La interna de la Fiscalía General de la Nación suele ser comidilla para operadores judiciales, políticos y periodistas. Pero esta semana explotó en los medios y la opinión pública. ¿La razón? El nuevo fiscal de delitos sexuales, Raúl Iglesias, se enfrascó en una polémica pública con el fiscal de Corte, con la intersocial feminista, con algunos periodistas. ¿El motivo? Dos decisiones que tomó a poco de llegar a ese cargo: cerrar 300 causas de abuso sexual y anunciar que pediría la excarcelación de los acusados por la violación del Cordón para que cumplieran la pena con prisión domiciliaria.
Respecto al cierre de causas Iglesas dijo que estaban empantanadas porque no se encontraban pruebas, testigos, y en algunos casos ni siquiera se habían buscado después de meses o años. En el caso de la violación sostuvo que el riesgo procesal por el cual se decidió que fueran a prisión ya había pasado. Además, se quejó de que lo pasaron a una fiscalía en la que tenía una cantidad de trabajo imposible de encarar con efectividad.
Las críticas fueron furibundas. La Intersocial Feminista denunció que el archivo de causas atentaba contra la confianza de las mujeres para denunciar abusos. El fiscal de Corte recibió a las activistas y también al abogado de la víctima, y luego ordenó un estudio interno para saber si esa cantidad de archivos de causas es algo normal, lo que fue interpretado por Iglesias (y por cualquier observador) como un cuestionamiento a su decisión. Iglesias multiplicó sus salidas públicas, en las que fue subiendo el tono contra Gómez ("Cede a la presión de la Intersocial") y hasta citó a pelear a periodistas que no nombró. La Asociación de Abogados Penalistas, integrada por algunos de los defensores de acusados en la Operación Océano, respaldó al fiscal, y hasta incluyó el polémico término de “ideología de género”, que en sí es una toma de postura, para criticar a Gómez.
Se esté de acuerdo o no con Iglesias, basta ver quiénes salieron a responderle, y cómo, para darse cuenta que tocó puntos sensibles. Y que sus críticas tienen una caja de resonancia: hay mucha gente que piensa como él. Y no son todos trolls de Twitter, violadores o abogados penalistas inescrupulosos, como a veces se quiere simplificar. De hecho, esa demonización es parte del problema.
Tampoco es un tema exclusivo de Uruguay. El cuestionamiento sobre la influencia de la agenda feminista en la Justicia es el trasfondo, por ejemplo, en causas como el supermediático juicio de Johnny Depp contra su exesposa, Amber Heard, en la que se la acusa de mentir sobre sus denuncias de violencia contra el actor. De hecho, ese caso se toma en el mundo como paradigmático en el marco del MeToo: la posibilidad de que ese movimiento, que buscaba visibilizar casos de abuso, pierda legitimidad, y con ello credibilidad.
Las críticas podrán tener más o menos fuerza, pero tienen un punto: una cosa es que el sistema de Justicia intente darle a las mujeres que denuncian un ámbito donde se sientan seguras, y otra que se embandere en ese movimiento, y termine confundiéndose con el activismo a la hora de hacer Justicia.
El activismo es la crítica que cayó, por ejemplo, sobre la fiscal Darviña Viera, que fue acusada de ocultar pruebas a los acusados en la Operación Océano, o de interrogar a la víctima sin incluirlo en la causa. En ese caso la Fiscalía no ordenó investigaciones exprés, sino que tuvo una postura mucho más contemplativa. De hecho, Viera se jubilará en algunas semanas sin que se la haya investigado por los graves irregularidades de las que se la acusa. Todo lo que hubo en ese caso fue una postura contemplativa de Gómez, que tras separarla del caso dijo que no iba a hablar de la fiscal porque atravesaba problemas de salud.
La Justicia necesita muchísimo aplomo para generar confianza en todos quienes se someten a ella. Es una quimera llegar a ese concepto, pero hacia allí debe apuntar. Y las declaraciones públicas, aunque sean maná del cielo para nosotros los periodistas, son un arma de doble filo. Para Iglesias, que empezó la semana como un rebelde con causa y la terminó al borde de descarillar, pero también en el fiscal de Corte.
Ese aplomo es necesario para no subirse al aplauso fácil de alguna de las partes, sino para que la Justicia actúe como debe: con independencia, lo que generará que los aplausos o enojos no vayan siempre en la misma dirección.
Conflictos como el de esta semana reafirman conceptos que suelen quedar en segundo plano cuando el argumento de autoridad es usado para defender a jueces o fiscales: no hay una sola Justicia, jueces y fiscales tienen posturas ideológicas, y las aplican a la hora de ejercer su función. El deber de quienes conducen el sistema de Justicia es estar atentos a eso, y, respetando la independencia técnica de los operadores, intervenir cuando se producen excesos. En definitiva, si mucha gente está convencida de que la Justicia está flechada, el que paga no es un juez o un fiscal determinado: lo que queda bajo fuego es la legitimidad de todo el sistema.
