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Jefe de la custodia presidencial: Fiscalía resuelve este martes si lo imputa por falsificación
La fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, definirá este martes si tiene evidencia suficiente como para imputar al jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Andrés Astesiano Severgnini, en el marco de una investigación por falsificación de documentos.
Según supo El Observador, la sospecha por la adulteración de documentos para recibir pasaportes comenzó en 2019, cuando se observó un registro inusual de solicitudes de rusos con partidas de nacimiento que aseguraban tener padres uruguayos. La maniobra, que pudo abarcar a miles de personas, los transformaba en “ciudadanos naturales” y los habilitaba a recibir el pasaporte uruguayo.
Entre un ciudadano ruso, un escribano uruguayo y una tercera persona –además del presunto involucramiento de Astesiano– montaron una organización que falsificaba partidas de nacimiento rusas para que aquellos que se beneficiaran pudieran acceder a un pasaporte uruguayo. Así, por ejemplo, inventaban parentescos con ciudadanos uruguayos que los rusos no tenían.
El grupo cobraba unos $50 mil por cada maniobra y tenía acceso a la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), informó TV Ciudad. En la causa ya fueron imputadas tres personas por usurpación de identidad, falsificación de documento y asociación para delinquir.
Uno de los puntos a determinar es el rol que tenía Astesiano Severgnini en la organización.
Fossati dijo en rueda de prensa que tenían la “semi-certeza” de que se trabajó con documentación rusa adulterada. En la investigación colaboró el vicecónsul ruso y se hicieron pericias que confirmaron que la información utilizada era falsa.
El artículo 74 de la Constitución establece que son ciudadanos naturales “los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico”. La interpretación de este artículo quedó refrendada por la ley 16.071 de 1989, que determinó los puntos que deben cumplirse para que se considere el “avecinamiento”. Entre ellos están permanecer en Uruguay más de tres meses, arrendar una casa, poner un comercio, tener un empleo anotarse a un centro de estudios o “cualquier otro acto similar demostrativo del propósito mencionado”.
A su vez, el artículo 10 del decreto que reglamentó la emisión de pasaportes señala que “tienen derecho a solicitar pasaporte común los ciudadanos naturales uruguayos, incluso hijos de padre o madre oriental”.
Cimbronazo
La detención de Astesiano, más conocido por su apodo “Fibra”, fue un cimbronazo para Lacalle Pou. El presidente se enteró de la situación el domingo ni bien aterrizó en Montevideo tras pasar cinco días de vacaciones en el exterior con sus hijos.
El custodia los había acompañado en el viaje como viene haciéndolo en cada uno de los movimientos del mandatario desde el primero de marzo de 2020. Ese día, el funcionario empezó a ser conocido por ser uno de los que corrió, con traje y corbata, al rayo del sol, al costado del Ford V8 de 1937 de Luis Alberto de Herrera, el auto en el que Lacalle Pou y Beatriz Argimón se trasladaron desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia.
Tal como informó Lacalle Pou en conferencia de prensa, la detención se produjo en la Residencia de Suárez y Reyes, y fue realizada por el director de Inteligencia de la Policía, el comisario general Claudio Correa.
El presidente se mostró “sorprendido” por el caso y definirá si lo desvincula una vez que la Fiscalía termine la indagatoria. Desde su entorno transmitieron que estaba apesadumbrado por la situación, que no había indicios de que estuviera cometiendo irregularidades y reiteraron que Astesiano no tiene antecedentes penales pese a las veinte averiguaciones policiales que constan en su legajo.
Las veinte indagatorias en su contra van desde 2003 hasta 2018. Los delitos por los que fue investigado son hurto, apropiación indebida, daño y estafa aunque no llegó a ser imputado por ninguna de estas denuncias.
Más allá de su estado de ánimo, Lacalle Pou destacó la independencia de la policía y la Fiscalía para investigar a un funcionario tan importante.
El mandatario y el custodia se conocen desde 1999 cuando Astesiano trabajaba con Sergio Abreu, entonces candidato a la vicepresidencia por la fórmula del Partido Nacional que encabezaba su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Astesiano siguió trabajando como seguridad de los blancos y en 2014 y en 2019 integró el equipo de custodios de Lacalle Pou en la campaña.
