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Interpelación a Heber: entre la "falta de control" en cárceles y la policía "luqueada"
"Voy a tener un debate en la Cámara de Diputados en el que se busca hacerme responsable por una fuga". Esa fue la reflexión que el ministro del Interior, Luis Alberto a Heber, deslizó este jueves en el Parlamento al referirse a la instancia que deberá afrontar el próximo martes. Será interpelado por el Frente Amplio, en un llamado a sala cuyo detonante fue el controvertido escape de Hugo Pereira del complejo carcelario de Santiago Vázquez, que originó explicaciones contradictorias desde la cartera y cuyos detalles aún están por resolverse.
La interpelación fue aprobada el 1 de este mes. Pero en estas semanas hubo una larga cadena de hechos que serán agregados a lo que Heber deberá responder, vinculados al sistema carcelario y a la política general de seguridad.
La más escandalosa de las situaciones que se han vivido recientemente en las cárceles es la del preso alojado en el Módulo 11 de Santiago Vázquez fue víctima de extorsión y torturas por parte de otros reclusos durante 40 días, que casi le cuestan la vida.
El Frente Amplio, según pudo saber El Observador, apelará a ese caso para demostrar la "falta de control" de las autoridades sobre el sistema carcelario que a llevado según esta visión en cifras "récord" de hechos violentos en las prisiones: en lo que va del año hubo 51 muertes, cuatro más que en todo 2020. Del total, 14 fueron homicidios, ocho suicidios, ocho muertes dudosas y el resto atribuido a causas naturales.
También plantearán que existe una "contradicción" entre las necesidades del sistema y algunos aspectos planteados en la Rendición de Cuentas. Por ejemplo en el artículo 58, que suprime 150 cargos de operador penitenciario en favor de nuevos cargos de policías ejecutivos. Con los números actuales, hay 1.200 operadores para atender a 13.600 reclusos que hay hoy en el sistema.
Heber y la bancada oficialista también responderán con números. En lo que va del año hubo 19 fugados de las prisiones uruguayas, de las que solo dos quedan sin ser recapturados. En comparación, el año pasado hubo 45 fugas, en 2019 fueron 43 y en 2018 40 escapes.
El ministro adelantó allí parte de su argumentación. El verdadero "descontrol", dijo, se había descubierto precisamente en el Módulo 11 del ex Comcar. "Tuvimos que poner rejas especiales porque era un campo de nadie", sostuvo. Ese sector, afirmó, tuvo que ser cercado por la Guardia Republicana al haber sido "destrozado" por los reclusos.
Como gran "logro", se destacará la llegada de agua al Módulo 11. "Yo vi como tenían que llenar envases vacíos con una manguera para llevar agua a los presos trepándose por las rejas", sostuvo el jerarca. "Eso lo vi yo, no me vengan a decir otra cosa". De ese módulo, dijo Heber, esta administración sacó recientemente 30 camiones de basura, acumulada durante cuatro años.
Heber admitirá una situación "explosiva" en cuatro módulos de esa cárcel y llamará al Frente Amplio a discutir en serio. "No da para cobrar cuentas", dijo. Heber adelantó un pedido concreto a los legisladores de la oposición: "Precisamos colaboración para tener la posibilidad de rescatar a la gente que tenemos allí, totalmente hacinada. Si queremos hacer de esto un pleito político, vamos por mal camino".
En ese sentido en el Ministerio del Interior se valoró el posicionamiento del Partido Socialista que, más allá de sus críticas al gobierno por los últimos sucesos en el sistema carcelario, reconoció que su estado se arrastra desde hace décadas al recordar la "autocrítica" que en su momento reclamó a las gestiones de la izquierda.
"Se aceptan críticas constructivas y que busquen ayudar a encontrar caminos, porque nadie puede pretender que en un año y medio nosotros podamos resolver los problemas que, por décadas, vienen dándose en el sistema carcelario", apuntó el ministro.
El Frente Amplio le exigirá a Heber explicaciones por la fuga de Stefanía Quirque, la mujer que estaba sometida a prisión domiciliaria a la espera de un pedido de extradición de Brasil bajo cargos de narcotráfico. La jueza Beatriz Larrieu había dispuesto en agosto que Quirque debía ser controlada mediante tobillera electrónica, y en caso de no ser posible, a través de un control diario por parte de la Policía.
