La jueza María Helena Mainard dispuso el desarchivo de la denuncia por irregularidades en la conformación de Gas Sayago, luego del pedido del abogado de Ancap, Gustavo Bordes, quien reclamó que algunas pruebas no se habían diligenciado de la forma correcta.
Mainard había accedido en junio de 2023 al archivo de la causa a pedido del fiscal Luis Pacheco, quien tenía a su cargo la investigación contra exautoridades de UTE y Ancap.
Sin embargo, Pacheco fue trasladado en julio a la Fiscalía de Violencia Doméstica de 2° Turno y su lugar fue ocupado por Sylvia Lovesio, quien quedó a cargo de la investigación de las causas anteriores a 2017, es decir, antes de que se pusiera en marcha el Nuevo Código del Proceso Penal.
Pacheco pidió el archivo, pero ahora la causa será reabierta, informó El País y confirmó El Observador. El Juzgado de Crimen Organizado de 2° Turno, a cargo de Mainard, pidió a Lovesio que se expida sobre el planteo de Bordes.
En su respuesta, a la que accedió El Observador, la fiscal señaló que tras hacer un "exhaustivo estudio" y a pesar de no haber actuado en la causa, ya que tomó esa sede hace pocos meses, entendía que era procedente el "desarchivo" de las actuaciones "a efectos de continuar la investigación, únicamente en lo que respecta a la prueba no completada".
La primera denuncia por Gas Sayago se presentó en 2013, tras una denuncia del abogado Gustavo Salle, quien afirmaba que existieron presiones para que la Dirección Nacional de Medio Ambiente otorgase permisos de construcción para regasificadora que se iba a ubicar en Puntas de Sayago.
Esto se desestimó, pero luego Salle amplió la denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de construcción de la planta. Esto, sin embargo, fue archivado por Mainard, quien entendió que no era posible advertir "conductas dolosas intencionalmente dirigidas a perjudicar al Estado o al normal desenvolvimiento de la actividad administrativa de éste" por parte de los indagados (directores de Gas Sayago S.A.) que revestían a la vez la calidad de funcionarios públicos por tratarse de directores de las empresas públicas accionistas (UTE y ANCAP), así como de parte de quienes sin haber sido Directores de Gas Sayago S.A. integraron los Directorios de UTE y de ANTEL durante todo el proceso", señala el resumen del dictamen publicado en la página web del Poder Judicial.
A pesar de esto último, la jueza sí compartió la postura de Pacheco en cuanto a que surgieron "imprevisiones, errores estratégicos, negligencias e irregularidades administrativas que determinaron pérdidas financieras para el Estado".
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