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Gobierno refuerza controles al lavado y pone a la DGI al mando

La falta de reportes sospechosos molestó a las autoridades, que ajustarán la vigilancia

9 de mayo de 2013 20:57 hs

Por  Leonardo Luzzi

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El gobierno decidió que la Dirección General Impositiva (DGI) pase a encargarse de los controles antilavado de las instituciones, no financieras, que hoy están obligados a cooperar con el Banco Central avisando de casos sospechosos y no lo hacen. El tema fue abordado ayer por jerarcas de la DGI y el Ministerio de Economía, dijeron a El Observador fuentes oficiales.

Las autoridades antilavado están “cansadas” de pedir colaboración a los privados para saber si se está ante casos de lavado de activos sin lograr mayores resultados, por lo que decidieron hacer un cambio en la estrategia y forzar los reportes.

Para ello, se considera que Impositiva, que es el organismo “más potente” de Economía pase a controlar a los escribanos, rematadores, inmobiliarias, casinos, zonas francas y casas que venden antiguedades y arte, que por ley están obligados reportar actividades inusuales. Es ahí donde los controles fallan más.

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El sistema financiero está bastante saneado porque la mayor parte de los reportes sospechosos llegan al Banco Central desde bancos y casas de cambio.

Pero quien se encarga de controlar escribanos, rematadores e inmobiliarias es la Auditoría General de la Nación, que cuenta solo con cinco funcionarios para esa tarea. La DGI en cambio tiene más de un centenar de personas dedicadas exclusivamente a la inspección.

El director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, dijo ayer al programa Pisando Fuerte de Metrópolis FM, que “se está a las puertas de revisar el sistema sobre cómo encarar el control y qué organismo debería hacerlo”. “Se le pidió a los privados que sean socios y colaboren como lo establece la ley haciendo reportes al Banco Central”. “Este es el momento de revisar qué pasó con los controles”, dijo el jerarca.

El Observador supo que la DGI asumirá un rol protagónico en la lucha antilavado y el ministro Fernando Lorenzo está de acuerdo en que Impositiva asuma la tarea de controlar. Según las fuentes Lorenzo está “muy preocupado” por el lavado. Díaz opinó que “no hay funcionarios más capacitados que los de la administración tributaria para detectar activos ocultos porque esa es su función”.

Durante todo el año pasado el Banco Central recibió 237 avisos de movimientos inusuales de dinero. Pero de ese total los escribanos hicieron cinco reportes a pesar que participaron en más de 80 mil operaciones de compra-venta de inmuebles y además, se movilizaron unos US$ 1.100 millones en campos que cambiaron de propietario.

Los casinos reportaron en 2012 tres operaciones sospechosas y las inmobiliarias ninguna. La actitud de los operadores inmobiliarios cobró relevancia tras la denuncia pública del periodista argentino Jorge Lanata que investigó lo que llamó “la ruta del dinero K”. Con cámaras ocultas se determinó cómo empresas utilizaban a Uruguay para mover dinero, y que al menos se compró un campo en Maldonado llamado “El Entrevero”.

El Observador informó ayer que ese predio, que se vendió por US$ 14 millones, fue comprado por la sociedad anónima Traline cuyo titular es hoy Oscar Osvaldo Guthux, gerente de finanzas de Valle Mitre, grupo que administra el hotel Alto Calafate que pertenecía al expresidente Néstor Kirchner y que según el diario Clarín, hoy es administrado por el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

De comprobarse que en el caso de El Entrevero hubo lavado de activos, los escribanos deberán enfrentar sanciones económicas que según la ley antilavado pueden llegar a 20 millones de Unidades Indexadas (hoy US$ 2,7 millones).

El caso es investigado en Uruguay por la Justicia especializada en crimen organizado, luego que el fiscal Juan Gómez diera curso a la denuncia presentada en Montevideo por los diputados argentinos, Graciela Ocaña y Manuel Garrido.

Según supo El Observador, la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central está preparando un dossier para presentar a la Justicia. También se espera que la Justicia argentina, que también investiga, solicite información a Uruguay sobre empresas, directores de compañías y el negocio inmobiliario de la zona de José Ignacio.

Uno de los problemas que tendrá la Justicia uruguaya es que en Argentina la evasión es delito precedente del lavado y en Uruguay no. Carlos Díaz es partidario de que la evasión sea precedente del delito de lavado. La mayoría de los expertos tributaristas no están de acuerdo con eso.

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