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Institución de Derechos Humanos pide cambios al sistema penal juvenil y cuestiona la LUC
La Institución de Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) aseguró este jueves que Uruguay viene "atravesando un severo proceso de regresividad en materia penal y especialmente en materia penal juvenil" a lo que se le suma las reformas impulsadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC) que han "profundizado tal retroceso".
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución presentó este jueves el informe “Adolescentes en privación de libertad. Situaciones de violencia institucional desde una perspectiva preventiva de la tortura y otros malos tratos” en el que se reportan situaciones de violencia institucional hacia adolescentes, desde la detención y durante el cumplimiento de las medidas cautelares y privativas de libertad. El informe cuestiona distintas leyes que se han aprobado en los últimos años.
El propósito del informe, según explicó la INDDHH, es generar cambios en las prácticas institucionales de detención y privación de libertad.
El organismo cuestiona diversas leyes aprobadas por los gobiernos del Frente Amplio (18.777, 18.778, 19.055,25 19.551) y asegura que la Ley de Urgente Consideración modifica "una vez más" aspectos vinculados al sistema penal juvenil.
Respecto a la ley 19.551 del 25 de octubre de 2017 expresa que esta disminuye las instancias de control médico, de tener que realizarse controles "entre los traslados interinstitucionales y la sede judicial". Se pasó a "un examen médico sobre el adolescente detenido a efectos de constatar su estado de salud físico". También, aumenta la duración de las medidas cautelares de 90 a 150 días. "Es decir, la prisión preventiva de carácter preceptivo no solo mantiene su vigencia sino que aumenta su extensión temporal", se mencionó en el documento.
Además el informe sostiene que en términos normativos, se ha visto "reforzado" este tema con la LUC, "que modifica una vez más algunas disposiciones relativas al proceso penal juvenil reguladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)".
Particularmente sobre la LUC dice que "ha sido cuestionada desde una perspectiva de derechos humanos en relación con el ámbito penal juvenil, dado que incrementa la carga punitiva al establecer (para determinadas infracciones) una pena mínima de veinticuatro meses y una máxima de diez años. Asimismo, restringe la aplicación del régimen de semilibertad y deroga mecanismos de desjudicialización del proceso penal".
La LUC, agrega el informe, introdujo cambios que "afectan directamente al sistema penal y al proceso penal juvenil" y en particular "se destaca el aumento sustantivo de penas privativas de libertad, estableciendo una pena mínima de veinticuatro meses y una pena máxima de diez años, lo cual contraviene los principios de excepcionalidad, temporalidad y no regresividad".
Es por esto que recomienda a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores "revisar y armonizar las reformas de carácter regresivo realizadas hasta el momento, con especial énfasis la LUC".
Además, pide al Ministerio del Interior tomar una política activa de "prevención de la violencia institucional en sus ámbitos respectivos, que incluya la comunicación de mensajes claros sobre la normativa vigente en materia de detención, garantías, derechos humanos, niñez y adolescencia; la responsabilidad por actos de abuso y maltrato por parte de funcionarios/as públicos, y la determinación de investigar y sancionar los mismos".
Adolescentes privados de libertad en 2020
El año pasado el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) atendió a 948 adolescentes. De ellos, 488 estaban cumpliendo medidas de privación de libertad (474 varones y 14 mujeres) y 14 en régimen de semilibertad. Por su parte, 35 jóvenes que ingresaron a INISA en 2020 fue con medidas privativas de la libertad y semilibertad con sentencia judicial en la modalidad de proceso abreviado. Esta modalidad fue introducida por la LUC "relativo a la procedencia del proceso abreviado para adolescentes".
Durante el 2020, agrega el documento, no se registraron fallecimientos en centros de INISA, sin embargo, se presentaron 89 intentos de suicidio y todos en adolescentes varones. Esta cifra es inferior a la registrada en 2019 con un récord histórico de 196 intentos de suicidio.
Dentro de las conclusiones del informe se establece que el incremento al doble de tiempo de las penas de privación de libertad y el debilitamiento de las garantías al momento de la detención y en los procedimientos policiales, "resulta inadmisible desde una perspectiva de derechos humanos, principalmente porque constituye una vulneración de principios como el de no regresividad o el de temporalidad, y generará importantes daños a los derechos de las personas involucradas".
