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La batalla de un campesino-jurista contra el mayor grupo químico de China
"En China, detrás de cada caso de contaminación se esconde un caso de corrupción", explica.
Wang y otros vecinos de su pueblo de Yushutun, en la provincia de Heilongjiang (nordeste), demandaron a la empresa Qihua, acusada de hacer que sus tierras no sean más cultivables. El caso empezó hace 16 años.
En febrero se produjo la primera victoria: la justicia ordenó a la empresa a descontaminar su vertedero de productos químicos situado en la localidad y a pagar un total de 820.000 yuanes (US$ 123.000) a 55 familias, para compensar la pérdida de sus cosechas.
La sentencia fue sin embargo suspendida así que Wang y su equipo se preparan para nuevas contiendas en la sala de audiencias. "Evidentemente vamos a ganar. La ley está de nuestra parte", asegura, desde su modesta vivienda.
Su combate pone a prueba los límite de la ley china sobre medioambiente, enmendada en 2015 con el objetivo de facilitar los recursos ciudadanos contra las empresas contaminadoras.
Qihua es una filial del gigante estatal ChemChina, el mayor grupo químico del país. Está especializada en el tratamiento del petróleo bruto.
La cruzada de Wang empezó en 2001, cuando las autoridades locales alquilaron 28 hectáreas de tierras a la empresa para poder crear su vertedero. Sin la aprobación de los residentes.
Según ellos, las aguas residuales se han infiltrado en las tierras agrícolas de los alrededores.
'Incompatible con la agricultura'
Wang Enlin dice que se sintió obligado a aprender Derecho para poder encararse al gigante industrial.
Una dura tarea autodidacta para este modesto agricultor, que dejó la escuela a los 10 años cuando una atroz hambruna asolaba el país. "La educación no interesaba en aquella época. No era esto lo que iba a cambiar tu destino", recuerda.
Cuando inició su lucha contra Qihua, Wang encontró un libro sobre derecho medioambiental en una librería. Pero necesitó varios años para entender los textos, buscando en un viejo diccionario todos los términos que desconocía.
Wang, con el rostro demacrado, pasa la mayor parte del tiempo en su casa, convertida ahora en una especie de aula, donde cada día se reúnen un grupo de personas del pueblo para aprender pequeñas lecciones de Derecho.
En 2013, una asociación ecologista de Pekín detecta en el suelo del pueblo niveles de mercurio "incompatibles con la agricultura".
El año siguiente, el ministerio de Medioambiente señala a Qihua, y añade que la empresa ha cerrado y envía sus desechos hacia otro lugar.
Pero el dosier creado por Wang con la ayuda de una asociación de asistencia jurídica no es aceptado por la justicia hasta 2015.
¿Corrupción?
El agricultor prepara solo su contraataque en la Justicia, lo que le supone recurrentes visitas de la policía, que le exhorta a abandonar y a no hablar con periodistas.
A principios de setiembre, un tribunal local aceptó finalmente la demanda de Wang de apelar la decisión que anulaba su victoria inicial.
"Somos simples agricultores, sin recursos ni poder", declara Wang Baoqin, una vecina. "No podemos ganar contra el Estado. Aún menos contra funcionarios corruptos. Decidimos entonces seguir otro camino: atacar a la empresa".
En una década, el número de casos medioambientales tratados por la justicia en primera instancia se multiplicaron por 10 en China, señala la investigadora Rachel Stern, que ha escrito un informe sobre el tema.
Algunos demandantes ganaron sus casos: en 2015, un gigante petrolero fue condenado a pagar 1,68 millones de yuanes (US$ 253 millones) a 21 pescadores cuyas actividades se vieron perturbadas por residuos de hidrocarburos.
La fábrica de Qihua parecía no estar en funcionamiento cuando la AFP pasó por allí. El terreno adyacente estaba recubierto de hierbas, sin ningún rastro de la antigua zona de aguas residuales.
Pero nada crecerá aquí nunca más, estima la vecina Wang Baoqin. "Quizás nunca obtendremos justicia en vida", dice. "Hacemos esto para las generaciones futuras".
