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Gobierno ve a transparencia fiscal como estrategia de inserción global
Expertos alertan vulnerabilidad de derechos individuales, pero reconocen que es difícil frenarla
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06 de agosto de 2016 a las 05:00
El camino hacia la "transparencia tributaria" y un mayor acceso a la información de los contribuyentes –que comenzó a transitar Uruguay desde el 2004 con la ley contra el lavado de activos–, es parte de una nueva etapa del país que está enmarcada en la política de inserción económica, dijo el subdirector de Rentas y docente de derecho tributario, Álvaro Romano, en el marco del ciclo de charlas técnicas titulado Panama Papers: enfoque jurídico y tributario, que el jueves por la noche organizó la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República.
La instancia contó además con la participación de la experta en derecho comercial y exvicepresidenta del Banco Central, Eva Holz, y el profesor de Derecho Civil y coordinador de la Unidad Académica Jurídica (FCEA), Carlos Álvarez Cozzi.
Durante su disertación, el subdirector de la DGI reconoció que el destape de los Panama Papers generó un debe y una "fricción natural" entre el interés general y el particular. El experto recordó que los sociedades offshore se caracterizan por estar radicadas en países con baja o nula tributación, lo que las hace "atractivas" desde el punto de vista tributario. Si bien su operativa puede perseguir un fin lícito, la opacidad puede generar "perjuicios" a otros Estados, alertó.
"La política tributaria no actúa aislada, está asociada a la política de inserción regional e internacional que optó por desarrollar Uruguay", argumentó Romano. En ese contexto, el jerarca informó que hoy Uruguay cuenta con 30 acuerdos de intercambio de información tributaria y para evitar la doble imposición con otros países. "Eso habla de un cambio en el posicionamiento del país que obedece a un modelo de inserción", añadió.
Romano se mostró sorprendido por las críticas de algunos tributarias sobre el avance del poder de la DGI. En ese contexto, dijo que hasta el año 1982 el secreto bancario no era oponible a la DGI.
Precisamente, entrevistado por El Observador TV el presidente del Banco Central Mario Bergara, dijo esta semana que el secreto bancario se "está llevando a su mínima expresión, comparado con el rol que tenía en la ley financiera de 1982. Era el eje de lo que vendíamos, sobre todo a la región. Esa opacidad del secreto bancario se interpretaba como un pilar de desarrollo de la economía uruguaya. Ese enfoque probó ser erróneo", afirmó.
Al igual que Romano, dijo que hoy la estrategia de desarrollo del país obliga a adoptar las normas internacionales más rigurosas en materia de prevención de la evasión fiscal y el lavado de activos.
Romano se encargó de realizar una detallada presentación con un sesgo histórico –comenzó a mediados del pasado siglo– con las principales leyes y decretos vinculados al Derecho Tributario. El recorrido abarcó algunos hitos, como la norma que en 1990 permitió a las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión) quedar habilitadas a brindar operaciones comerciales y no solo financieras. Durante la era de la "opacidad", que se acentuó en los últimos 20 años del siglo pasado, a la administración tributaria se le hacía "imposible" identificar a los titulares, socios o accionistas de sociedades anónimas. La DGI no tenía la posibilidad de acceso a información bancaria. Esa situación de países opacos contaba con administraciones tributarias débiles, explicó el subdirector.
Sin embargo, esa era llegó a su fin en 2004, para luego iniciar un camino que tiende a la "transparencia", apuntó Romano. En 2005 se procedió a la reforma de la DGI, luego se aprobó una reforma tributaria en 2006, que corrigió varios aspectos de la "opacidad" de la era anterior.
Durante esa etapa se puso fin a la actividad de las SAFI. Luego vinieron otros cambios, como la ley que permitió el levantamiento del secreto bancario bajo determinadas circunstancias en 2010. Más adelante vinieron otras normas, como la ley que permitió el registro ante el BCU de los titulares de sociedades anónimas, y los compromisos que asumió Uruguay ante la OCDE con la firma de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales, y de implementar el intercambio automático de información financiera (sin orden judicial) con fines tributarios a partir de setiembre de 2018.
Durante el cierre de la charla, Holz reconoció que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y lavado de activos que están promoviendo los países desarrollados está cumpliendo con el objetivo de "eliminar" los regímenes tributarios que hoy cuentan con una "carga baja. Ese el mundo en que estamos hoy", admitió.
Sin embargo, al inicio de su disertación, la experta mostró reparos por la persecución que se ha generado sobre las actividades de las sociedades offshore. En el caso de Uruguay, dijo que "el 99%" de las sociedades persigue fines lícitos en materia de ahorro e inversión. "La mayor parte de la gente piensa hacer las cosas bien", indicó. También marcó algunas contradicciones, como las exigencias que marcan a terceros en materia de normas los países desarrollados, como Estados Unidos, que tienen estados –como el caso de Delaware–, que se especializan en la apertura de sociedades offshore.
