subiendo los combustibles una vez más, pero no pasó... Con tu huella lo hiciste posible, lograste hacer recular al gobierno", escribió en Twitter el senador del MPP, Alejandro Sánchez.
El senador Mario Bergara, expresidente del Banco Central, cuestionó: "El gobierno realmente está preocupado con el referéndum. ¡¡Hasta llegan a esto!! Pero la gente no es tonta y no la van a engañar con estos artilugios oportunistas. Una muestra más de que la LUC tiene 135 artículos negativos y antipopulares". El diputado comunista Gerardo Núñez, por su parte, consideró que "la LUC es tan mala que el gobierno no la aplica para que la gente no se ponga en contra".
Desde el oficialismo, sin embargo, insisten en que el cumplimiento de la norma no está en juego en esta discusión, dado que el artículo 235 establece que el Poder Ejecutivo tiene la última palabra al aprobar los precios con previo informe preceptivo de la Ursea. Por otro lado, recalcan la "transparencia" de un sistema que lleva mes a mes a discutir en torno al precio de venta según las referencias internacionales, y no a "acordarse solamente en enero" con los ajustes del Poder Ejecutivo.
Fuentes del Ministerio de Industria indicaron a El Observador que en el más optimista de los pronósticos, las ventas extraordinarias de UTE a Argentina y Brasil por su déficit hídrico –operaciones que hoy confieren la "espalda" necesaria para que Ancap absorba los costos de no ajustar precios– se mantendrán hasta febrero-marzo de 2022. Otras proyecciones lo sitúan para fines de este año.
No obstante, el director nacionalista en Ancap, Richard Charamelo, declaró en radio Universal el miércoles que el ente se aproxima a la "línea de equilibrio", por lo que, salvo la "voluntad del Ejecutivo" para compensar los ajustes, tendrá que "subir los combustibles cuando llegue el momento".
A pesar de que aún continúa el proceso de validación de las casi 800 mil firmas entregadas por parte de la Corte Electoral, se estima que el referéndum tendrá lugar en marzo. En el gobierno entienden que cualquier decisión que pese en el bolsillo de los uruguayos puede incidir en su popularidad y por tanto en el resultado de la instancia electoral, y por ello buscan herramientas para estabilizar los precios, tal como informó Búsqueda.
En entrevista con el semanario, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado afirmó que hay un "efecto coyuntural que es negativo" –con la duplicación del precio del barril de petróleo en el último año–, pero que en ello incide "la espalda que tiene Ancap en los cierres de ejercicio y en los anticipos de balance".
El jerarca declaró que "las tarifas fueron siempre un elemento de ajuste y en función de la necesidad de caja". "En estos 15 años venimos viendo que cuando subía el petróleo, subían las tarifas y que cuando bajaba el petróleo, nunca bajaban", lanzó. Respecto a los no ajustes de los precios –sostenidos en el argumento de la "espalda" financiera demostrada por una situación excepcional en Ancap, Delgado zanjó: "A mí no me importa que Ancap gane millones de dólares, lo que me importa es que tenga precios estabilizados y que la gente gane con un combustible más barato".
"La oposición es como el perro del hortelano. Se queja cuando suben los precios, y se queja cuando no suben", acusó en diálogo con El Observador el senador nacionalista Sebastián Da Silva. El legislador defendió que no se aumentaran los precios en tanto se aproxima "el bimestre que por lejos tiene un mayor consumo de combustibles", con las cosechas de los cultivos de invierno como la cebada, el trigo y la colza.
