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Jueces y fiscales tendrán un seguro por casos de mala praxis

Negocian con el Banco de Seguros las condiciones; por ejemplo, que los cubra retroactivamente

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11 de octubre de 2017 a las 05:00

Jueces y fiscales negocian con el Banco de Seguros del Estado (BSE) las condiciones para adquirir un seguro contra eventuales demandas por daño que puedan causar en las sentencias judiciales y a las que deban responder con su patrimonio. Hasta el momento hay más de cien jueces y casi cien fiscales que manifestaron su intención de contratar el seguro que es similar al que contratan los médicos para responder frente a casos de mala praxis.

Uno de los aspectos que están negociando con el Banco de Seguros es que los seguros sean retroactivos y sirvan para protegerlos contra juicios del pasado. Lo que aún no se sabe es que plazo tendrá esa retroactividad, dijo a El Observador la representante de la Asociación de Fiscales a cargo del tema, Silvana Irureta.

Al tratarse de un grupo numeroso harán un acuerdo para pagar un monto anual que no superará los US$ 200 y que podrán pagar en cuotas.

Si bien hay algunos jueces y fiscales que personalmente entienden que el nuevo proceso penal que empezará a regir el 1° de noviembre los deja más expuestos a juicios (ver Apunte), tanto Irureta como el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) Alberto Reyes, dijeron a El Observador que el seguro no responde al nuevo proceso penal sino a casos de jueces y fiscales que ya han sido demandados personalmente.

Reyes dijo que el tema se había planteado hace muchos años pero ahora "los fiscales retomaron la iniciativa". "Nosotros los seguimos, pero en nuestro caso no tiene nada que ver con el tema del nuevo proceso", afirmó.

Además dijo que "la preocupación excede el caso penal", ya que se han iniciado juicios contra un juez laboral, un juez civil y otro de familia.

Reyes explicó que si bien hay algunos sistemas en los que existe inmunidad civil contra los jueces que no son responsables con su patrimonio por las decisiones que tomen erróneamente, no es el caso de Uruguay.

El artículo 24 de la Constitución establece la responsabilidad civil del Estado por "el daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección".

El siguiente artículo agrega que "cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación". Repetir significa que podrá iniciar un juicio contra ese funcionario para obligarlo a hacerse frente al monto del juicio.

El ministro del Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno, Edgardo Ettlin, acaba de publicar el libro Responsabilidad Patrimonial de los Funcionarios Públicos, que será presentado el 17 de octubre, y explicó a El Observador que se trata de una responsabilidad por falla de servicio y que se aplica para cualquier funcionario público, lo que incluye a jueces y fiscales. Dentro de ese esquema -explicó- el Estado es el responsable, pero el organismo le puede cobrar a un juez o a un fiscal y lo que ha pasado es que se han presentado directamente demandas contra jueces.

Con respecto al nuevo proceso penal Ettlin mencionó que "pone a los fiscales como actores importantes, son acusadores, son investigadores, y la prisión la van a pedir ellos".

"El Estado es responsable por toda privación de libertad de un individuo que resulte absuelto. Si el Poder Judicial tiene que pagar, es probable que la Fiscalía tenga que pagar también. En todo lo que malhagan van a ser copartícipes en la responsabilidad del Estado con los jueces", agregó el magistrado.

Además señaló que la Fiscalía General de la Nación que antes dependía del Ministerio de Educación es ahora un servicio descentralizado por lo que enfrentará demandas por su responsabilidad.

"El riesgo de fatalidades existe"

Hay jueces que contratarán el seguro porque entienden que el nuevo proceso penal los expone más que el actual ya que en la primera audiencia denominada de formalización el fiscal podrá pedir prisión de un indagado sin tramitar pruebas. Uno de los jueces que tiene esa visión es el ministro del tribunal de apelaciones penal José Balcaldi, quien afirmó: "El riesgo de que haya fatalidades existe".

De todas maneras el Senado aprobó una modificación que deja abierta la posibilidad a la defensa de pedir prueba cuando haya controversia. Aún así Balcaldi expresó que habrá casos en los que no se podrá dejar a la persona libre como en las rapiñas. "Si después esas pruebas no se presentan nos exponemos a juicios", dijo.
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