Asimismo, la experta cuestionó la legitimidad que tienen organismos como el GAFI o la OCDE para juzgar los régimenes tributarios de terceros países. Dijo que las decisiones muchas veces tienen un carácter "político" y no técnico, porque de lo contrario no se explica la "disparidad" de criterios que se tiene a la hora de evaluar a los países. A juicio de Holz, la necesidad de "complacer" y "estar bajo la lupa" de esos organismos fue la que llevó a Uruguay a introducir cambios como la de acciones al portador o la flexibilidad del secreto bancario. "Tenemos menos garantías y derechos individuales", advirtió.
Holz consideró que detrás de esta nueva era de transparencia tributaria, pueden darse "excesos" y vulneración en materia de derechos individuales, por eso sería recomendable tener la garantía que ofrece el Poder Judicial.
A su turno, Romano admitió que esta nueva era de la transparencia tributaria puede llevar a que en algunos casos el derecho a la intimidad se vea vulnerado, pero indicó que se hace en pos del interés general. Además, consideró que la evasión tributaria no tiene porqué considerarse un delito de menor porte que el lavado o la financiación del terrorismo. Por su parte, Álvarez Cozzi consideró que si bien es lícito que un particular utilice una sociedad offshore para actuar, el hecho de que no figure su nombre lleva a pensar que por lo general busque obtener "alguna ventaja".
Para el experto, hay que apuntar a un "equilibrio delicado" entre los derechos individuales y las potestades que se le otorgan a la administración tributaria. Agregó que el desafío es cómo legislar esas actividades sin violentar los derechos a la privacidad y que tampoco sea un "agujero negro para los vivos".
Durante la entrevista con El Observador TV, MarioBergara, presidente del Banco Central, dijo que cada vez más "está claro que hay temas de interés general que hacen que sea menos conveniente tener un esquema rígido, férreo de secreto bancario, como había en Uruguay antes. Un poco antes se ponderaban beneficios y riesgos de ir erosionando el secreto bancario. Estaba ese riesgo de que podían haber capitales que se iban", recordó. Sin embargo, indicó que en la actualidad, "la demanda por transparencia que hay en el mundo mira con sospecha los regímenes de secreto bancario y en la medida en que no es una opción unilateral de Uruguay sino coordinada, todos los países del mundo van a ir por este camino", aseguró. "Hay un tema de información y formación, y también un tema cultural, que quizás esto es lo que forma parte de la preocupación (del Colegio de Abogados). Los profesionales van a tener la obligación de reportar cuando vean una operación que pueda ser sospechosa de lavado de activos. Habrá otros derechos vinculados al secreto profesional, a la relación entre el profesional y el cliente, que habrá que ver cómo se salvaguardan en su esencia", dijo.
La instancia contó además con la participación de la experta en derecho comercial y exvicepresidenta del Banco Central, Eva Holz, y el profesor de Derecho Civil y coordinador de la Unidad Académica Jurídica (FCEA), Carlos Álvarez Cozzi.
Durante su disertación, el subdirector de la DGI reconoció que el destape de los Panama Papers generó un debe y una "fricción natural" entre el interés general y el particular. El experto recordó que los sociedades offshore se caracterizan por estar radicadas en países con baja o nula tributación, lo que las hace "atractivas" desde el punto de vista tributario. Si bien su operativa puede perseguir un fin lícito, la opacidad puede generar "perjuicios" a otros Estados, alertó.
"La política tributaria no actúa aislada, está asociada a la política de inserción regional e internacional que optó por desarrollar Uruguay", argumentó Romano. En ese contexto, el jerarca informó que hoy Uruguay cuenta con 30 acuerdos de intercambio de información tributaria y para evitar la doble imposición con otros países. "Eso habla de un cambio en el posicionamiento del país que obedece a un modelo de inserción", añadió.
Romano se mostró sorprendido por las críticas de algunos tributarias sobre el avance del poder de la DGI. En ese contexto, dijo que hasta el año 1982 el secreto bancario no era oponible a la DGI.
Precisamente, entrevistado por El Observador TV el presidente del Banco Central Mario Bergara, dijo esta semana que el secreto bancario se "está llevando a su mínima expresión, comparado con el rol que tenía en la ley financiera de 1982. Era el eje de lo que vendíamos, sobre todo a la región. Esa opacidad del secreto bancario se interpretaba como un pilar de desarrollo de la economía uruguaya. Ese enfoque probó ser erróneo", afirmó.
Al igual que Romano, dijo que hoy la estrategia de desarrollo del país obliga a adoptar las normas internacionales más rigurosas en materia de prevención de la evasión fiscal y el lavado de activos.