Los números que dará Heber ante el Parlamento habla de que el ministerio dispone de 500 tobilleras, pero solo 50 son de la clase E4, que se ubican en el tobillo y que van en juego con otro aparato a instalar en la casa del detenido. De esa cantidad, 44 están en uso y el resto rotas. "No teníamos disponibilidad, y así lo comunicamos", será la explicación oficial. Por eso se tuvo que recurrir al mecanismo de visitas, que facilitó la fuga de Quirque.
Las otras 450 tobilleras son arrendadas y son para salidas transitorias, por lo que son inservibles para controlar un arresto domiciliario.
Policía "luqueada"
En el llamado sala, el oficialismo pondrá sus números arriba de la mesa y hará su comparación con respecto a la administración anterior, para sí destacar el "éxito" que se está teniendo en el combate al delito. En el primer semestre de 2021 los homicidios bajaron 26,4%, las rapiñas bajaron 17%, los hurtos 10,2%, y la violencia doméstica 12,5%.
El gobierno asocia esas cifras a una mayor credibilidad de la población en la policía. "Se cree en la policía, y eso llevó a que se empezaran a denunciar muchos más delitos que antes", señaló Heber en el Parlamento.
Legisladores del Frente Amplio confiaron a El Observador que esta afirmación será fuertemente rebatida. En forma particular, en lo referido a los casos de violencia de género. Los registros en poder de la oposición indica que en los que va del año hubo 19 femicidios, cuando en todo el año pasado hubo 14 muertes por esta causa. Allí estará también la polémica por el nuevo protocolo de denuncias para estos casos, que tuvo varias idas y vueltas por parte del ministerio.
Pero Heber les responderá con sus propias cifras, calculadas eso sí por períodos iguales: 16 mujeres asesinadas entre enero y setiembre de este año, 16 en el mismo lapso de 2020 y 14 en igual período de 2019. La conclusión oficial, por tanto, es que no hubo incremento.
En la oposición se insistirá con un concepto clave: la pandemia fue el motivo principal en la baja de los delitos, fundamentalmente por la reducción general de la movilidad. Un fenómeno común a otros países.
En la bancada de la coalición de gobierno, en tanto, comenzó a popularizarse la apelación a la policía "luqueada", en referencia que el mayor respaldo jurídico otorgado a través de la ley de Urgente de Consideración (LUC) fue una de las principales causas en la mejora de su actuación y de los resultados. En ese marco, se hará valer que la situación carcelaria, con el 30% de incremento de reclusos en el último año, responde precisamente a ese "éxito" en el combate al delito.
En ese marco Heber utilizará un concepto muy discutido pero que se ha convertido en uno de los argumentos preferidos por el gobierno a la hora de defender la LUC. Si en casi seguro referéndum se derogan ciertos artículos relativos a la seguridad pública, habrá gente que hoy está penada y que va quedar en libertad. La reflexión es que se deberá aplicar el principio de la ley más benigna, debido a que se extinguirá el delito por el que fueron condenados.
Atado a eso, estará la afirmación de que la gente que hoy está presa no está delinquiendo, lo que a su vez ayuda a bajar los delitos. Si quedan sueltos, vamos a tener un repunte", adelantó Heber este jueves.
El Frente Amplio deberá afrontar por su parte el recuerdo de una vieja promesa no cumplida de Tabaré Vázquez durante su segundo, como fue el compromiso de bajar 30% las rapiñas. Lejos de eso, el oficialismo remarcará que en esa gestión se pasó de 21.000 rapiñas en 2014 a las 30.000 en 2019.
"Volvieron las carteras"
Policías en comisión
El Ministerio del Interior procura tener pronto en las próximas semanas el censo para conocer la realidad social de los 33 mil funcionarios que allí revistan. También los resultados de un relevamiento que permitan determinar la situación de los casi 5.000 policías que hoy están en licencia médica, el 15% de su personal operativo.
Para paliar la necesidad de cubrir las vacantes es que se abrirá el llamado para contratar a unos 1.000 efectivos retirados, que irán a desempeñarse en comisarías, seccionales y destacamentos.
Mientras eso sucede otros 600 policías, activos y que pondrían desempeñar funciones ejecutivas, están desarrollado otro tipo de tareas. “Como conozco la labor parlamentaria, cuando un legislador me pide un policía en comisión nunca lo he negado, pero en algunos casos se piden tres por legislador”, se quejó Heber. “Hay 600 policías en comisión”, dijo.
