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El rector de la Universidad había cuestionado la fórmula original.

Nacional > Fondo de Solidaridad

Instituto vinculado al agro será el que pierda dinero para compensar a la Udelar

Sin votos, los blancos presentarán en Diputados la derogación de la ley de Medios; se sigue negociando una alternativa

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17 de agosto de 2022 a las 05:01

La coalición de gobierno logró este martes en la Cámara de Diputados un trabajoso acuerdo por el que se compensará a la Universidad de la República por la pérdida de recaudación que le significará la derogación del impuesto adicional al Fondo de Solidaridad. Por lo menos, durante el primer año. Será a través de un artículo que será incorporado a la Rendición de Cuentas y que plantea una nueva vía de financiamiento prevista originalmente.

Será el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) el que deba resignar dinero con ese objetivo. Se trata de la reasignación parcial de un tributo adicional al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) que ese organismo percibe sobre una extensa nómina de bienes: leche,  productos forestales, ganado porcino, entre otros. 

Según el acuerdo al que llegó la coalición, y al que accedió El Observador, el 20% de lo recaudado por ese impuesto deberá ser destinado a obras de infraestructura edilicia y no edilicia de la Universidad. Esa casa de estudios, a su vez, deberá destinar el 35% de ese monto a proyectos institucionales en el interior de país. Otro 25% será para mejoras en bibliotecas, formación docente y publicaciones, y el 40% restante será para infraestructura dedicada a la enseñanza. 

El tope previsto para la reasignación serán $ 143 millones, el dinero que perderá la Universidad en 2023 cuando, según la misma Rendición de Cuentas, comience a aplicarse el cronograma de derogación del impuesto adicional al Fondo de Solidaridad. 

Según dijo el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas), esta nueva definición le permitirá una mayor certeza a la Udelar en cuanto a una fuente permanente de obtención de esos recursos, que además podrá acumular. La fórmula original preveía que ese dinero saldría del 30% de las utilidades anuales del Banco República que el Poder Ejecutivo destina a otros fines. Sin embargo, esa propuesta fue duramente críticada por el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, al entender que le otorgaba discrecionalidad al gobierno para otorgarle o no los fondos, además de depender de la existencia de utilidades en el propio banco. 

El Senado será el que deba definir en las próximas semanas de dónde saldrán los fondos para compensar a la Universidad por los otros $ 450 millones que perderá hasta 2026, cuando el cronograma de derogación llegue a su fin y el impuesto adicional al Fondo de Solidaridad sea totalmente eliminado. 

La definición fue saludada desde la bancada de diputados del Partido Nacional. Allí se aseguró a El Observador que la resignación no compromete "en nada" a las finanzas del INIA, que cuenta con finanzas acumuladas suficientes. "Si hay algo que sobra en el INIA es plata", señaló un legislador nacionalista. 

Quién está con quién

El Partido Nacional aplicará este miércoles los lineamientos del presidente Luis Lacalle Pou y, pese a saber que no tiene votos, someterá a discusión de la Cámara de Diputados los artículos de la Rendición de Cuentas que proponen la derogación de la vigente ley de Medios. La intención es clara: poner de manifiesto en qué lado está cada formación política. 

La postura del gobierno fue reafirmada este martes por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. "Es una ley que todos los partidos que estamos hoy en el gobierno nos comprometimos a derogar", recordó en rueda de prensa. Delgado sostuvo que se trata de una mala ley, "que le hace daño a la democracia y a la prensa". El gobierno, dejó en claro, insistirá. "Si no sale ahora, saldrá en el Senado", prometió. 

Solo los blancos y el Partido Independiente apoyan una derogación total de la ley.  De todas formas, todos los partidos de la coalición en Diputados siguen negociando un "plan B". Tal como lo adelantó El Observador, esa fórmula pasa por limitarse a modificar el artículo 56 de esa norma. Así, los cableoperadores del interior quedarían habilitados a prestar servicios de internet y datos. Se trata de un viejo planteo de Cabildo Abierto, que se opone a una derogación total y que, en este punto, es acompañado por Ciudadanos. 

Con todo, el plan podría ser ambicioso. Sobre la mesa está además la posibilidad de extender el plan y recoger el planteo del diputado Rodríguez, que propuso derogar los seis artículos de la ley observados por inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

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