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La normativa es clara. De cada cien vacantes que se reponen en el Estado, al menos ocho deben ser ocupadas por personas afrodescendientes, cuatro por discapacitados y –a partir de la ley que este domingo se puso a consideración de la ciudadanía– otra por una persona trans.
Sin embargo, los números concretos distan bastante de lo que dice la letra. En 2018, por ejemplo, de cada cien personas que ingresaron a la función pública, solo hubo tres afrodescendientes y una persona discapacitada. La población afro representó el año pasado el 3,29% de las vacantes repuestas en el Estado y las personas jurídicas de derecho público no estatal. De un total de 19.544 ingresos, solo 642 fueron personas afro (295 hombres, 345 mujeres y 2 trans).
Por su parte, solo 91 personas discapacitadas entraron a la función pública, lo que representó el 1,29% del total.
¿Por qué el Estado no cumple con sus propias reglas? El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, argumenta que el problema ya no está –como sí ocurría antes– en que los organismos no contemplen cupos para afrodescendientes o discapacitados, sino que muchos de ellos “no salvan los concursos” y, por lo tanto, no pueden ingresar al Estado en la proporción que marca la normativa.
“Yo puedo exigir que se cumpla la cuota en las convocatorias y el año pasado llegamos a eso. Por primera vez cumplimos con los llamados, pero no hemos cumplido con los ingresos porque eso depende de las personas”, dijo el jerarca.
Scavarelli explicó que “la Constitución es muy clara cuando dice que es el funcionario para la función y no al revés”. “Cuando uno busca la llave que entre a la cerradura del cargo, no se puede ajustar la cerradura. Yo no puedo imponer diferencias ni que los hagan salvar”, afirmó.
Para saldar la brecha entre las convocatorias y los ingresos, la ONSC trabaja en un proyecto de ley por el cual afrodescendientes, discapacitados y las personas trans podrán acceder a “cursos de nivelación” dictados por la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP).
“Es el máximo aporte que se puede hacer. El problema es que debido a una discriminación histórica en la formación, esta gente no salva los concursos. Más allá de que pongas las cuotas, cumplen en menor proporción los estándares, y la única forma de resolverlo es formándolos un poco más”, señaló Scavarelli.
Como la ley que creó la ENAP indica que los cursos son exclusivos para funcionarios públicos, los cambios deben hacerse mediante reforma legal. El jerarca dijo que limitaría los cursos de nivelación “a las minorías” contempladas por la ley porque de lo contrario “tendría que hacer una Universidad de la República”.
“Yo no puedo equiparar al individuo que tiene una dificultad para trasladarse, y por lo tanto tuvo dificultad para formarse, con el individuo que en lugar de formarse se dedicó a pasear por la rambla”, señaló.
En la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) no tienen un "estudio pormenorizado" de las razones por las cuales no se llenan las cuotas, pero entienden que "no siempre" el problema está en la formación de los postulantes.
"No sería tan categórico en decir que el problema fue la formación", dijo a El Observador el secretario general de COFE José Lorenzo López. "Es más: en algunos casos fue al revés", señaló el sindicalista, en referencia a situaciones en las que el sindicato denunció que se dejaba afuera a personas afrodescendientes con buenos puntajes. "Sé que hay voluntad de Servicio Civil de que se cumpla, pero siempre estamos apagando incendios y no hicimos un estudio pormenarizado", afirmó López.
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