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Gobierno desautorizó a la Junasa porque no había avalado nuevo sistema
Por Santiago Soravilla y Ana Matyszczyk
La decisión del Poder Ejecutivo de postergar hasta el año 2020 la apertura del “corralito mutual” provocó un sismo entre los distintos actores de la salud. El viernes, el presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto, el cual fue comunicado el lunes a través de la página web de Presidencia de la República. La decisión de Vázquez llegó 48 horas después de que la Junta Nacional de la Salud (Junasa) comunicara que en febrero de 2019 se liberarían las afiliaciones y que se utilizaría un sistema informático de huellas dactilares, el cual permitiría terminar con la intermediación lucrativa.
Sin embargo, la Junasa había dado un paso en falso, ya que este sistema aún no había sido avalado por las máximas autoridades del gobierno, según informaron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo. En el gobierno consideran que este sistema no es suficiente para terminar con la intermediación lucrativa y que para erradicarla definitivamente es necesario realizar modificaciones penales. Por esta razón, en los próximos días se establecerá un grupo de trabajo, el cual estará comandado por el Ministerio de Salud Pública y contará con la participación de la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía, el cual deberá redactar un proyecto de ley con el objetivo de fortalecer la figura penal correspondiente a la intermediación lucrativa. El objetivo –el cual además quedó establecido en el decreto– es que en febrero de 2020 se pueda abrir la movilidad regulada, con las máximas garantías para los usuarios.
El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo el lunes a El Observador que la movilidad no estaba “limpia” y que tenían pendiente generar “mayores garantías” para asegurar que la intermediación lucrativa no continuara. “Es un riesgo que no queremos asumir. Puede ser muy interesante seguir trabajando en el sistema de huellas, pero más allá de los aspectos técnicos, hay aspectos jurídicos que queremos profundizar. Queremos fortalecer la mirada judicial”, remarcó el secretario de Salud. Según supo El Observador, el sistema de huellas dactilares se utilizará, aunque se entiende que debe ser mejorado.
Visiones opuestas entre los actores de la salud
La decisión del gobierno sorprendió a los distintos actores de la salud, quienes reaccionaron de forma distinta ante la situación. En la noche del martes, el Sindicato Médico del Uruguay emitió un comunicado en el que rechazó la no apertura del corralito mutual. Su presidente, Gustavo Grecco, dijo a El Observador que la suspensión fue “algo inapropiado” y que la decisión “violenta las libertades individuales, perjudicando a los usuarios y a aquellos prestadores que brindan mejor calidad de asistencia”.
“Pasaron dos años y la realidad es que las autoridades no logran generar un mecanismo que minimice realmente la intermediación lucrativa, que no es un fenómeno nuevo, la ley que la prohíbe es del año 2007. Esto habla de una ineficiencia para controlar y erradicar este problema y, realmente, molesta” detalló Grecco y definió la posición del MSP como “incompresible”.
“Seguramente existan aspectos que motiven esta decisión, que obviamente nosotros no manejamos. No quiero tejer hipótesis, porque no me corresponde hacerlo, pero a nosotros nos llamó mucho la atención. No encontramos una explicación razonable”, comentó el presidente del colectivo médico.
El SMU defiende el acceso a la salud como un "derecho humano fundamental", según manifestó el gremio en el comunicado. “La libertad de los usuarios para escoger dónde ejercer ese derechos es un eslabón clave para su garantía. Desconocerlo es inadmisible”, agrega el documento.
En tanto, el representante de los trabajadores de las mutualistas dentro de la Junasa, Jorge Bermúdez, dijo a El Observador que a su colectivo no le interesa averiguar hipótesis para comprender lo que ha hecho el gobierno. “El corralito, de última, va a favorecer la competencia del mercado y va favorecer a ciertas empresas. Eso es entender a la salud como aspecto del mercado y no como un derecho que tienen las personas”, indicó.
Por su parte, el representante de los usuarios en la Junasa, Jorge Moreira, aseguró a El Observador que al colectivo de afiliados le hace falta manejar mucha más información de la que la que le facilitan las autoridades y que, incluso, eso les lleva muchas veces quedar excluidos en las discusiones de la junta, en una clara posición de desventaja frente a los otros actores que la componen. Consultado sobre cómo valora la situación actual, Moreira dijo que los usuarios entienden que mientras no estén dadas las garantías necesarias para erradicar el oportunismo empresarial, no están de acuerdo en liberar el traspaso de las afiliaciones.
Las empresas de la salud prefieren esperar antes de hacer públicos sus comentarios, ya que no se han reunido con el Ministerio de Salud Pública. El representante de las instituciones dentro de la Junasa, Luis Gónzalez Machado, aseguró que el MSP todavía no se ha comunicado con ellos para notificar y explicarles puertas adentro lo que había sucedido. De todas maneras dijo que ellos sí intentaron tocar la puerta del ministerio. "Pedimos explicaciones en reiteradas oportunidades y nadie nos respondió nada", informó.
El ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trostchansky, rechazó el argumento brindado por el ministro de Salud Pública y dijo que “todo hace pensar que la decisión de suspender el corralito se ordenó desde un nivel superior al ministro, porque el presidente de la Junasa, Arturo Echeverría, es parte del equipo de Basso, y trabaja diariamente con él".
"Es muy incoherente que, de un día para el otro, le den marcha atrás algo que impulsó y comunicó la junta”, opinó el médico.
