El gobierno de Luis Lacalle Pou rechazó otorgar un asilo diplomático al periodista y consultor colombiano Carlos Villota Santacruz, según confirmó El Observador con fuentes diplomáticas.
El pedido de Villota Santacruz se produjo semanas atrás en la Embajada en Colombia y fue rechazado por el Poder Ejecutivo tras verificar que las razones que esgrimía (una persecución del gobierno de Gustavo Petro que podría poner en riesgo su vida y la de su familia) no se cumplían, ya que previamente no hizo denuncia alguna, y de hecho, llegó y se fue por sus propios medios, por lo que no se verificaba que fuera un perseguido político.
Villota Santacruz presentó una nota pero, según las fuentes consultadas, no entregó ningún tipo de evidencia que demostrara algún tipo de amenazas sobre su persona. En la nota afirmaba que estaba siendo perseguido por haber denunciado públicamente hechos vinculados al presidente Petro y a alguno de sus ministros.
La normativa indica que los presidentes deben responder sobre las solicitudes de asilo, aunque el trámite se realiza a través de la Cancillería.
En sus redes sociales, Villota Santacruz dice que vive en Bogotá, y que es internacionalista, comunicador social y periodista.
"Experto en marketing político y marketing de ciudad, comunicación para el desarrollo, asuntos públicos. Amplia experiencia en el manejo de campañas políticas, nuevas tecnologías, generación de contenidos y organización y logística de eventos. Experiencia docente en las áreas de comunicación para el desarrollo, comunicación política, gobernabilidad y liderazgo. Conferencista nacional e internacional. Premio Raíces a la Cultura y Educación 2016, Buenos Aires Argentina. Premio Victory Awards 2016, Washington. Ponencia el Nuevo Clima de la comunicación política, en el libro de Marketing Político de la VII Cumbre Mundial de Comunicación en México", agrega en su cuenta de LinkedIn.
El Observador se intentó comunicar con Villota Santacruz vía correo electrónico y mensajes en sus redes sociales pero no recibió respuesta.
El asilo es un derecho excepcional para quienes se consideran perseguidos políticos que rige, desde 1954, para los países que son miembros de la Organización de Estados Americanos.
Se enmarca en una convención firmada en Caracas, Venezuela, que dispuso que “todo Estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente” sin que otro país pueda reclamarlo. La convención nunca llegó a entrar en vigor porque no alcanzó las ratificaciones que necesitaba, pero como fue firmada por Uruguay y Colombia obliga a ambos Estados a cumplirla cabalmente.
Eso significa que cuando una persona solicita asilo, es decisión del Estado al que lo pidió si se lo otorga o no y no puede intervenir ningún otro país. Lo que sí realiza el país del que proviene quien pidió asilo es enviar información al otro Estado sobre la persona que realizó la solicitud.
Según lo resuelto en Caracas en la década de 1950, “en todos los casos en que la introducción de una reclamación o de un requerimiento sea procedente conforme al convenio, la apreciación de la prueba presentada por el Estado requirente dependerá del criterio del Estado requerido”.
La última persona que pidió asilo en Uruguay fue el expresidente peruano Alan García. La solicitud se produjo en noviembre de 2018 y fue rechazada por el gobierno de Tabaré Vázquez tras considerar que los méritos planteados eran insuficientes. García se suicidó meses después, acorralado por investigaciones sobre corrupción.
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