Justicia sin recursos para cumplir

Además de la escasez de recursos que afecta la eficacia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), la Justicia, el pariente pobre de los poderes del Estado, enfrenta ahora la pesadilla adicional de tratar de implementar la ley sobre violencia de género sin tener como financiarlo. El Poder Judicial ha pedido al Ejecutivo un refuerzo presupuestal de US$ 30 millones, suma estimada para poner en vigencia la ley de protección a las mujeres contra la violencia de género, aprobada en diciembre pasado por un Parlamento que no tuvo en cuenta, como en tantos casos previos, que una ley de poco sirve si no se puede aplicar. A este obstáculo se agrega la urgencia de apuntalar el CPP, norma esencial que anda a los tumbos tanto por controversias sobre la aplicación de su texto como por escasez de fiscales.

Lo que la Justicia reclama para la Fiscalía, casi US$ 10 millones, y para la ley de violencia de género asciende en total a cerca de US$ 40 millones, que difícilmente puedan aparecer en momentos en que el gobierno procura limitar la expansión del gasto público para evitar que empeore el riesgoso déficit fiscal. En el caso de lo requerido por la Fiscalía, el Poder Ejecutivo ya redujo a una quinta parte, solo US$ 2 millones, los fondos adicionales que recibirá en el nuevo presupuesto. Y nada se ha escuchado sobre el financiamiento de la ley de violencia de género, que el gobierno primero trató de postergar por dos años por falta de recursos. Pero como igualmente fue aprobada en el Parlamento, altas autoridades del gobierno aseguraron a la Intersocial Feminista, que agrupa a 30 organizaciones de mujeres, que la ley se cumpliría. Como y con qué sigue siendo un misterio.

El Poder Judicial especificó que para cumplir ese compromiso hay que crear 244 nuevos cargos de jueces, defensores públicos, actuarios, psicólogos, médicos psiquiatras y médicos forenses para atender las disposiciones de la ley. Incluyen crear nuevos juzgados, decidir sobre medidas de protección a las víctimas, definir pensiones, regímenes de visitas, tenencias de menores y seguimiento de los delitos previstos en la norma. Esta vasta expansión, a un costo que triplica los US$ 10 millones originalmente asignados al CPP, no es factible en la situación actual. La realidad impone, en cambio, equilibrar los magros recursos asignados en la Rendición de Cuentas a la Justicia para cumplir en la mejor forma posible las exigencias impuestas por el CPP y proteger a las víctimas de violencia doméstica.

El fortalecimiento de la Fiscalía es una urgencia imperativa, ya que sus actuales claudicaciones contribuyen a la inseguridad pública que consterna al país entero. Y los actuales juzgados de familia y los penales, reforzados hasta donde se pueda, tendrán que arreglárselas con los recursos disponibles para atender los casos de violencia contra mujeres, mientras no se arbitren las cuantiosas sumas que exige la implementación plena de la ley. Esta situación nebulosa, por otra parte, es un recordatorio a los poderes Ejecutivo y Legislativo del contrasentido de seguir tropezando en aprobar leyes, por bien intencionadas que sean, cuando la realidad evidencia de antemano que no podrán ponerse en marcha por falta de financiación genuina.