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4 de enero 2023 - 7:41hs

Grupos de extrema derecha en el departamento boliviano de Santa Cruz iniciaron una nueva ronda de ataques incendiarios contra varios edificios públicos. Los ataques se llevaron a cabo exigiendo la liberación del líder opositor de extrema derecha y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue detenido por orden de la justicia la semana pasada en relación con la causa “Golpe de Estado I”, iniciada a raíz del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

En la noche de este domingo, integrantes de la Unión de Jóvenes Cruceños (UJC) y del Comité Cívico Pro Santa Cruz atacaron con bombas molotov y petardos las instalaciones del banco estatal Banco Unión. El incendio dañó sectores del banco, pero pudo retomar sus operaciones al día siguiente con los recaudos de seguridad pertinentes.

La noche del lunes, grupos violentos atacaron el Comando Departamental de la Policía con cócteles molotov, petardos, palos y piedras.

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El subcomandante departamental de la policía, coronel Edson Claure, informó que las fuerzas policiales respondieron al ataque utilizando gases lacrimógenos para dispersar al grupo violento y evitar la toma e incendio de la sede. Agregó que se grabaron videos para demostrar lo sucedido e identificar a algunos de los responsables del ataque.

Esta fue la segunda vez que el Comando de Policía de Santa Cruz fue atacado. El 31 de diciembre, un grupo de 500 encapuchados agredió a la policía, vandalizaron las instalaciones, golpearon a los funcionarios con palos y piedras y prendieron fuego a tres vehículos policiales.

El fiscal general de Bolivia, Wilfredo Chávez, manifestó su repudio a los actos de violencia perpetrados por grupos irregulares vinculados a la UJC y al Comité Cívico. “Repudiamos los actos de violencia, no son actos pacíficos, son actos de violencia organizados que deben ser sancionados conforme a la ley penal”, dijo en una entrevista con Bolivia TV este martes.

Desde el arresto de Camacho, las protestas violentas han sido constantes en Santa Cruz, un bastión de la oposición de derecha. En los últimos seis días, cientos de personas han resultado heridas y al menos 10 edificios públicos se han visto afectados por incendios, además de daños y saqueos de numerosas viviendas, comercios particulares y automóviles.

Al menos 22 personas han sido encarceladas por diversos hechos de violencia y han sido imputadas por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, asociación para delinquir, incitación pública a delinquir, incendio provocado y robo agravado.

Camacho fue uno de los principales conspiradores del golpe cívico-militar de 2019 contra el entonces presidente socialista Evo Morales. Fue presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz en 2019. En octubre y noviembre de 2019, durante el conflicto, organizó y promovió manifestaciones violentas y racistas contra el gobierno de Morales en todo el país. Ha sido acusado de terrorismo, sedición y conspiración. El 30 de diciembre de 2022, un tribunal boliviano condenó a Camacho a cuatro meses de prisión preventiva en el Penal de Chonchocoro mientras continúa la investigación por el caso “Golpe de Estado I”.

Los partidarios de Camacho han calificado su aprehensión como un “secuestro ilegal”, lo que ha sido rechazado por la fiscalía, que recordó que la orden de captura contra Camacho fue emitida en octubre de 2022. La fiscalía negó también las presuntas lesiones sufridas por Camacho durante su detención, y aseguró que fue detenido “respetando los derechos constitucionales y humanos” del detenido.

Pese a ello, la defensa de Camacho alega que la detención fue irregular y presentó una acción de libertad a favor del gobernador. La audiencia para atender ese recurso estaba prevista para este lunes en el Juzgado Octavo de Sentencia Penal de Santa Cruz, pero fue suspendida luego de que la jueza declinara su competencia para llevar el caso y trasladarlo a un juez de La Paz.

Por su parte, el director general del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, rechazó las afirmaciones de los abogados de Camacho, quienes dijeron que su salud corría peligro. Limpias informó que, según el último informe de los médicos, la salud de Camacho se encuentra “absolutamente estable”. También informó que Camacho ha estado recibiendo atención médica las 24 horas, fue evaluado por un consejo médico integrado por su médico de familia, médicos del Régimen Penitenciario y médicos de la Defensoría del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien visitó a Camacho en prisión este lunes, confirmó su estado de salud. Calisaya dijo a medios locales afuera del penal que Camacho le dijo que estaba “tranquilo” y que ha estado recibiendo atención médica, pero que “esperaba algunos resultados de sus abogados”.

Diversas organizaciones indígenas, campesinas y sociales, así como familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, han manifestado su satisfacción por la detención de Camacho y han rechazado la ola de violencia desatada por sus seguidores.

Durante las movilizaciones contra el golpe de Estado de noviembre de 2019, fueron asesinadas 38 personas, 800 resultaron heridas y más de 1.000 ciudadanos fueron detenidos por las fuerzas policiales.

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