El dato de inflación anualizado a setiembre fue nuevamente alentador. Se situó en 3,87% para los últimos doce meses, por debajo del 4,11% del año finalizado en agosto. Son las menores cifras desde 2005. Y son cifras bienvenidas. Todos conocemos los efectos nocivos de la inflación, especialmente en los sectores de menores ingresos y su carácter de impuesto regresivo, establecido además sin ley que lo autorice. Y todos conocemos, aunque seguramente nos hemos olvidado por falta de costumbre a lo largo de muchos años de inflación alta, de los efectos beneficiosos de una inflación baja y de una moneda sana.
Ahora el gobierno puede festejar que la inflación se sitúa en forma confortable dentro del rango meta del 3-6% anual y quizá lo único que lamente es que haya descendido demasiado rápido en los últimos meses, dejando descolocada la negociación salarial en curso convocada con pautas que tenían otras cifras de inflación en vista.
De cualquier manera, la baja de inflación debe ser siempre celebrada aunque es preciso mirar si ello es sostenible en el futuro y no una golondrina que no hace verano. En ese contexto debe preocupar el aumento del déficit fiscal que se sitúa en el 4% del PIB, y que ha venido creciendo en forma sostenida en los últimos 12 meses a causa de la caída de la recaudación (hay mucho consumo que se va a Argentina y que previsiblemente se va a seguir ir yendo por un buen tiempo gane quien gane las próximas elecciones) y un aumento del gasto que es recuperación salarial e inversión pública. Lo cierto es que la cifra de 4% no deja conforma a nadie aunque las autoridades económicas no parecen preocupadas. Máxime cuando este 4% es mayor que el 4% que tenía la anterior administración porque el PIB fue revisado al alza en 2020 por un nuevo cálculo de las Cuentas Nacionales.
Quizá en materia de inflación sea bueno mirar al Perú. Estos días el presidente del Banco Central peruano, Julio Velarde Flores, pasó por Argentina y explicó cómo Perú ha tenido en los últimos 20 menos de 3% anual promedio de inflación. Y, más allá de las restricciones que la ley impone al Banco Central para evitar que financie al gobierno o coloque bonos a los bancos privados o establezca más de un tipo de cambio, es de destacar que Velarde Flores está en la presidencia del banco desde 2005. Diecisiete años, nada menos. Y que en ese período han pasado ocho presidentes de la república, que han durado menos de dos años y medio en su cargo. En medio de la turbulencia política que vivió y aún vive Perú, el Banco Central se ha mantenido firme en su misión. Claro que fue ayudado por una conducta fiscal acorde, solo descuidada durante la pandemia pero corregida inmediatamente.
Debe mantenerse el logro alcanzado en materia inflacionaria pero es preciso seguir adelante con los demás deberes para poner al país en la ruta de un crecimiento sostenible. No suele haber mayores discrepancias entre los principales economistas en cuanto a las tareas pendientes. Las resumía recientemente Gabriel Oddone, un economista vinculado con la izquierda, en una entrevista con Javier de Haedo en el podcast Nominal: la inserción internacional, la innovación, la reforma laboral con cambios en la negociación colectiva, la reforma de los sectores no transables como combustibles y salud, entre otros. Y, por último, educación, ya que los resultados no son para nada aceptables
Oddone decía acertadamente que suele haber un consenso bastante amplio en los partidos políticos en lo que hay que hacer y quizá haya diferencia en cómo hacerlo. Eso sí, el plebiscito de reforma constitucional sobre seguridad social, que Oddone considera que es “inadecuada, inconveniente e imprudente”, parte aguas en ese consenso porque destroza ante todo el derecho de propiedad de cientos de miles de uruguayos sobre los fondos depositados en las AFAPs, y la tan elogiada seguridad jurídica de nuestro país. Además de los problemas financieros que va a generar si por una de esas casualidades llegara a aprobarse.
Pero plebiscito aparte y confiando que no caiga esa plaga de Egipto sobre nosotros, las tareas pendientes son claras aunque arduas. Y por ello están en la agenda de los diversos gobiernos casi sin solución de continuidad. Por eso Mujica hablaba de “educación, educación, educación” ya en 2010. Y Vázquez quería cambiar el ADN de la educación en 2015. Y Lacalle inició una reforma educativa en 2020. Y aún sigue faltando mucho para que podamos mejorar los resultados educativos, potenciar nuestro capital humano, terminar con la marginalidad y ofrecer un futuro a nuestros jóvenes en la sociedad del conocimiento.
Por ello, bienvenida la caída de la inflación. Condición necesaria pero no suficiente para sacar a nuestro país de ese crecimiento mediocre que hemos tenido en los últimos 50 años y del que nos cuesta salir porque nos cuesta hacer las reformas que todos conocemos pero no podemos o no queremos implementar.
