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Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

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La administración Biden impone nuevas sanciones a Nicaragua

El presidente Joe Biden autorizó al Departamento del Tesoro a establecer nuevas medidas económicas contra el gobierno de Daniel Ortega y restricciones de visa a más de 500 funcionarios y sus familiares

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25 de octubre de 2022 a las 11:00

Una orden ejecutiva del presidente norteamericano Joe Biden ha otorgado al Departamento del Tesoro “la autoridad para actuar contra ciertas personas que operan o han operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense”.

La disposición tiene como objetivo castigar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la represión de la disidencia y las restricciones a las instituciones democráticas.

La nueva sanción también permite a Washington prohibir nuevas inversiones estadounidenses en sectores económicos nicaragüenses, importaciones de ciertos productos de la nación centroamericana y exportaciones de ciertos artículos por parte de ciudadanos estadounidenses a Nicaragua, entre otras posibles medidas.

El Tesoro también sancionó a la autoridad minera de Nicaragua, a la Dirección General de Minas y a un funcionario del gobierno de Nicaragua y “cercano confidente” de Ortega.

En el comunicado donde se informó sobre decisión presidencial el funcionario del Tesoro Brian Nelson afirmaba que “los continuos ataques del régimen de Ortega-Murillo contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil y la detención injusta de presos políticos demuestran que el régimen siente que no está obligado por el estado de derecho”.

Esta nueva sanción de la administración Biden se agrega a una serie de sanciones dispuestas en los últimos meses, incluidas restricciones de visas estadounidenses a funcionarios nicaragüenses y sus familiares a causa del controvertido historial de derechos humanos del país.

Ortega se ha enfrentado a crecientes críticas internacionales por la represión de su gobierno contra los líderes de la oposición y los activistas de derechos humanos, especialmente en el período previo a las elecciones del año pasado que varias naciones del continente y europeas denunciaron como una farsa.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la ola de arrestos, que ha provocado que decenas de personas sean detenidas y sentenciadas a penas de prisión a menudo prolongadas. Otras figuras de la oposición han huido del país, a menudo a la vecina Costa Rica.

En junio, el encargado de derechos humanos de las Naciones Unidas advirtió que las “crisis sociopolíticas, económicas y de derechos humanos” en Nicaragua estaban obligando a miles de personas a abandonar sus hogares en una ola migratoria que crecía en “cifras sin precedentes”.

Nicaragua se ha retirado recientemente de la Organización de los Estados Americanos y ha declarado “persona no grata” a la enviada de la Unión Europea Bettina Muscheidt, obligando a su salida del país.

La vicepresidenta Rosario Murillo, quien es esposa de Ortega, también dijo el mes pasado que el gobierno no permitiría la entrada al país del nuevo embajador de Estados Unidos debido a su actitud de intromisión en los asuntos internos de Nicaragua por haber realizado declaraciones “irrespetuosas” sobre el país. 

El embajador designado, que fue asesor principal de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, había dicho en una audiencia en el Senado norteamericano que “apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de rumbo en Nicaragua” y describió a Nicaragua como “estado paria en la región” y al presidente Ortega como un “dictador”. 

Este lunes, la Casa Blanca declaró en una hoja informativa la decisión de ampliar los poderes de las sanciones contra Nicaragua también estaba vinculada a la “creciente cooperación en seguridad con Rusia”, refiriéndose a una reciente votación en la Asamblea General de la ONU en la que Nicaragua votó, junto a otros cuatro países en contra de una resolución que condenaba la anexión de territorios ucranianos por parte de Moscú. 

Más tarde, el Departamento de Estado dijo que estaba imponiendo restricciones de visa a más de 500 ciudadanos nicaragüenses, incluidos miembros de la policía nacional del país, jueces, fiscales y sus familiares “que permiten la represión y la corrupción del régimen”.

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