La fiscal en crimen organizado, Mónica Ferrero, pedirá a la Justicia que abra un expediente para investigar actividades terroristas a partir de las amenazas formuladas por supuestos militares en un video n o difundido en el que un grupo de uniformados anuncian “operaciones militares” para liberar “presos políticos”.
Fuentes judiciales dijeron a El Observador que la fiscal está de turno y al enterarse por la prensa de la noticia que encierra un presunto caso de terrorismo decidió investigarlo. Para hacerlo deberá pedir al Poder Ejecutivo la presunta filmación y además solicitar la investigación que Presidencia viene haciendo del tema. También tendrá que pedir la citación de los investigadores para conocer los detalles de los resultados de esa instrucción e intentar ubicar a los responsables.
La ley 17.835 de 2004 señala que son actos terroristas los que buscan intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
La reacción judicial llega luego que el semanario Búsqueda informara este jueves que el Poder Ejecutivo tiene en curso investigaciones para determinar el origen de un video en el que aparecen tres personas vestidas con uniformes militares y tapados con pasamontañas. Allí anuncian que iniciarán acciones de combate en nombre del respecto a la Constitución. Al mismo tiempo, lanzan amenazas a jueces y fiscales.
Fuentes del Ministerio del Interior informaron a El Observador que la Dirección Nacional de Inteligencia le atribuye un contexto de razonabilidad a las medidas anunciadas, teniendo en cuenta la tensión y el nerviosismo que puede reinar por estos días en círculos de militares retirados que tuvieron participación la dictadura.
A los procesamientos con prisión ocurridos durante el gobierno pasado que llevó a la cárcel a las principales figuras del régimen de facto, se suman nuevas convocatorias. Este año, las causas abiertas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos harán circular por los juzgados a más de 30 militares retirados por una docena de expedientes. Inteligencia seguirá adelante con las investigaciones pero hasta este jueves de tarde nadie en el Ministerio del Interior había visto el video, informaron las fuentes consultadas. Tampoco tuvo acceso al audiovisual el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, según declaró este jueves. Aún sin poder dar fe de su existencia, descartó que haya militares en actividad involucrados y dijo desconocer de dónde salió.
El grupo afirma que su objetivo es “asegurar la liberación de nuestros presos políticos” mediante “el uso de los medios disponibles” y reclama la “recuperación del Estado de derecho”.
Ante esto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, anunció que pedirá que haya protección para los funcionarios de la Justicia. “Vamos a hacer planteos en ese sentido”, dijo este jueves el principal de la corporación. Al mismo tiempo, Van Rompaey adelantó que la Corte pedirá entrevistas en carácter “urgente” con los ministerios de Interior y Defensa para obtener información sobre el curso de las investigaciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo a través de sus organismos. Mientras tanto, la Fiscalía de Corte emitió un comunicado en el que manifiesta su “apoyo irrestricto a la independencia técnica de todos los fiscales”.
Luis Alberto Lacalle, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres recibieron por parte del ministro de Defensa un escrito que contenía algunos de los contenidos del mensaje pero era distinto al conocido este jueves. Los ex presidentes Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti dijeron que lo leyeron en Búsqueda mientras que Larrañaga dijo que a El Observador no recibió ninguna información. oficial.
(Observa)
