La dictadura chilena llevaba 19 días en el poder luego del derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende y la muerte del presidente en la Casa de la Moneda cuando inició un raid siniestro que recorrió todo el país a la caza de opositores y tuvo un saldo de más de 70 muertos, todos ellos en ejecuciones ilegales. Se lo conoció como “La Caravana de la Muerte” y comenzó el 30 de setiembre de 1973.
El gobierno democrático de Salvador Allende, electo en 1970 por mayoría de votos, fue arrancado de cuajo en tan solo 24 horas y en su lugar se instauró una de las dictaduras militares más mortíferas de la historia, el 11 de setiembre de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet.
Para ese entonces Pinochet ya gozaba de cierto prestigio en el ámbito militar chileno, y había capitalizado, -desde la llegada al poder de Allende- el malestar que generaron en los sectores conservadores de ejército y la sociedad el avance de la izquierda y las nacionalizaciones generalizadas.
Con la instauración de la junta militar, se había fracturado el sistema simbólico-cultural que en la democracia daba sentido a la sociedad chilena, pero peor aún, comenzaba una de las operaciones más lascivas contra los derechos humanos que se haya documentado en la historia reciente del continente americano: La Caravana de la Muerte.
La Caravana de la Muerte
El golpe de Estado se dio el 11 de setiembre de 1973, y el 30 de ese mismo mes, Pinochet inició lo que la historia registra como la Caravana de la Muerte, una comitiva que recorrió Chile de norte a sur, haciendo una especie de "limpieza" que dejó una estela de asesinatos, torturas y desapariciones, muchas de ellas envueltas aún hoy en una nebulosa.
La medida no sorprendió del todo, ya que una semana después de perpetrar el golpe militar, Pinochet había declarado que "no habrá piedad con los extremistas", aunque en esos momentos fueran insospechables las dimensiones que tomaría la crueldad de la dictadura.
No fue el propio dictador quien se hizo cargo del operativo, el trabajo sucio cayó en las manos del general Sergio Arellano Stark. Su misión era la de "uniformar criterios de administración de justicia y acelerar procesos" de los prisioneros políticos.
Para eso, Pinochet lo designó Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno, dotándolo de la autoridad suficiente para actuar en su nombre.
La caravana, que comenzó a bordo de un helicóptero militar, empezó por ciudades ubicadas al sur de Santiago, entre Rancagua y Puerto Montt, y continuó el 16 de octubre por el norte del país, entre Arica y La Serena, para acabar el día 22 con un saldo de al menos 72 víctimas.
Los prisioneros, muchos de los cuales ya habían sido condenados a cárcel por los consejos de guerra, eran ejecutados a su paso por Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. La comitiva los retiraba de las prisiones locales y los trasladaba a regimientos o a los alrededores de esas ciudades para asesinarlos.
Muchas de esas ejecuciones fueron justificadas como falsos "intentos de fuga."
Los testimonios de víctimas y ejecutores pueden resultar perturbadores. Uno de ellos es el del general retirado Joaquín Lagos, jefe militar de ciudades donde actuó la misión castrense, quien revelara hace algunos años cómo eran despedazadas las víctimas del pelotón de fusileros: "las fusilaban 'por partes'. Primero las piernas, después los órganos sexuales, después el corazón. Ni siquiera había tiro de gracia".
Las cifras de la dictadura chilena son devastadoras: unas 3.200 personas muertas a manos de la dictadura, de ellas 1.192 aún están reportadas como detenidas o desaparecidas; más de 28.000 mil opositores fueron torturados; y cerca de 300.000 debieron exiliarse por motivos políticos.
