Incrementos de la Rendición de Cuentas no compensan los recortes previos, según el Instituto Cuesta Duarte

En un informe denominado “Del dicho al hecho hay un trecho: primeras reflexiones en relación al proyecto de Rendición de Cuentas”, el Cuesta Duarte sostuvo que se agrega al presupuesto asignado para 2023 una cifra menor (US$ 276 millones) a los recortes que se efectuaron en los últimos dos años.

Según el informe, entre 2019 y 2021 se verificó una caída en términos reales de 4,2% en los montos presupuestales ejecutados entre la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados). Esa caída es de unos US$ 333 millones de dólares, a precios de 2021.

Esta caída se compuso de una disminución de unos US$ 82 millones en lo ejecutado por la Administración Central (los ministerios), lo que representa un recorte en términos reales de aproximadamente 2,4%; y de unos US$ 251 millones en el caso de los organismos del artículo 220 de la Constitución (5,5% menos en términos reales).

Según el documento del Cuesta Duarte, de esos de US$ 333 millones menos que se ejecutaron, US$ 171 millones provienen de recortes a rubros de Gasto Público Social (GPS) - como son enseñanza, salud y vivienda – y que implicaron una caída de 4,3% en términos reales de lo que fue asignado al GPS.

En este marco, el presupuesto ejecutado para la enseñanza en 2021 fue aproximadamente 4,8% inferior en términos reales al de 2019. En salud, el recorte en igual período fue de 2,3% y en vivienda del orden del 5,3%.

De acuerdo a las cifras oficiales, el gasto presupuestal en términos del producto pasó de representar el 27,2% del PIB en 2019 a ser equivalente al 26,5% del producto en 2021, expresado en términos corrientes.

Instituto Cuesta Duarte

El economista Hugo Bai, integrante del instituto, expresó en diálogo con Radio Oriental que esta Rendición de Cuentas refleja una política económica con la cual “discrepan” ya que “consiste en una reducción del tamaño del Estado de bienestar”.

Según Bai, estos recortes “se han apoyado fuertemente” en el ahorro que el sector público ha generado “a partir de disminuir los salarios del sector público y las jubilaciones y pensiones que cobran unos 700 mil pasivos que reciben transferencias del BPS”.

“Allí es donde se explica el grueso de la mejora fiscal de la que el gobierno habla. Nosotros creemos que esto ha ido en desmedro de las condiciones de vida de la población y que por lo tanto es necesario revertirlo cuanto antes. Da toda la impresión de que esto no va a ser factible en los próximos años”, explicó.