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Gobierno quiere crear registro de vendedores de cigarrillos y cobrarles licencia
La lucha contra el tabaquismo tiene una contracara: el comercio ilícito de cigarrillos. Para controlarlo, asesores del Ministerio de Salud Pública trabajan en un proyecto de ley que propone crear un registro pago de vendedores habilitados y un sistema de trazabilidad a cada cajilla, similar a las marcas de agua de los billetes.
Uruguay ratificó en 2015 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud. Este tratado establece que, antes de 2020, todas las cajillas deberán tener "determinadas marcas de identificación únicas, seguras e indelebles", con el fin de poder determinar su origen y sus movimientos. A su vez, indica que las autoridades deberán procurar "adoptar y aplicar medidas adicionales, como la expedición de licencias, cuando proceda, para controlar o reglamentar la producción y distribución de los productos de tabaco a fin de prevenir el comercio ilícito".
En los últimos meses antes de la fecha límite, la comisión interinstitucional que trabaja para el cumplimiento del protocolo está abocada a la redacción de un proyecto de ley que indique cómo se llevarán adelante estas disposiciones. Si todo transcurre según lo planeado, el documento estará pronto en dos meses, señaló a El Observador el sociólogo Diego Rodríguez, que integra la comisión en representación del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET).
El licenciamiento de los productos fue uno de los temas que la comisión abordó en la reunión de este jueves. De momento se sabe que los vendedores deberán registrarse y abonar una licencia, pero aún no está definido cuánto será el importe ni con qué regularidad deberá pagar el comerciante. Rodríguez dijo que se podrá vender cigarrillos en los mismos locales que actualmente se puede, a pesar de que en otros países que ratificaron el protocolo está en discusión la restricción de ciertos comercios, como aquellos que están cerca de las escuelas.
La comisión pretende que la recaudación del registro sea destinada al financiamiento de las políticas de control del comercio ilícito de productos de tabaco, en vez de ir a Rentas Generales. Según supo El Observador, tan solo en Montevideo se vende seis veces más de lo que se requisa en todo el país. Y para controlar el contrabando, el Ministerio de Salud Pública cuenta únicamente con dos equipos de inspectores que trabajan a nivel nacional: uno integrado por cuatro funcionarios de la cartera y otro por ocho extrabajadores de Philip Morris.
El proyecto de ley también se referirá al octavo artículo del protocolo, que trata sobre el seguimiento y localización de los productos, tanto de fabricación nacional como importados. Cada caja deberá indicar la fecha y lugar de fabricación, información sobre el primer cliente, mercado previsto para la venta al por menor y el plan de ruta de envío, según el acuerdo al que Uruguay suscribió. Los demás países firmantes del protocolo implementaron o van a implementar un sistema similar, por lo que la OMS espera que puedan compartir la información entre sí.
En Uruguay no está definido cómo se pondrá en marcha el seguimiento de los productos, pero la comisión está barajando opciones. Una de las candidatas más firmes es la marca de agua que tienen los billetes. También podría ser un código QR, como se implementó en otros países, pero esa posibilidad es menor. Ahora, la mayor preocupación de la comisión —según expresaron— es encontrar un sistema de seguimiento que no pueda ser falsificado ni evadido.
El encarecimiento del producto a partir de esta medida es una certeza, pero la comisión entiende que deberá ser "una preocupación de las empresas". El argumento al que se aferra el equipo interinstitucional es que diversos estudios han demostrado que el aumento de los precios es una de las medidas más efectivas para controlar el tabaquismo.
La comisión está integrada por representantes de los ministerios de Salud Pública, de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura; la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección General Impositiva; la Fiscalía General de la Nación; el Poder Judicial; la Sociedad Uruguaya de Tabacología y el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET).
