Juicio por Plan Cóndor: se fijó la fecha de la audiencia final

Será el 24 de junio en Roma; en el gobierno no saben si Uruguay apeló tal como anunció el exsecretario Miguel Ángel Toma

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19 de octubre de 2020 a las 15:28

La Corte de Casación de Italia, equivalente a la Suprema Corte de Justicia en Uruguay, fijó el 24 de junio del 2021 como fecha para la realización de la audiencia final en el juicio por el Plan Cóndor, informó a El Observador, Silvia Bellizi, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Uruguay participa como parte querellante en el juicio, al igual que algunos de los familiares de desaparecidos. En julio del año pasado, un tribunal de segunda instancia condenó con cadena perpetua a 12 militares uruguayos –entre ellos Jorge Tróccoli, Gilberto Vázquez y José Nino Gavazzo– y al excanciller Juan Carlos Blanco por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.

Los abogados de los militares apelaron la sentencia, y según el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, que estaba al frente de los juicios internacionales en el gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay también tenía previsto apelar debido a que no había obtenido un resarcimiento económico, aunque en la Torre Ejecutiva no tienen registros de que esto efectivamente haya ocurrido.

Semanas atrás, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo a El Observador que no tenía conocimiento de si el Estado presentó el recurso de apelación, para el cual había 45 días desde la publicación de los fundamentos de la sentencia el 27 de diciembre de 2019.

Bellizi señaló que Casación examinará los recursos presentados por los abogados de los militares y los escritos de oposición elevados por los querellantes. Por lo general, la audiencia dura un solo día pero como en este juicio hay mucha gente, se podría necesitar una segunda audiencia, manifestó. 

La fijación de la audiencia se produce en un contexto en el que el subdirector de la ONSC, Ariel Sánchez, desarrolla una investigación administrativa sobre Toma para determinar si llevó sin justificación a Roma –y también a Washington, en el juicio de Aratirí– a una contadora de la secretaría antilavado.

Toma aseguró que la contadora fue quien se dio cuenta de que esa condena con penas “pecuniarias” a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay, y señaló que gracias a que tomó nota de ese aspecto, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.

La sentencia condenó a los militares a pagar 65 mil euros a Uruguay pero por los gastos en "honorarios" del juicio.

Toma y la contadora también viajaron en diciembre a “audiencias y reuniones relacionadas a los delitos perpetrados en aplicación del Plan Cóndor”, de acuerdo con la misión oficial publicada en Presidencia.

Este viaje llamó la atención del expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, porque el fallo ya se había publicado aunque faltaba que se divulgaran los fundamentos.

Según la respuesta de Toma a la Jutep, este viaje significó “el comienzo de la investigación, en los últimos casos, de la ruta de dineros que pudieran llegar a Roma para financiar actividades de los represores del Plan Cóndor”.

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