La jueza de Lavalleja Natalia Alessandre dio marcha atrás en su decisión de permitir que el líder narco de Minas, Martín Acuña, mudara su prisión domiciliaria de su vivienda actual, ubicada en la capital departamental, a una casa de campo situada en ruta 8. Tras la protesta del Ministerio del Interior, la magistrada decidió revertir su decisión del 12 de agosto, cuando había aceptado el traslado del delincuente.
Según supo El Observador, el cambio en la decisión de Alessandre se produjo luego de que autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación argumentaran que la vivienda en la que pretendía mudarse Acuña, no permitía hacer un control efectivo sobre la prisión domiciliaria.
El líder narco fue detenido en enero de 2019 en una camioneta en la que iba junto a su esposa y un conocido con tres kilos de cocaína, algo por lo que fue condenado a cuatro años de cárcel por un delito de transporte de estupefacientes. Debido a que Acuña quedó parapléjico en febrero de 2018, luego de que un integrante de la familia con la que se disputa el mercado de la droga le disparara por la espalda, la Justicia había dispuesto el arresto domiciliario.
Sin embargo, tiempo después la policía constató que el delincuente violaba la restricción de abandonar su casa, por lo que se resolvió trasladarlo a la cárcel de Campanero.
En ese centro de reclusión, en el que se le armó una celda adaptada para su discapacidad, duró apenas un mes. Su defensa, Karen Pintos, pidió que otra vez fuera enviado a su casa a cumplir arresto domiciliario bajo el argumento de que las condiciones de reclusión seguían sin ser las adecuadas para una persona parapléjica.
Esa solicitud fue concedida a pesar de la discrepancia planteada por el Ministerio del Interior. Para evitar que el delincuente vuelva a tener vía libre para eludir su prisión domiciliaria, se ordenó que se le asignara una custodia policial de dos efectivos por turno, es decir seis en el día.
Según advirtió el Ministerio del Interior, la nueva solicitud de la defensa de Acuña de un traslado a una casa de campo podría limitar la capacidad de control de esa custodia policial. La vivienda está ubicada justo en el medio de un campo, a más de 200 metros de la portera de acceso, en el que deberían hacer guardia los efectivos. Además, en horas de la noche, la oscuridad es absoluta, según señalaron fuentes.
El lunes 12 de agosto la jueza aceptó el traslado, pero el martes 13 dejó sin efecto esa resolución tras la protesta del Ministerio del Interior, y fijó una audiencia que este lunes se termine de resolver el caso. En horas de la tarde, y tras escuchar los argumentos de la defensa del líder narco y de las autoridades del INR, la magistrada resolvió cancelar definitivamente su resolución anterior y, de esa forma, impedir que el narco cumpla su encierro de cuatro años en un campo difícil de vigilar.
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