Al ganar la elección, por la confianza y la buena evaluación que tenía de su trabajo, el nacionalista resolvió que se transformara en el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial.
Suele ubicarse a pocos metros suyo a una distancia suficiente que permita al mandatario poder relacionarse con la gente, que suele pedirle fotos y hacerle planteos. Lo acompañó a Colombia, Gran Bretaña, Paraguay, Chile, Catar, Argentina e incluso pasó la Navidad en el Congo cuando el mandatario decidió acompañar a los cascos azules.
Si bien el organismo depende jerárquicamente del prosecretario Rodrigo Ferrés, el jefe es designado directamente por el presidente de la República y tiene también a cargo la custodia de sus “familiares directos”.
Además de la responsabilidad, es un puesto con poder. Por ejemplo, puede recabar información de cualquier agencia nacional o extranjera referente a eventuales riesgos para el presidente, sus familiares directos, y cualquier otra persona que determine.
Un legajo con casi 30 indagatorias
Astesiano recoge indagatorias, en su mayoría en Montevideo, y también en Colonia, Canelones y Maldonado.
El 18 de abril de 2002 fue procesado sin prisión por estafa en concurso real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 (castigo de seis meses a cuatro años de penitenciaría si libra cheque falseando datos, que no pudiere ser pagado, frustre su manera de pago, etc.). Luego comenzarían las indagatorias sobre Astesiano, tan solo un mes después. El 30 de mayo de 2002 fue indagado por un delito de hurto.
Al año siguiente, en 2003, fue indagado por hurto otras dos veces y una vez por apropiación indebida. A mitad del 2004 repitió indagatoria por el último cargo.
El 18 de mayo de 2005 fue indagado por un cargo por el que nunca había sido indagado antes: estafa. A fin de año, por apropiación indebida.
Lo volvería a hacer en la Comisaría 21ª el 27 de abril de 2007, pero por hurto. Unos meses después, el 20 de noviembre de 2007 lo indagarían dos veces: una vez en la comisaría 23ª por un vehículo recuperado, y por apropiación indebida el mismo día, en el Área de Seguridad de la Zona 1 (que es el mismo hecho).
El 14 de abril de 2009 fue indagado por hurto en la Comisaría 17ª, y tan solo cuatro días después, en la Comisaría 4ª por estafa. El 8 de marzo de 2010 fue a la Comisaría 4ª, y en mayo al Área de Investigación de Zona 2, donde declaró por estafa. Y en mayo de ese año también por el mismo caso. A fines de ese año hubo averiguaciones policiales que lo tuvieron como interrogado.
Luego, fue indagado nuevamente por estafa, en Colonia. El 2 de diciembre de 2011 fue indagado por estada. El 30 de diciembre de 2011, fue indagado por estafa la en la Comisaría 2ª de Canelones. Unos días después, el 9 de enero de 2012 fue interrogado por la División de Asuntos Judiciales de la Policía de Montevideo (requisitoria). El 27 de ese mes tuvo otra requisitoria, al igual que el 7 de febrero próximo.
En mayo de 2012 la policía de Canelones inició actuaciones para conocer su paradero. Luego, el 3 de agosto de 2012 fue indagado por daño en la Jefatura de Policía de Montevideo. El 12 de agosto sería nuevamente indagado, esta vez por apropiación indebida. El 1° de diciembre de 2012 nueva indagatoria por estafa. Acumuló otra por el mismo delito, el 8 del mismo mes.
El 18 de octubre de 2013 declaró por estafa en la Zona 1. El 24 de julio de 2014 fue indagado por Hechos Complejos, en la Dirección de Investigaciones de la Policía. El 29 de abril de 2015, indagado por hurto.
El 5 de julio de 2017 y el 20 de setiembre de 2018 la policía solicitó averiguar su paradero, por las causas anteriores.
Ante el MSP
El 14 de febrero de 2003 Astesiano fue intimado por el Ministerio de Salud Pública a regularizar su situación. Un fallo al que accedió El Observador indica: "Por resolución de la División de Recursos Humanos de MSP - ASSE, el Laboratorio Fco. Dorrego, U.E. 064, emplaza al Sr. Alejandro Andres Astesiano Severgnini (…) funcionario de esta unidad a presentarse en la misma en un plazo de 72 horas a los efectos de regularizar su situación contractual".
