La fractura del actual sistema de controles y equilibrio entre los tres poderes del Estado es el aspecto más reprobable del proyecto frenteamplista de reforma constitucional. El cambio en la división de poderes está previsto en dos de las propuestas acordadas por la comisión a cargo del tema, que serán presentadas en diciembre al Plenario de la alianza de izquierda. Una plantea el peligro de la vigencia de leyes inconvenientes al recortar el poder de veto del Ejecutivo. La otra busca quitarle a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la facultad para decidir si una ley es constitucional o no. Ambas iniciativas están claramente dirigidas a fortalecer al Parlamento a expensas de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial.
El resultado sería eliminar los controles actuales para que una ley se ajuste al texto constitucional o sea frenada por el veto presidencial si es contraria al interés general. La pertinencia de esos controles se evidencia en los casos de frecuentes leyes defectuosas durante la administración Mujica. La comisión busca saltearlos al tratar de limitar la autoridad presidencial de veto y mediante la creación de un Tribunal Constitucional a cargo de fallar sobre leyes cuestionadas, retirándole esa función a la SCJ. Aunque un tribunal de este tipo existe en otros países, carece de sentido en Uruguay donde, además de la SCJ, funciona el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y en el caso de que se creara el tribunal propuesto, tendría que ser un cuerpo de imparcialidad garantizada, lo cual no es el caso dado los antecedentes. La idea frenteamplista no fue producto de un preciso estudio serio de la estructura jurídica, sino generada por el descontento del Frente Amplio con fallos de la SCJ durante el gobierno anterior.
La comisión propone otros muchos caminos errados. Introduce en la carta magna un tema que no es constitucional sino legislativo como es el de la inserción regional. Y ello no solo cuando la lógica económica más elemental marca la necesidad de abrirse al resto del mundo sino porque es una política que no puede quedar rígida en un texto del mayor rango legal. Amenaza a la propiedad privada con el contradictorio eufemismo burlón de modernizarla mediante el fomento de la propiedad comunitaria. Y está todavía pendiente para una inclusión próxima en los planes reformistas la modificación del sistema electoral, con el obvio propósito de mejorarle al Frente Amplio sus perspectivas de permanencia futura en el poder.
Lo único rescatable en las propuestas es fortalecer al Tribunal de Cuentas y a la Junta anticorrupción, organismos que pueden señalar claudicaciones de organismos o funcionarios públicos pero sin autoridad punitiva. Pero pese a debilidades en nuestra ley fundamental, las ideas frenteamplistas para modificarla van por mal camino. Por un lado, la mayoría de sus propuestas oscilan entre inconvenientes y fatídicas. Esto anticipa su probable rechazo por la ciudadanía si llegaran a votarse, lo cual es más que incierto dado que el Frente Amplio carece de las mayorías parlamentarias requeridas. Por otro, el país enfrenta urgencias mucho más apremiantes que embarcarse en el largo y complejo proceso que exige una reforma de la Constitución de estas características. Como es notoriamente un mal proyecto en un mal momento, corresponde a la dirigencia más seria del Frente Amplio frenarlo sin más pérdida de tiempo.
