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Identificar noticias falsas, una lenta y difícil tarea que depende de la buena fe de Facebook

Para Lacalle Pou detrás del falso rumor de que supuestamente atropelló y mató a una mujer hay un político

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09 de mayo de 2019 a las 05:02

Las noticias falsas o fake news que marcaron las últimas campañas electorales de Estados Unidos, Brasil y otras partes alrededor del mundo, aterrizaron en Uruguay, y aunque delitos informáticos de Crimen Organizado investiga unas diez denuncias presentadas por políticos, las probabilidades de que se logre identificar a los autores de los mensajes apócrifos son poco alentadoras. Según contaron fuentes policiales y distintos fiscales a El Observador, las compañías Facebook (propietaria de la red del mismo nombre, Whatsapp e Instagram), así como Twitter, suelen demorar meses en responder los pedidos de información por parte de la Justicia y en ocasiones nunca lo hacen.

El caso más emblemático es el del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, quien denunció el pasado 11 de abril ante la fiscalía a dos sitios de Facebook y Twitter (Uruguay Hoy y El Sol del Sur) por publicar imágenes de un supuesto extracto del libro Luis Lacalle Pou, un rebelde camino a la Presidencia, en el que el precandidato supuestamente admitía haber atropellado y matado a una mujer en la década de 1990 cuando se encontraba bajo los efectos de drogas. Como ambos medios son seguidos cada uno por apenas 70 personas (muchos de los cuales se presume que son falsos usuarios), sus administradores pagaron para convertir aquella publicación en un contenido promocionado, ampliando así el número de usuarios que ven en sus muros la información falsa.

La fiscal que investiga el delito, Brenda Puppo, envío una solicitud a Facebook pidiendo que se identifique a los autores de los sitios, sin embargo hasta el momento no ha habido respuesta, y según dijo es esperable que pasen meses para que la compañía envíe esa información. De hecho, ni Uruguay Hoy ni El Sol del Sur fueron dados de baja por la red social y hasta el día de hoy continúan realizando publicaciones, la mayoría de ellas sobre temas internacionales.

De hecho, el sitio de El Sol del Sur publicó el 26 de abril un mensaje en el que se burló del “pacto ético” que la Asociación de Prensa Uruguaya firmarían el día siguiente con los partidos políticos, con el objetivo de comprometerse a no utilizar noticias falsas durante la campaña. “A través de redes sociales, la gente opinó entre chanzas que el fin último del pacto propuesto por la APU, busca silenciar a las redes sociales y culparlas de las campañas de desprestigio a las que suelen recurrir los políticos”, señaló la publicación, y compartió una serie de imágenes supuestamente viralizadas.

Lacalle Pou dijo este miércoles en radio Difusora Soriano que “es obvio que (quien encargó la falsificación) es alguien de la política”. “Estoy buscando quién fue el tarado, por no decir otros calificativos, que hizo esto y no lo encuentro. Está hecho desde fuera del país”, agregó.

Sin embargo, si detrás de la mentira hay alguien del mundo político o no, probablemente no se sepa antes de la elección de junio, tal vez tampoco de la de octubre.

Las denuncias sobre falsos rumores esparcidos en redes sociales se han vuelto un tema frecuente de trabajo de las distintas fiscalías del país. Más allá de que en la amplia mayoría de los casos las personas que se sienten ofendidas son anónimas, el procedimiento para dar con los responsable y los delitos que se le podría aplicar son básicamente los mismos: difamación e injurias.

El fiscal de flagrancia de 6° turno, Pablo Rivas, dijo a El Observador que ha trabajado varios casos de falsos rumores contra personas anónimas, y que hasta ahora nunca logró que Facebook respondiera la solicitud de revelar la información de un usuario. De hecho, por uno de los casos que investiga, en setiembre de 2018 se envío un exhorto a Facebook en Estados Unidos pero hasta el momento no recibió respuesta.

La fiscal de Flagrancia de 7º turno, Adriana Edelman, por su parte,  dijo que “por lo general no se obtienen respuestas” a las solicitudes. La fiscal agregó que normalmente no se recurre por estos casos a los mecanismos de cooperación internacional que Uruguay tiene con Estados Unidos, ya que ese canal se reserva para delitos más graves.

