Los mensajes de Whatsapp y los audios que presentó la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache este jueves ante la Fiscalía dieron un sacudón político que terminó con la renuncia del ahora excanciller Francisco Bustillo esa misma noche.
La primera consecuencia política —la renuncia de Bustillo— parecía obvia pero al separar lo político y lo jurídico, algunas situaciones que derivaron en una crisis del gobierno no constituyen un delito en sí mismas, otras sí y otras son "vidriosas", según los abogados penalistas consultados por El Observador.
La situación más comprometedora, coincidieron los expertos, es la de Roberto Lafluf, el asesor en comunicación del presidente, Luis Lacalle Pou, quien aseguró que había destruido un acta notarial de la Cancillería, según la versión de Ache, para intentar ocultar los chats entre Ache y el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel.
En caso de que exista una prueba de ello, Lafluf podría haber incurrido en el delito de contra la fe pública previsto en el Código Penal por haber destruido un documento público.
Grabación de llamadas
Grabar llamadas y presentarlas como prueba en un proceso judicial no es un delito. Por eso, las conversaciones que Ache tuvo con el excanciller Bustillo y que le sirvieron para mostrar cómo él le pedía que rompa su celular para no presentar los chats o para decirle que hablaría con el director de jurídica del Ministerio para que incida en las preguntas de la instructora de la investigación administrativa y hacerlas menos "incisivas".
"Hay una sentencia de la Suprema Corte que admite que se graben conversaciones cuando estas pueden servir de prueba para demostrar cierto punto", explicó uno de los penalistas. Los expertos coincidieron en que existe "jurisprudencia" respecto a ese punto y que, por lo tanto, no configura un delito.
"Vos tu llamada podés grabarla y usarla. Es tu llamada. Una cosa distinta es que yo grabe y utilice una llamada de Pedro con María, pero mi llamada puedo guardarla hasta como protección, como en este caso, que se está defendiendo. Puede sonar medio mal en lo social, pero hoy está admitido", explicó uno de los abogados.
Delito contra la fe pública
Según dijo Ache ante el fiscal, el 25 de noviembre el asesor del presidente, Roberto Lafluf, la convocó a una reunión en Torre Ejecutiva junto a Maciel y les pidió que borraran los chats en los que Maciel le pedía información sobre Sebastián Marset "un narco pesado y peligroso".
“Yo los tenía protocolizados y además los había agregado a un expediente. O sea que yo sabía que en cualquier momento podía tener una copia. Los borré, Maciel también los borró. Y a continuación (Lafluf) me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo cual yo me niego”.
Según la versión de Ache, al día siguiente habló por teléfono con Lafluf y le informó que había hablado con su abogado y que lo que él le estaba pidiendo era cometer un delito. “A raíz de eso, él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a ser una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice: ¡presenta todo como está! Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo: ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice porque no está más, porque lo destruí el otro día".
Los penalistas también explicaron que, en caso de que se compruebe que Lafluf destruyó el acta notarial de Cancillería donde Ache había agregado los chats con Maciel, el asesor podría incurrir en delito previsto en el artículo 244 del Código Penal: "el que destruyere (...) en todo o en parte un documento o certificado verdadero..." tendrá la misma pena que el artículo 238 (dos a ocho años de penitenciaría).
Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas materiales sobre que Lafluf haya efectivamente destruido el acta de Cancillería, más que la declaración de Ache ante la Fiscalía. Un abogado penalista consideró que si Ache presentara, por ejemplo, la grabación de la llamada en la que Lafluf le afirmó que destruyó el documento sería una prueba "casi que de cargo" y sería "muy difícil decir que eso es mentira".
Otro abogado consideró que Lafluf podría argumentar que le mintió a Ache en esa llamada y que había que comprobar que efectivamente destruyó el acta. "Si yo fuera Lafluf exigiría que prueben que yo dije eso", consideró.
¿Encubrimiento? ¿Omisión de denuncia?
Pero, ¿en qué lugar queda Ache al saber que Lafluf destruyó, supuestamente, un documento público y no lo denunció? Los abogados penalistas explicaron que, a priori, eso podría suponer un delito de encubrimiento o un delito contra la administración pública por no haber denunciado.
Uno de los expertos explicó que, de todas formas, esa situación de Ache es "dudosa" porque la ex subsecretaria no tenía certeza de que Lafluf había roto el documento. "Podría llegar a haber un delito de encubrimiento, pero es muy discutible", consideró uno de los penalistas consultados.
Inés Guimaraens Carolina Ache y Guillermo Maciel Esa conducta de Ache también podría caer en un delito contra la administración pública por no haber denunciado a Lafluf de un hecho del que se enteró por su función pública. Pero, los abogados coinciden en que la situación "es vidriosa" porque luego ella renunció al cargo y afirmó que no continuó porque no estaba dispuesta a cometer un delito.
"Hay que medir si ella estaba en condiciones de denunciar o estratégicamente esperó a cuando tuviera la oportunidad para declarar. Porque ella dice que renuncia para no cometer delitos, entonces, en terminología jurídica, yo no sé si le era exigible a ella igual denunciar o, por su propia protección, la estrategia era denunciarlo cuando fuera citada en toda esta cuestión", opinó otro de los penalistas.
Ocultamiento de información
Romper un celular, eliminar un chat con intercambio de información entre jerarcas del gobierno, no brindar toda la información disponible en una investigación administrativa, ¿es un delito en el que podrían haber incurrido Bustillo, Maciel, Ache o Lafluf?
La situación más explícita en este punto es la del excanciller Bustillo, debido a que fue quien quedó grabado intentando ocultar la información de los chats. Sin embargo, uno de los penalistas explicó que, a priori, de los audios no se desprende un delito porque los chats de Whatsapp no son un documento público y romper un celular privado tampoco.
Sin embargo, otro abogado consideró que sus pedidos o sugerencia a Ache podrían configurar violencia privada hacia ella porque siendo su jefe "la está obligando a eliminar cosas, como funcionaria pública. Ella tenía información sobre hechos y le están pidiendo que los oculte, eso podría configurar violencia privada", explicó el experto y agregó que "también podría irse al plano de la estafa procesal" de parte de Bustillo.
Otro de los penalistas consideró que en los audios de Bustillo "no están cantados los delitos" pero que "no quita que puedan ser indicativos de conductas delictivas que habría que investigar". Sin embargo, reafirmó que "un celular no es un documento público y destruir un chat tampoco lo es".
Los abogados penalistas consultados para esta nota remarcaron que todas las situaciones que surgieron a partir de la declaración de Ache deben ser probadas para que se conviertan en delito.
