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Gobierno fijó condiciones para que presos puedan vender productos desde la cárcel
Aumentar la cantidad de presos que trabajan era una vieja obsesión de Jorge Larrañaga, que desde su llegada al Ministerio del Interior impulsó el fomento del empleo de los reclusos pensando en que bajaría la cantidad de reincidencias y les daría un horizonte más estable una vez que salieran de la cárcel.
El impulso era compartido dentro de la administración de Luis Lacalle Pou y también había formado parte de las estrategias de la anterior administración de Eduardo Bonomi, quien estaba convencido de que el empleo era una herramienta fundamental para mejorar la situación carcelaria.
Esa obsesión del nacionalista, que murió en mayo de 2021, se tradujo en el plan de Dignidad Laboral, aprobado en la Rendición de Cuentas del año pasado y que está próximo a empezar a funcionar, ya que el gobierno aprobó recientemente el reglamento que establece cómo serán los pasos que los reclusos tendrán que dar para tener sus emprendimientos.
El director de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo a El Observador que la puesta en marcha del plan "marcará un antes y un después en materia de gestión carcelaria".
El documento tiene fecha del 3 de agosto y lleva la firma de Lacalle Pou y los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) debido a que implica también al Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección General Impositiva (DGI).
El primer punto que deberán cumplir los reclusos será no haber tenido sanciones administrativas graves en los últimos seis meses y estar concurriendo a programas educativos, de capacitación o culturales.
El proyecto productivo será presentado ante la dirección de la cárcel, quien realizará el primer filtro, diciendo si lo aprueba o lo rechaza en diez días. Luego, en caso de aprobarlo, pasará a intervenir la subdirección administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que podrá solicitar modificaciones y dará la autorización definitiva.
Los emprendimientos deberán establecer el lugar dónde se harán, rubro al que se desempeñarán y cuál será la fuente de financiamiento.
La reglamentación permite crear proyectos “asociativos”, entre varios reclusos, quienes tendrán la “obligación de participar en las ganancias y soportar las pérdidas en forma equitativa, independientemente de los aportes”.
Los reclusos venderán los productos que generen y recibirán el 60% “para atender sus gastos personales, incluidos la continuación del emprendimiento, así como para asistir a su familia”.
El restante 40% quedará congelado y lo recibirán una vez que obtengan la libertad, aunque podrá usarse para la adquisición de insumos para desarrollar la actividad, previa autorización de la autoridad carcelaria.
La reglamentación también señala que el INR podrá cobrar un canon de hasta 20% por la utilización de las instalaciones.
Todos los pagos deberán realizarse por transferencia o algún otro medio electrónico y tendrán que sí o sí contar con factura.
Para supervisar el funcionamiento y gestionar los fondos que obtengan los emprendimientos, se creará la Oficina de Control y Seguimiento
de Emprendimientos Productivos (Ocsep), la cual dependerá directamente del subdirector administrativo del INR. La Ocsep será la que podrá vender, por cuenta y orden de los emprendimientos productivos, los bienes producidos por estos. También deberá participar como intermediario entre los emprendimientos y los terceros contratantes.
El gobierno será el encargado de crear las cuentas bancarias en que se administrará el dinero y una página web en la que se ofrecerán los productos.
La reglamentación establece que la participación de los reclusos en los emprendimientos puede suspenderse o anularse por “mala conducta”, por ejemplo si recibe una sanción administrativa “grave o muy grave” aunque también se incluyen razones de seguridad o incumplimiento de obligaciones.
Una de las novedades que había sido incluida en la ley es que los reclusos podrán cotizar por este tipo de actividades dentro de la prisión ante el Banco de Previsión Social (BPS), realizando el “Aporte Social Único PPL", que será equivalente a las contribuciones habituales a la seguridad social. Por esa vía, adquirirán todos los derechos correspondientes a su inclusión y afiliación al sistema previsional.
La asignación prevista será el equivalente a 5 BFC (Bases Fictas de Contribución), correspondientes hoy a $ 6.459. Los sujetos comprendidos en el plan no aportarán al Fondo Nacional de Salud, salvo que opten por ingresar a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, en cuyo caso deberán asumir el costo que corresponda.
