Investigar cuando se justifica

La creación parlamentaria de comisiones investigadoras tiene una doble cara. Es pertinente rechazarlas cuando solo las instiga un mero intento de agitación política o promoción partidaria, aduciendo ocultamiento oficialista de su manejo de negocios y recursos públicos. Pero la transparencia exige que se habiliten cuando existen denuncias o sospechas fundadas de irregularidades. En estos casos, un elemental respeto a la ciudadanía impone que se investigue, ya sea para descartar acusaciones o, en caso contrario, castigar penalmente si ha existido corrupción u otro delito o hacer pública la incompetencia implícita en decisiones erradas.

El Frente Amplio era recurrente promotor de comisiones investigadoras cuando era oposición. Ya en el gobierno se negó sistemáticamente a ellas, y solo aceptó investigar los desastres financieros de ANCAP. Pero a renglón seguido, y tal vez con el recuerdo fresco de la comprobada mala gestión en el ente petrolero, la administración Vázquez y la casi totalidad de sus legisladores claudicaron en esta obligación en dos instancias recientes. Una ocurrió con los nunca aclarados negocios de intermediación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. La otra gira en torno a la regasificadora.

El Partido Nacional fracasó en su intento de que se investigaran sus denuncias de posible tráfico de influencias, lavado de dinero y otras irregularidades en negocios entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela, con la empresa Aire Fresco como intermediario. Tan justificada era la creación de una comisión parlamentaria que el diputado oficialista Gonzalo Mujica resolvió apoyarla, dejando sin su mayoría de un voto a la bancada frenteamplista. El oficialismo igualmente logró rechazarla al haber logrado el apoyo del diputado de extrema izquierda de Unidad Popular, Eduardo Rubio, por simpatías con Maduro.

Igualmente clara es la necesidad de investigar lo ocurrido con la regasificadora. El proyecto nació como binacional con Argentina, a fin de producir gas para ambos países. Cuando el gobierno kirchnerista resolvió retirarse, el nuestro decidió seguir adelante solo. Desde entonces va y viene, ya que su viabilidad depende de un compromiso formal de Argentina de comprar gas, porque la producción de la planta excedería largamente la necesidad de consumo interno. Pero el problema viene por otro lado. Los concesionarios iniciales han desaparecido. GNLS se retiró al no obtener del gobierno mejores condiciones financieras que las acordadas inicialmente. Lo hizo también OAS, empresa brasileña a cargo de parte de las obras, que se retiró abruptamente y que estaba involucrada en los escándalos de corrupción en Petrobras, al punto de que su presidente está preso.

La ministra del área, Carolina Cosse, sostuvo que la investigadora hace peligrar actuales negociaciones con potenciales inversores. Pero en realidad lo más probable es que este ejercicio de transparencia atraiga inversión al fortalecer la imagen de país serio. La oposición sostiene que el proceso de la regasificadora "está plagado de errores y decisiones polémicas", que, por cierto, es muy distinto de hechos de corrupción. Tan fundada es la iniciativa que, además de Mujica, otros diputados frenteamplistas compartieron la posición opositora, aunque no la votaron por disciplina partidaria. Entre ellos estuvo Dardo Pérez, quien sostuvo que "las investigadoras son buenos instrumentos para la transparencia en la democracia". Es una verdad que el gobierno y sus legisladores deberían entender.