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Prisión para tres personas involucradas en maniobra de falsificación de documentos que derivó en la fuga de un narco
La Justicia imputó a tres personas, entre ellas una abogada penalista, por la maniobra de falsificación de documentos que presentaban presos para acceder a la prisión domiciliaria, como fue el caso del narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien se fugó a fines de agosto tras romper la tobillera electrónica que lo monitoreaba.
El vocero de la Fiscalía, Javier Benech, informó a la salida de la audiencia (que fue declarada reservada) que las personas imputadas deberán pasar 120 días en prisión preventiva, mientras continúa la investigación.
Fueron imputados por delitos como falsificación de documentos privados y estafa procesal, mientras que a otra persona también se le agregó el delito de usurpación de título.
Benech confirmó también que en la maniobra de falsificación había dinero de por medio. "Se manejó el pago de cifras de decenas de miles de dólares" por falsificar los documentos, dijo en rueda de prensa.
Pablo Casas, abogado de los imputados, agregó que entre los documentos falsificados hay certificaciones médicas pero también informes del Instituto Técnico Forense. Todos están bajo análisis de Fiscalía para determinar el alcance de la maniobra, la magnitud y el grado de responsabilidad de los involucrados.
Casas agregó que sus defendidos no declararon ante la jueza, pero sí lo hicieron en Fiscalía. Y evitó dar detalles sobre el tema, debido a la reserva del caso.
González Bica presentó documentos falsos, entre ellos de la oficina del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, en los que argumentaba que sufría problemas renales y debía hacerse diálisis de forma diaria, algo que no podía hacer en el Penal de Libertad, donde estaba recluido.
Por eso en mayo presentó diversos escritos pidiendo a la jueza María Helena Mainard que le otorgara la prisión domiciliaria para llevar adelante los tratamientos médicos. Mainard le otorgó en agosto la prisión domiciliaria, pero el narcotraficante que estaba condenado desde 2022 por una operación en la que se incautaron más de 420 kilos de droga, rompió la tobillera tres meses después y se fugó. Su paradero es ahora desconocido.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles, presentó una denuncia en la Fiscalía en las últimas horas al constatar que en el expediente del caso González Bica había documentos que supuestamente pertenecían a la oficina, pero que eran "absolutamente falsos".
