La Fiscalía de Chuy investiga un caso de presunta corrupción de parte de una funcionaria de Migraciones del Ministerio del Interior, quien de acuerdo a la denuncia realizada por un jerarca de la cartera falsificó firmas para facilitar la residencia de al menos un extranjero que llegó desde Brasil, según informó Subrayado y confirmó El Observador.
La cartera de seguridad inició una investigación administrativa, pero al momento no se dispuso la separación del cargo de la funcionaria indagada, informaron a El Observador fuentes de la secretaría de Estado.
"Este es un tema que viene desde el año pasado, por lo menos, y desde incluso antes", señaló este lunes el ministro Jorge Larrañaga en conferencia de prensa. "Se va a proceder en función de lo que marquen los asesoramientos jurídicos correspondientes", agregó.
La denuncia fue presentada el 13 de marzo por el jefe de Inspectoría de Cerro Largo y Chuy, quien relató que había presenciado "situaciones irregulares de apariencia delictiva", como la falsificación de firmas, realizadas por una inspectora –cabo, de rango–, en un "trámite de residencia" iniciado a un ciudadano cubano.
Pero el jerarca agrega en su denuncia –a la que accedió El Observador– que recibió además "información anónima" que indicaba que la maniobra estaba generalizada. Los datos aportados por desconocidos señalaban que "funcionarios de la Inspectoría de Chuy cobraban una importante suma de dinero a ciudadanos cubanos para iniciar el trámite de residencia para poder obtener cédula de identidad de residente en trámite".
El denunciante también explica que fue alertado de lo que sucedía cuando en determinado momento recibió un expediente enviado por el departamento de residencia de la Dirección de Migración, donde se requería conocer "por qué se inició el trámite de residencia" el 14 de julio de 2018 a un ciudadano cubano que "no poseía VISA para entrar al país y menos iniciar el trámite de residencia".
Fue entonces que el jerarca hizo por su cuenta una investigación de ese caso –el mismo para el cual se habían falsificado firmas–, algo que terminó por corroborar el propio denunciante luego de su indagatoria.
Tras su breve investigación, supo que esta funcionaria –la inspectora– utilizó la cuenta y contraseña de un superior para ingresar al sistema informático en donde se inician los trámites de residencia.
"Repito, no es nuevo, viene de la anterior administración y por supuesto estaremos a lo que resulte de esta investigación", repitió Larrañaga.
La investigación penal está a cargo de la fiscal Matilde Mattos.
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