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Interpol detuvo a cuatro nuevos sospechosos por la Operación Océano
Efectivos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol detuvieron este martes a otros cuatro hombres en el marco de la investigación que lleva por nombre Operación Océano, caso por el que hay 21 imputados por el pago o promesa de retribución a menores para mantener relaciones sexuales, contribución a la explotación sexual y proxenetismo.
Según informaron fuentes de la investigación a El Observador, los cuatro hombres tienen entre 40 y 50 años, y ya se encuentran a disposición de la fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera.
Este viernes tuvo lugar una audiencia histórica en la que participaron todos los involucrados en el caso –menos las víctimas–, en la que se dispuso el levantamiento de la reserva de la investigación de la Fiscalía respecto a la mayoría de los imputados y nuevas medidas cautelares dispuestas para los indagados, como la prohibición de salir del país, la fijación de un domicilio, y la prohibición de comunicación con las adolescentes.
La fiscal Viera también realizó en esa instancia una petición para dejar sentado que la cantidad de víctimas por este caso, que tuvo las primeras formalizaciones en marzo, ascendió a 18.
La investigación lleva nueve meses y todavía quedan dos personas por ser capturadas, un argentino y un brasileño que están requeridos por la Justicia. El número de las víctimas aumentó luego de que la Fiscalía habilitara una línea telefónica –091 507 531– y se obtuvieran testimonios de varias menores, por este caso y otras investigaciones que se abrieron.
La mayoría de los imputados hasta el momento en esta investigación han sido penalizados por delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real, salvo en dos casos en los que además se imputó un delito de contribución a la explotación sexual. La fiscalía también ha solicitado en muchos casos que se aplicara lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia", aunque la justicia no aceptó ese pedido en todos los casos.
Denuncia
La abogada Cecilia Salom, defensora del exdiputado colorado Nicolas Ortiz –uno de los 21 implicados en el caso–, planteó reparos a la actuación de la fiscal Viera por las declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación referidas a este tema. En ese sentido, la penalista presentó un listado con la cantidad de veces que dio entrevistas en las últimas semanas.
Según dijeron a El Observador participantes de la audiencia, el planteo fue apoyado por otros abogados presentes en la misma.
La reacción de la fiscal no se hizo esperar y respondió que no violó la ley orgánica ni la reserva del caso.
