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Justicia condenó a trabajador de Aldeas Infantiles por abuso sexual

Fue condenado a seis años y seis meses de prisión, inhabilitación de patria potestad y a resarcir económicamente a las víctimas
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10 de octubre de 2019 a las 12:46

Un trabajador de Aldeas Infantiles, de origen español, fue condenado por abuso sexual de niños que tenía a su cargo, a la pena de seis años y seis meses de prisión. Además, la jueza María Laura Sunhary impuso al imputado como pena la suspensión en el ejercicio de la patria potestad, guardia o tenencia de menores de edad, y la reparación a las víctimas con un monto equivalente a 12 veces sus ingresos mensuales, informó el semanario Búsqueda.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por Aldeas Infantiles, luego de realizar una investigación interna y recoger testimonios de niños que relataron haber sido manoseados y besados por el condenado. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Sabrina Flores, quien pidió la condena a la justicia en un juicio oral que se extendió varios días.

Los defensores del imputado, los abogados Gonzalo Fernández y Cecilia Salom, apelaron la sentencia y rechazaron la acusación bajo el argumento de que el relato de los niños “está lleno de contradicciones, no tiene credibilidad y fue inducido dentro de la institución denunciante”.

El imputado y su esposa, ambos españoles, se instalaron en Uruguay en enero de 2018 para trabajar en Aldeas Infantiles –la tarea comenzó en febrero– como asesores de desarrollo de programas en representación de la fundación Iter Semilla Solidaria. Ambos habían trabajado con Aldeas Infantiles en otros lugares de América Latina y su tarea consistía en llevar a cabo talleres de participación y formación en el desarrollo de un invernadero para cultivo de vegetales, clases de matemáticas y otras materias relacionadas con el cultivo.

Ambos trabajaban en Aldeas Infantiles de Parque Lecocq, hasta el 25 de mayo de 2018, cuando una guardia de seguridad escuchó que dos adolescentes le gritaban: “Atrevido, a los niños no se los toca”. Luego, los jóvenes relataron que el educador "les tocaba las partes íntimas a los más chicos”, según recogió la sentencia de la que Búsqueda informó.

Cuando el educador fue comunicado de la denuncia, en junio de 2018, huyó a Argentina. Pero la Justicia libró una orden de captura y a fines de agosto fue extraditado a Uruguay.

Según señaló la jueza los relatos de los niños “resultan creíbles”. De la prueba recogida “surgen claramente evidenciados las distintas fases del abuso sexual infantil”, describe el fallo. 

La jueza agregó que “los contactos físicos generan confusión cuando se encuentran asociados al juego o al cariño como modo de acceder al cuerpo del niño. La conducta sexual comienza con algo muy sutil, que muchas veces surge como la continuación de otro contacto; asimismo debe tenerse presente que (al educador) se le había vedado la posibilidad de estar a solas con cualquiera de estos niños, niñas y adolescentes, por lo que el ilícito se configuraba en grupos, que a la vez se encontraban entusiasmados con las tareas que estaban realizando”, escribió Sunhary en el fallo.

 Aldeas Infantiles emitió un comunicado para aclarar lo que pasó. Según el escrito, el matrimonio recibió "directrices específicas acerca de la presencia de al menos un/a adulto/a referente del programa en cada uno de los talleres, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro para los/as niños, niñas y adolescentes participantes". Al mismo tiempo, les solicitaron que adhirieran a los protocolos de Aldeas Infantiles referidos al trabajo de sus colaboradores. 

"Ni bien tomamos conocimiento de la situación de posible abuso a niños, niñas y adolescentes por parte del técnico voluntario de Iter, actuamos con celeridad, interrumpiendo la ejecución del proyecto, iniciando una investigación interna en la que participaron técnicos/as externos/as al programa y presentando la denuncia penal. Es pertinente señalar que durante el proceso de investigación que llevamos adelante recogimos el testimonio de los niños, las niñas y los/as adolescentes, asegurándoles un marco de protección y no revictimización. Asimismo, mantuvimos informadas a las autoridades de Inau, con quienes trabajamos en permanente coordinación para al abordaje del tema", agrega el documento.

 

 

 

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