Presionado por el alto costo de las importaciones de gas y petróleo, y cuando todavía están presentes las consecuencias de la catástrofe registrada en 2011 en la central de Fukushima, el Gobierno de Japón dio un giro a su política y volvió a priorizar el uso de la energía nuclear.
Entre otras medidas apuntadas al mismo objetivo, el gabinete del premier Fumio Kushida acordó extender la vida útil de sus reactores por encima del límite actual de 60 años, decisión polémica que los medios locales interpretan como el fin del apagón nuclear de facto decretado tras la tragedia de Fukushima.
Tras el terremoto y tsunami de 2011, debido a los daños sufridos por la central, las autoridades pausaron su apuesta por la energía atómica y tomaron compromisos específicos para no construir nuevos reactores ni sustituir los obsoletos.
Ahora, sin embargo, el país decidió regresar a esta industria, con vistas incluso a que, a largo plazo, haya reactores de nueva generación, dentro de un paquete de medidas con el que el gobierno aspira a reducir las emisiones contaminantes y garantizarse el suministro de energía tras las sanciones generalizadas a Rusia por la ofensiva lanzada sobre Ucrania.
La dependencia de Japón de las importaciones de combustibles es casi absoluta. Según los datos oficiales, en el último año fiscal solo el 13,4% de la energía consumida fue generada en el país. Situación que, además, presiona sobre el objetivo oficial completar en 2050 la descarbonización y llegar a la neutralidad en materia de emisiones.
Según expresaron fuentes oficiales que recoge la agencia de noticias AFP, Kishida enviará la reforma al Parlamento cuando comience el periodo de sesiones en 2023 y se comprometió a abordar dentro de estos cambios "el problema de fondo de los desechos radioactivos", otra cuestión que es objeto de debate y polémica en la sociedad, todavía marcada por el accidente y las consecuentes fugas radioactivas generadas por la central de Fukushima.
En agosto pasado, Kishida había preanunciado el giro en la política energética japonesa, cuando declaró que la guerra entre Rusia y Ucrania había "transformado enormemente el panorama energético mundial", y por ello "Japón necesita tener en mente potenciales escenarios de crisis en el futuro". Desde entonces, avanzó en la elaboración de un plan que contempla la construcción de 17 reactores de nueva generación que, según los funcionarios, permitan reducir las emisiones de CO₂ y asegurar el suministro.
Luego del terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter registrado frente a las costas de Japón y el posterior tsunami que dañó en forma irreparable tres reactores en la planta de Fukushimai, el peor accidente nuclear de la historia desde el desastre de 1986 en Chernóbil, el gobierno y la nueva autoridad reguladora establecieron criterios de seguridad más estrictos, que obligaban a todas las plantas del país a suspender operaciones hasta cumplir con los nuevos estándares.
Desde entonces, solo unos pocos reactores recibieron el visto bueno de las autoridades para volver a funcionar y no se construyeron nuevas instalaciones. Ahora, sin embargo, los especialistas locales señalan que la decisión del gobierno supone una relajación de los controles y un nuevo impulso de la energía nuclear como fuente para satisfacer los requerimientos energéticos de una de las principales economías del mundo.
