El gobierno argentino está trabajando para enviar cuanto antes a Uruguay el pedido de extradición de Juan José Navarro, un ciudadano de ese país que fue capturado en Montevideo luego de que protagonizara un tiroteo en el Congreso argentino que culminó con un funcionario muerto y un diputado herido, dijeron fuentes diplomáticas a El Observador.
Las fuentes señalaron que se decidió que el trámite se hará como "extradición simplificada", lo cual acorta los tiempos del proceso.
Navarro, quien es señalado como el presunto tirador del ataque en el que murió el funcionario Miguel Marcelo Yadón y resultó herido el congresista Héctor Olivares, “no se opone” a la extradición dijo el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, a Todo Noticias.
“Ya manifestó en audiencia judicial su intención, su voluntad, de inmediatamente ser puesto a disposición de la Justicia argentina”, dijo el fiscal al programa argentino.
Gómez dijo a El Observador que aún no había recibido el pedido de extradición pero que proyectaba que podía llegar en el inicio de la semana y, en función de la voluntad del detenido, se ejecutará de forma inmediata. Mientras tanto Navarro está bajo arresto administrativo en una dependencia del Ministerio del Interior.
Gómez dijo que mantuvo una charla informal con Navarro –no tenía competencia ni elementos para interrogarlo formalmente– en la que él admitió haber estado en el lugar de los hechos. Sin embargo, negó ser quien realizó los disparos. Agregó que había consumido alcohol y drogas.
Luego del ataque, Navarro decidió cruzar la frontera y esconderse en Uruguay. Ingresó con su documento de identidad argentino a la hora 1:50 y por el puente Colón-Paysandú en compañía de integrantes de su familia. A esa hora aún no había una orden de detención internacional para el argentino. Sin embargo, hora después apareció la notificación roja de Interpol y se dispuso su detención.
Navarro fue interceptado por la policía uruguaya de Interpol a las 11:35 cuando estaba por entrar en un hotel de Punta Carretas y notificó a la fiscalía. Gómez dijo que lo acompañaba su madre, una tía y un hermano que quedaron en libertad al no haber ningún tipo de pedido.
“La fiscalía requirió lo que corresponde: su arresto administrativo preventivo por el término de 30 días en cumplimiento del tratado que existe con la República Argentina a la espera de la solicitud de extradición del tribunal que interviene en la causa”, concluyó Gómez.
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