Fin de la opacidad
Romano se encargó de realizar una detallada presentación con un sesgo histórico –comenzó a mediados del pasado siglo– con las principales leyes y decretos vinculados al Derecho Tributario. El recorrido abarcó algunos hitos, como la norma que en 1990 permitió a las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión) quedar habilitadas a brindar operaciones comerciales y no solo financieras. Durante la era de la "opacidad", que se acentuó en los últimos 20 años del siglo pasado, a la administración tributaria se le hacía "imposible" identificar a los titulares, socios o accionistas de sociedades anónimas. La DGI no tenía la posibilidad de acceso a información bancaria. Esa situación de países opacos contaba con administraciones tributarias débiles, explicó el subdirector.
Sin embargo, esa era llegó a su fin en 2004, para luego iniciar un camino que tiende a la "transparencia", apuntó Romano. En 2005 se procedió a la reforma de la DGI, luego se aprobó una reforma tributaria en 2006, que corrigió varios aspectos de la "opacidad" de la era anterior.
Durante esa etapa se puso fin a la actividad de las SAFI. Luego vinieron otros cambios, como la ley que permitió el levantamiento del secreto bancario bajo determinadas circunstancias en 2010. Más adelante vinieron otras normas, como la ley que permitió el registro ante el BCU de los titulares de sociedades anónimas, y los compromisos que asumió Uruguay ante la OCDE con la firma de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales, y de implementar el intercambio automático de información financiera (sin orden judicial) con fines tributarios a partir de setiembre de 2018.
Críticas y equilibrios
Durante el cierre de la charla, Holz reconoció que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y lavado de activos que están promoviendo los países desarrollados está cumpliendo con el objetivo de "eliminar" los regímenes tributarios que hoy cuentan con una "carga baja. Ese el mundo en que estamos hoy", admitió.
Sin embargo, al inicio de su disertación, la experta mostró reparos por la persecución que se ha generado sobre las actividades de las sociedades offshore. En el caso de Uruguay, dijo que "el 99%" de las sociedades persigue fines lícitos en materia de ahorro e inversión. "La mayor parte de la gente piensa hacer las cosas bien", indicó. También marcó algunas contradicciones, como las exigencias que marcan a terceros en materia de normas los países desarrollados, como Estados Unidos, que tienen estados –como el caso de Delaware–, que se especializan en la apertura de sociedades offshore.
Asimismo, la experta cuestionó la legitimidad que tienen organismos como el GAFI o la OCDE para juzgar los régimenes tributarios de terceros países. Dijo que las decisiones muchas veces tienen un carácter "político" y no técnico, porque de lo contrario no se explica la "disparidad" de criterios que se tiene a la hora de evaluar a los países. A juicio de Holz, la necesidad de "complacer" y "estar bajo la lupa" de esos organismos fue la que llevó a Uruguay a introducir cambios como la de acciones al portador o la flexibilidad del secreto bancario. "Tenemos menos garantías y derechos individuales", advirtió.
Holz consideró que detrás de esta nueva era de transparencia tributaria, pueden darse "excesos" y vulneración en materia de derechos individuales, por eso sería recomendable tener la garantía que ofrece el Poder Judicial.
A su turno, Romano admitió que esta nueva era de la transparencia tributaria puede llevar a que en algunos casos el derecho a la intimidad se vea vulnerado, pero indicó que se hace en pos del interés general. Además, consideró que la evasión tributaria no tiene porqué considerarse un delito de menor porte que el lavado o la financiación del terrorismo. Por su parte, Álvarez Cozzi consideró que si bien es lícito que un particular utilice una sociedad offshore para actuar, el hecho de que no figure su nombre lleva a pensar que por lo general busque obtener "alguna ventaja".
Para el experto, hay que apuntar a un "equilibrio delicado" entre los derechos individuales y las potestades que se le otorgan a la administración tributaria. Agregó que el desafío es cómo legislar esas actividades sin violentar los derechos a la privacidad y que tampoco sea un "agujero negro para los vivos".
Profesionales tendrán que adaptarse a modelo
Durante la entrevista con El Observador TV, MarioBergara, presidente del Banco Central, dijo que cada vez más "está claro que hay temas de interés general que hacen que sea menos conveniente tener un esquema rígido, férreo de secreto bancario, como había en Uruguay antes. Un poco antes se ponderaban beneficios y riesgos de ir erosionando el secreto bancario. Estaba ese riesgo de que podían haber capitales que se iban", recordó. Sin embargo, indicó que en la actualidad, "la demanda por transparencia que hay en el mundo mira con sospecha los regímenes de secreto bancario y en la medida en que no es una opción unilateral de Uruguay sino coordinada, todos los países del mundo van a ir por este camino", aseguró. "Hay un tema de información y formación, y también un tema cultural, que quizás esto es lo que forma parte de la preocupación (del Colegio de Abogados). Los profesionales van a tener la obligación de reportar cuando vean una operación que pueda ser sospechosa de lavado de activos. Habrá otros derechos vinculados al secreto profesional, a la relación entre el profesional y el cliente, que habrá que ver cómo se salvaguardan en su esencia", dijo.
