La Cancillería comunicó que recibió la documentación proveniente de Perú con el caso del expresidente Alan García, que está estudiando la solicitud de asilo "en los niveles correspondientes".
"El ex-presidente Alan García permanece transitoriamente en la Embajada del Uruguay en Lima, hasta tanto se adopte una decisión sobre la pertinencia de la solicitud", agrega el comunicado.
Tal como está previsto en la Convención de Caracas de 1954, el gobierno de Perú le entregó la información al embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, este martes con una carta dirigida al gobierno de Tabaré Vázquez. En la misiva el gobierno del país andino se mostró contrario a que Uruguay otorgue el asilo al afirmar que en Perú "impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes".
El comunicado difundido por la cancillería de Perú, afirmó que en ese país tienen "plena vigencia" los derechos humanos y las libertades fundamentales. También sostuvo que en Perú no existe "persecución política de ningún tipo".
García, que fue presidente de Perú entre 1985-1990 y 2006-2011, ingresó el pasado sábado en la residencia de Lima del embajador uruguayo y pidió por teléfono a Vázquez el asilo político. El exmandatario peruano es investigado en su país por colusión agravada y lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht.
La Cancillería peruana también precisó en la nota remitida a las autoridades uruguayas que el Poder Judicial de ese país ha actuado en el caso del expresidente García con "respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia".
Cuando pidió el asilo, García argumentó que la Justicia aplicó en su contra y de forma "abusiva" la detención preventiva, al tiempo que desapareció su "libertad como valor fundamental" ante la "arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno" de Martín Vizcarra, actual mandatario de Perú.
En el comunicado, la Cancillería peruana destacó que tanto Uruguay como Perú adhirieron al acuerdo "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción", adoptado durante la Cumbre de las Américas que se celebró en Lima en abril de 2018. Ese texto recogió el compromiso de los países de América de "adoptar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y de cooperar en esa tarea".
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