En un informe entregado el jueves 8 de mayo al presidente del Senado, Danilo Astori, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) –ex Junta Anticorrupción– señala que en las diferentes asociaciones de la exaerolínea de bandera Pluna con privados, desde 1993 a 2012, existieron “grandes dificultades” para controlar las gestiones, en donde se podrían haber cometido “irregularidades en la gestión empresarial” de los socios privados, así como “omisiones de los representantes del Estado”. El documento es firmado por el presidente del organismo, Luis Yarzábal, su vicepresidente José Pedro Montero, y el vocal Carlos Soares de Lima. El organismo se expresa –a pedido del Senado– sobre la mayoría de los negocios realizados por el Poder Ejecutivo con compañías extranjeras, y hace foco en la experiencia de Pluna con Varig y la última con Leadgate.
La Jutep establece en el documento, al que accedió El Observador, que para el caso de Varig (1993-2005) se pudo haber cometido contravenciones a los principios de administración financiera, eficacia, eficiencia y transparencia. En la asociación con Varig, iniciada en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) se pudo haber cometido incumplimiento de “buena administración”, dice la Junta.
Para la experiencia con Leadgate (2007-2012) aparecen posibles contravenciones a los mismos principios que con Varig, pero además los de concurrencia, ilegalidad, imparcialidad e interés público.
La Jutep es un organismo público de carácter técnico e independiente, que actúa en el ámbito del Poder Ejecutivo y tiene naturaleza asesora. En su análisis de la experiencia de Pluna en la última década sus observaciones son dirigidas al Parlamento, las cuales podrán ser confirmadas o descartadas por la Justicia, en la investigación que está en marcha desde el año pasado.
Dice la Junta que en el proceso de selección del privado para asociarse con Pluna en 2007, durante la administración de Tabaré Vázquez (2005-2010), se pudo haber violado el principio de concurrencia e igualdad de oferentes, lo que implicaría la “vulneración del principio de transparencia” por parte de los directores estatales. Agrega que la actuación “infringiría” esos principios, que también alcanzan al directorio de Pluna Ente Autónomo, al presidente de la República y los ministros de Economía y Transporte, ya que aprobaron el procedimiento. Menciona que la selección del socio privado, a cargo de Ficus Capital, no tuvo “ningún control”, ni tampoco se exhibieron las características de las ofertas manejadas en ese proceso.
El análisis aborda los convenios de indemnidad entre los protagonistas y los contratos con terceras empresas que se generaron durante la experiencia de Leadgate. Determina que puede haber responsabilidades en directores públicos en el caso del pago de combustible a ANCAP con cheques a 180 días (ver recuadro).
La Jutep entendió “éticamente objetable” que el abogado Ricardo Olivera haya redactado la ley concursal de Pluna cuando se había desempeñado como abogado de Leadgate y al empresario argentino Matías Campiani.
