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El "cuento del tío", una de las maniobras más denunciadas.

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Interior pide contar con medidas para contener las estafas, que se triplicaron en cinco años

En los últimos doce meses hubo más de 16 mil denuncias. Ministerio pide ley para poder inmovilizar el uso de dinero producto de estas maniobras

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23 de septiembre de 2022 a las 05:04

El Ministerio del Interior presentó este miércoles en el Senado un aditivo para ser incluido en la Rendición de Cuentas que pretende resultar efectivo en la prevención del delito de estafa, que tuvo un incremento exponencial en los últimos años. Los números que fueron aportados por la cartera son elocuentes. Desde 2017 a la actualidad, se trata de una actividad delictiva que "ha crecido sin parar, independientemente de la pandemia" y que casi triplicó sus registros en el último lustro. 

Así, de setiembre de 2017 a agosto de 2018 denunciaron 5.857 estafas. De setiembre de 2018 a agosto de 2019 fueron 7.402. Mientras que a 2020 fueron 10.106 denuncias, que continuaron hasta hoy su escala ascendente. De setiembre de 2020 a agosto de 2021, fueron 13.180. En los últimos doce meses, de setiembre del año pasado a agosto de este año, la Policía recibió 16.910 denuncias. En todo el período, significa un incremento de 288%. 

Así lo informó en el Parlamento Ana Flieller, asesora legal de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. El informe detalla las modalidades mayormente encontradas. La más utilizada fue el "phishing", que consiste en la utilización de páginas web falsas de diferentes empresas que simulan ser la original para obtener así datos de tarjetas de crédito y poder clonarlas o extraer dinero. 

En el listado se destacó además la venta de productos y el ofrecimiento de préstamos a través de las redes sociales, la utilización de cuentas de familiares y la simulación de perjuicios con equipaje de viajes o la simulación de secuestros y las llamadas nocturnas por pago de rescate. También las llamadas y el "acompañamiento" de personas mayores a entidades bancarias alegando cambios de billetes o desvalorización del dinero - el "cuento del tío" -, o la utilización de cuentas hackeadas de conocidos que ofrecen dólares o bitcoins a la venta. Otras de las maniobras detectadas llega incluso a la venta fraudulenta de contenedores para viviendas. 

En lo que refiere a los montos de las estafas, Flieller señaló que son muy diversos. En el último año móvil - desde el 1 de setiembre de 2021 - La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) analizó en profundidad 2.191 denuncias por estafa o eventos relacionados. En forma global significaron un perjuicio de casi $ 140 millones, lo que se traduce en un promedio de $ 64 mil, cerca de US$ 1.500 por denuncia. 

La asesora señaló que la inmediatez que plantean hoy las distintas herramientas informáticas, en las que el envío o la recepción de dinero, ya sea por transferencia, giros o depósitos, se producen en forma instantánea, dificulta que la víctima puede recuperar el dinero que le fue estafado.  Otro problema, explicó, pasa por el propio Código Penal, que no castiga la tentativa de estafa. Subrayó además que las penas previstas por delito consumado "tampoco resultan desestimulantes": van de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. 

Como un posible mecanismo de prevención, el Ministerio del Interior decidió en la Rendición de Cuentas plantear, por analogía, una medida similar a la prevista en la ley contra el Lavado de Activos vigente desde 2017: la inmovilización de fondos.

La propuesta que se pide incluir en el mensaje presupuestal plantea un mecanismo para que, una vez que la Policía reciba una denuncia por estafa - también aplicable para los casos de extorsión o receptación - con prueba acreditante de la transferencia del dinero correspondiente, se realice una comunicación en forma inmediata a la institución de intermediación financiera actuante, para que le retenga al acusado el monto específico de la presunta maniobra. Sería por 72 horas para los casos de cuentas radicadas en Uruguay y por 96 horas para que sean del extranjero. 

En ese mismo momento el hecho le será comunicado al fiscal, que podrá determinar en ese plazo si la medida debe continuar. Vencido ese lapso sin resolución judicial, la medida cesará. "Entendemos que de esta forma se va a desestimular la comisión del delito y, lo que es más importante, podremos reintegrar al damnificado el dinero objeto de la maniobra, que ha sido inmovilizado", destacó la asesora.

Una solución con mucho pienso

Flieller señaló que para esta iniciativa fueron valorados "con mucho pienso" los riesgos que puede generar una medida como la inmovilización de dinero, ya que de ser aplicada en forma total puede representar un daño importante para quien se le vencen compromisos que generan moras y recargos, o para quien planea realizar una inversión.  De allí que se haya determinado que la inmovilización sea solamente hasta el monto objeto de la presunta maniobra ilícita. 

Junto con otras  unidades especializadas del Ministerio del Interior, Crimen Organizado e Intrerpol aparece nucleada en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN).Tanco la coordinación de esa repartición como los departamentos de investigación en Delitos Económicos y de Delitos Informáticos, subrayó Flieller, vienen trabajando hace tiempo en el análisis, la prevención y la represión de los delitos de estafa. 

Según explicó a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública todas las unidades policiales del país que reciben denuncias vinculadas a este tipo de actividades cuentan con una función que les permite "cliquear" en el sistema una pestaña específica y así originar una alerta para que se pueda trabajar en el caso. Esto permitió, dijo la jerarca, que la coordinación operativa, a través de sus análisis criminales, aporten insumos importantes a los fiscales, al posibilitar unificar las investigaciones en todo el país. Así, destacó, se logran agrupar en una o en varias fiscalías un número importante denuncias. También unificar equipos de trabajo e investigación, optimizando recursos humanos y reuniendo evidencia para lograr la formalización de los responsables. 

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