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Jefe de policía de Artigas será indagado por la fiscalía por presunta corrupción
El jefe de Policía de Artigas, el comisario general Walter Britos, fue citado a declarar la semana próxima en calidad de indagado por el fiscal Raúl Iglesias, quien investiga una denuncia por presunta corrupción contra el jerarca policial.
Según dijeron fuentes de la investigación a El Observador, Britos –en su cargo desde 2016– deberá comparecer ante Iglesias el 20 de diciembre, y tendrá que hacerlo con asistencia de un abogado, al igual que otros dos sospechosos allegados al jerarca. El fiscal los interrogará por la presunta compra ilegal por parte de Britos de parte de un predio de la Jefatura de Policía del departamento, según consta en la denuncia a la que accedió El Observador y que fue presentada por el subcomisario retirado Roy González.
González fue quien denunció por distintos delitos de corrupción al anterior jefe de policía de Artigas, Hugo Ferreira Martínez –sustituido en su cargo por Britos en 2016–, y a los ex subjefes Ruben Darío Suárez y Marcio Severo Occio, así como otros siete funcionarios policiales, todos procesados por la Justicia a comienzos de noviembre.
En esta oportunidad, la denuncia de González hace referencia a la compra de una extensión rural dentro de lo que se conoce como Cerro de la Virgen de los Treinta y Tres. La venta del bien público –un área de 5.000 metros cuadrados cercada por alambrado– la realizó un hombre que integra una comisión de ayuda destinada a recaudar fondos para construir una capilla en honor a la virgen, que ocupa ilegalmente ese predio y otros desde hace más de cinco años, según la denuncia de González. Y el negocio que investiga Iglesias se concretó con el pago de Britos de la suma de $ 70.000, un monto irrisorio para un terreno de esa extensión.
Consultado sobre el caso, Britos dijo a El Observador que la denuncia era un "disparate" y que solo hablaría a través de su abogado, pero se negó a informar quién lo asistía.
En la denuncia de González –presentada días atrás directamente al fiscal de Corte, Jorge Díaz– se individualiza con nombre y apellido a al menos tres personas que presuntamente confirmaron la transacción, y una de ellos es la esposa del denunciado. Además, la denuncia afirma que "la venta de la propiedad no está inscrita en las Oficinas de la Dirección Nacional de Registros de Propiedades".
Por otra parte, además de presuntas violaciones al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), González denuncia también la violación del artículo 177 del Código Penal, que pena la "omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos".
En ese sentido, el documento del subcomisario retirado ahora en manos de la fiscalía argumenta que además de involucrarse activamente en el delito, Britos también evitó dar pase a la Justicia al saber que estaba siendo comercializado un bien público.
"El Sr. Jefe de Policía, que es un funcionario público, ha procedido directamente interviniendo con su jerarquía, con engaño, y mediante una conjunción de intereses personal y publico dañó a la administración pública para obtener un beneficio propio, abusando de sus funciones públicas y su jerarquía, por lo que su conducta se encuadra dentro de los Art. 160, 161 y 162 del Código Penal", dice la denuncia, en relación a los delitos de fraude, la mencionada conjunción de intereses, y abuso de funciones.
Otros casos
La corrupción dentro de la policía de Artigas ha sido un problema para el Ministerio del Interior. La noticia más reciente es de este lunes: dos efectivos de ese departamento pertenecientes a la Guardia Republicana fueron detenidos el domingo por su presunta vinculación con una organización criminal responsable de una rapiña en una casa de cambio en la capital del departamento.
Según información primaria de la policía, uno de los funcionarios policiales concurrió junto con otro hombre a cometer la rapiña y la fiscalía investiga la existencia de una presunta organización criminal, en la que puede haber más personas involucradas que ocupaban distintos roles.
Según dijeron fuentes judiciales, uno de los dos ya fue imputado este lunes por un delito de encubrimiento, y fue enviado a prisión domiciliaria durante 90 días, a la espera del comienzo del juicio oral. El otro, en tanto, se espera que sea conducido ante la Justicia este martes, ya que todavía continúa siendo interrogado por el fiscal Iglesias.
El caso anterior fue el denunciado por González, aunque pasaron varios años para que la Justicia se pronunciara. La primera denuncia contra el exjefe Ferreira y los demás jerarcas la realizó en 2012, pese a que había presentado al ministro Eduardo Bonomi toda la información de lo que sucedía incluso dos años antes.
Transcurrieron nueve años desde entonces, y luego una decena de denuncias entre la cartera de seguridad, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Trabajo, la justicia penal y de Crimen Organizado, hasta que la fiscal Ana Dean pidió el procesamiento de la anterior cúpula de la jefatura a principios de febrero de este año.
El exjefe Ferreira era el líder de una trama de corrupción que incluía contrabando, compras en free shops, obras en su casa realizadas por agentes policiales en horario laboral, pagos de televisión para abonados con dinero público, la venta de ganado propiedad de la Jefatura y hasta la apropiación de una panadería.