La difamación –divulgar información falsa sobre alguien que lo sometería a un proceso disciplinario o penal en su contra, o al desprecio público- se castiga con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o 80 U.R. ($ 93.200) a 800 U.R. ($ 932.000) de multa, mientras que las injurias –ofender la rectitud o el decoro de otro- tiene una carga punitiva de de tres a dieciocho meses de prisión o 60 U.R.  ($69.900) a 400 U.R. ($466.000) de multa.

“Ya desde la policía nos dicen que (Facebook) no nos va a dar la información”, reconoció Edelman. Una fuente policial reconoció que dar respuesta sobre la identidad de un usuario es muchas veces un acto de buena fe de Facebook, ya que nada los obliga a compartir esa información, y que en general o demoran mucho tiempo en hacerlo o nunca lo hacen.

Distinto es el caso para delitos más graves como los que implican pornografía infantil, así como datos que podrían colaborar a resolver un homicidio, donde la red social suele ser más abierta a compartir información, agregaron las fuentes. También es cierto que en estos casos se suele recurrir a los mecanismos de colaboración internacional que normalmente no son tenidos en cuenta para casos de difamación o injurias.

En el mismo sentido, el fiscal de flagrancia de 8º turno, Leonardo Morales, dijo que a sabiendas de que Facebook no suele responder, tratan de recurrir a otros métodos para dar con los responsables de las publicaciones apócrifas. Esto, siempre y cuando quienes publiquen la información falsa lo hagan desde sus cuentas habituales de redes sociales y no se oculten detrás de un alias. 

En marzo de 2016 Lacalle Pou ya había denunciado a una persona por haber difundido la versión falsa de que había atropellado y matado a una mujer en los 90. Sin embargo, en ese caso el usuario lo hizo desde su sitio de Facebook, sin ocultar su nombre y apellido, por lo que fue rápidamente identificado.  En junio aquel hombre fue obligado a retractarse públicamente y admitir que lo que había dicho era falso. 

Dos métodos
Para pedir información a Facebook, la policía recurre a dos métodos: solicita directamente los datos a la compañía mediante un escrito firmado por un juez, o lo hace a través de un exhorto enviado a la Justicia estadounidense. Normalmente se utiliza el primer método por ser el más rápido y efectivo, pero lo cierto es que no es ni rápido, ni tampoco hay garantías de obtener respuesta. 
Las denuncias

Este miércoles el dirigente colorado Jorge Azar Gómez, el líder de la lista 123 que apoya la precandidatura de Julio María Sanguinetti, compartió en su cuenta de Twitter una foto que señalaba que “en Dinamarca toda persona que recibe algún tipo de ayuda social está inhabilitada para votar” de modo de que se evite “que la ciudadanía vote por su conveniencia individual”, y agregó que su sector estaría dispuesto a apoyar una medida similar en Uruguay. La información es falsa, y fue desmentida por la embajada de Dinamarca en Argentina que señaló que en el país “no se pierde el derecho de voto al recibir ayuda social”.

Si bien este es un caso de fake news, aquí no sería posible responsabilizar penalmente a nadie por los delitos de injurias o difamación, puesto que no hay personas ofendidas. 

Un caso que sí podría ser pasible de sanción penal es el que afectó al precandidato colorado, Ernesto Talvi. El economista denunció a dos usuarios de Whatsapp que se hacían pasar por él y difundían mensajes apócrifos. En uno de ellos se reenvío la noticia falsa sobre el libro de Lacalle Pou; en el otro, en tanto, se decía que el precandidato colorado  pagaba entre $450 y $500 por participar de actos políticos. 

Asimismo, en marzo, el precandidato comunista Óscar Andrade presentó una denuncia contra quienes difundieron una imagen de su hija portando un arma de juguete, cuando tenía 15 años, y la tacharon de “asesina”. Según declaró Andrade en Montevideo Portal, por este caso fueron investigados militares retirados quienes presuntamente iniciaron el rumor, aunque la Justicia todavía no se expidió sobre el asunto. 

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