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Justicia comunicó que desalojará a 20 vecinos de asentamiento pese a pronunciamiento de la ONU
La Justicia comunicó unos 20 vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo, imputados por usurpación y robo de energía eléctrica, que serán desalojados el próximo 4 de abril, como medida cautelar mientras se desarrolla la investigación penal del fiscal Diego Pérez.
La decisión, tomada en una audiencia que tuvo lugar este 2 de marzo, se da un mes después del pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que pidió al Estado uruguayo que suspendiera los desalojos en este asentamiento y que el Estado ofreciera una alternativa habitacional a los damnificados.
En la audiencia de la semana pasada, el fiscal les ofreció a los imputados un acuerdo. Según dijo Juan Ceretta, abogado del consultorio jurídico de la Universidad de la República, el fiscal les ofreció resolver la causa mediante una vía alternativa al juicio oral –en el que no solicitaría una condena con cárcel–, siempre y cuando se comprometieran a irse antes del 4 del mes próximo, y no volver al asentamiento.
"Tienen que abandonar el lugar donde tienen su rancho porque la consecuencia de no hacerlo es ir presos, y no pueden estar en situación de calle; el Estado tendría que darles una solución de vivienda", dijo a Subrayado el abogado, que asesora a los imputados.
A fines de 2019 unas 300 personas se asentaron en un terreno próximo a Santa Catalina, lo que derivó en denuncias a Fiscalía por usurpación y otros delitos. Fueron cerca de 40 los vecinos se enfrentaron a la posibilidad de percibir sanciones penales por la ocupación, excepto que abandonaran ese predio. Varios optaron por el retiro voluntario, pero el resto, los que están negociando, decidieron quedarse, luego de recolectar firmas y presentar la moción a Naciones Unidas.
"Hay algunos actores que son más sensibles, que están más aggiornados a la normativa internacional, o que conocen mejor la importancia que tienen las decisiones de estos órganos (internacionales) que el país está ratificando (...). Hay algunos que son más sensibles y, a las pruebas me remito, hay otros que no tanto", agregó Ceretta.
A mediados del año pasado la Intendencia de Montevideo puso a disposición un terreno de su cartera de tierras para desocupar el terreno en cuestión, aunque para Ceretta resta brindarse una solución respecto a las viviendas. El abogado comentó semanas atrás que a raíz de la resolución del comité estaba previsto iniciar diálogos con la comuna, cuyas jerarquías cambiaron tras la asunción de Carolina Cosse, y con el Ministerio de Vivienda.
