En la reunión que mantuvo el miércoles 31 de octubre con el dueño de la naviera Buquebus, Juan Carlos López Mena, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, le transmitió al empresario la voluntad del gobierno de ejecutar el aval bancario equivalente a US$ 13,6 millones, correspondiente a la garantía de mantenimiento de oferta de la subasta de los siete aviones Bombardier de Pluna y, a la vez, le advirtió que de no cumplir con su palabra tendría problemas con algunos de sus negocios en Uruguay. El empresario lo advirtió como una “presión”.
El encuentro se realizó al mediodía de ese miércoles en la sede de la empresa naviera en el puerto de Montevideo. Guerrero, quien había sido nominado en el cargo por el presidente José Mujica días atrás luego de la renuncia de Alberto Breccia por problemas de salud, fue acompañado del presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia. El alto jerarca del gobierno le había pedido al titular del BROU que lo acompañara porque no lo conocía a López Mena; el empresario mantiene un largo vínculo con la institución por ser cliente. En las oficinas de Buquebus ese día también estaba quien dijo ser representante de la firma española Cosmo, Hernán Calvo, según informó al otro día el semanario Búsqueda.
Una vez presentados Guerrero y López Mena, Calloia se retiró “por delicadeza”, según confesó ayer. El jerarca y el dueño de la empresa tenían mucho para hablar.
La información de esta “presión” fue brindada a El Observador por una fuente del gobierno y luego confirmada en todos sus términos por otro importante jerarca de la actual administración, vinculado al equipo que responde al vicepresidente Danilo Astori. La tercera fuente que confirmó esta información es un allegado a López Mena. El pasado miércoles, el empresario le confesó a uno de sus colaboradores los detalles de ese encuentro, según pudo saber El Observador.
El dueño de Buquebus y la aerolínea de bandera uruguaya BQB, definió ese encuentro con Guerrero como “desagradable”, y se lamentó por los términos utilizados para hacerle saber la voluntad del gobierno para cobrar el dinero de la garantía, la cual había sido tramitada por él mismo para que Cosmo pueda participar en la subasta de los aviones el 1º de octubre.
López Mena llegó a decir que la molestia causada por esa experiencia le hizo pensar en la posibilidad de vender todos sus negocios en el país. A Guerrero, el empresario le respondió que nunca antes –en los 40 años de trayectoria haciendo negocios en Uruguay– lo habían tratado así. Luego, a sus allegados, López Mena alertó por el modo del gobierno para exigir el pago del aval, al cual comparó con procedimientos utilizados en Argentina. Dijo que ahora no sabe qué decirle a los empresarios que lo consultan para invertir en Uruguay.
En un principio, además, las fuentes del gobierno habían dicho a El Observador que en ese encuentro se le había dicho a López Mena que tendría también inconvenientes con sus negocios en Argentina si no pagaba los US$ 13,6 millones, para lo cual Mujica se comunicaría con su par Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el empresario lo desmintió cuando se lo relató a uno de sus colaboradores, pero ratificó toda la otra parte central del planteo que recibió.
A los pocos días de producido el encuentro de Guerrero con López Mena, el gobierno transmitió que se había asegurado el cobro del aval por parte de la aseguradora argentina Boston, pero no dio más detalles de cómo lo había conseguido. Esta semana, en cambio, se conoció que, en realidad, ni Cosmo ni Boston responderían por la garantía.
El presidente del BROU recordó ayer que el pasado viernes 7 de diciembre declaró en la Justicia el empresario López Mena. “¿A usted no le llama la atención que unas pocas horas después venga una carta de España diciendo que Cosmo no va a pagar, y una de Argentina diciendo que Boston no va a pagar al BROU?”, preguntó. Calloia agregó que López Mena fue quien “tramitó” el seguro ante el BROU “y el que retiró la fianza fue Hernán Calvo, bajo indicaciones de él (López Mena)”. Dijo también que esperaba otra respuesta con “responsabilidad” del titular de BQB “por su apellido”. “Si él se comprometió para algo, lo tiene que cumplir, no porque lo haya firmado, sino por el nombre que tiene cada uno”.
En el límite
El miércoles 31 de octubre había sido una jornada larga para el gobierno. Era el último día de plazo para que la empresa Cosmo cumpliera con el pago de los US$ 137 millones. Ya se sabía que eso no iba a ocurrir, y entonces el dilema en la Torre Ejecutiva era si ejecutar el aval bancario o comprarle el boleto de reserva para “ganar tiempo” y seguir adelante en busca de una solución que recupere la conectividad, algo ideado por el equipo de asesores del Ministerio de Economía, y acompañado por la bancada de senadores del Frente Amplio. Se entendía que Cosmo podía generar un mal mayor si concretaba su amenaza de juicio al Estado. Este intento de comprar el boleto de reserva fue considerado por el senador blanco Jorge Larrañaga como un intento por “borrar rastros” del “fraude” que implicó otorgar el aval.
Ayer, en una entrevista con el programa Tiempo presente de radio Oriental, Calloia dijo que fue a esa reunión con Guerrero porque el secretario de la Presidencia se lo pidió, y en otro pasaje de la entrevista, aludió a la “palabra” del empresario, más allá de la firma que puso en los documentos para que Cosmo pueda obtener el aval y así cumplir con los requisitos para participar de la subasta.
