La Cancillería se aferró al ideario herrerista para criticar a Almagro

“Para el Uruguay la palabra intervención es una palabra maldita”, fue la frase de Herrera que incorporó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado el martes 18 y que alude al principio internacional de no intervención, cuya mayor defensa diplomática en nombre del país la dio el embajador Carlos María Velázquez en la mesa chica del Consejo de Seguridad en 1965 al fustigar la invasión estadounidense en República Dominicana.

“Independientemente de las circunstancias que se invoquen, el Uruguay no respaldará jamás en ningún ámbito una intervención armada en ningún país de la región, como pretendida solución a una crisis interna”, dice el comunicado de la cancillería.

Además expresó preocupación “por la posibilidad de que se intenten introducir conceptos o doctrinas esgrimidos en otros contextos que en nada son comparables a las situaciones que se viven en la región, como pretexto para intentar legitimar una intervención armada”, en alusión a la Responsabilidad de Proteger, una doctrina que pone el foco en la protección de las poblaciones ante la violación de derechos humanos como crímenes de guerra, genocidios, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad sobre otros principios del derecho internacional público como el respeto a la soberanía, la autodeterminación y la no intervención. 

La Responsabilidad de Proteger –cuya polémica aplicación en el caso de Libia en 2011 cuestionó la utilidad de la herramienta– contempla la posibilidad de hacer uso de la fuerza como última opción. La cancillería argumentó contra la aplicación de la norma en la región pero, sin embargo, Uruguay integra el “grupo de amigos” de la Responsabilidad de Proteger desde la primera hora y ha defendido su compromiso en foros internacionales, como sucedió el pasado 25 de julio en el debate de la Asamblea General. 

“Uruguay reconoce los tres pilares de la Responsabilidad de Proteger. Con relación a este tema, mi país entiende que el uso de la fuerza solo debe emplearse como último recurso y cumpliendo con todas las garantías establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo una resolución expresa del Consejo de Seguridad”, dijo el representante uruguayo. 

¿En Venezuela se violan los derechos humanos? ¿Hay crímenes de lesa humanidad en ese país? Si el gobierno cree la respuesta a estas dos preguntas es afirmativa, entonces no debería sorprenderse de que se plantee la posibilidad legítima y legal de que la comunidad internacional se responsabilice por la protección de los venezolanos ante la omisión del gobierno de Nicolás Maduro, más allá de la ponderación que se haga del uso de la fuerza como forma de resolver problemas.

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De hecho, para Uruguay la “intervención” no siempre fue una “palabra maldita”. Hay al menos dos casos en los que un gobierno batllista y otro herrerista apoyaron intervenciones armadas legales, es decir: con el mandato del Consejo de Seguridad tal como lo establece el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

Guerra de Corea

Durante la Guerra de Corea (1950-1953), el gobierno uruguayo apoyó la intervención de Naciones Unidas para “imponer la paz” en la península. Había un mandato del Consejo de Seguridad pero, en realidad, la invasión fue decidida y dirigida por Estados Unidos en defensa de los surcoreanos.  

El 26 de junio de 1950 a la media noche, pocas horas después que las tropas norcoreanas traspasaran el paralelo 38, el representante de Estados Unidos ante la ONU, Warren Austin, envió una serie de telegramas al secretario de Estado de EEUU, Dean Acheson, en el que le informaba sobre los contactos que había hecho con representantes de otras delegaciones sobre la situación en Corea. 

Austin reportó que el embajador uruguayo ante ONU, Enrique Rodríguez Fabregat, estaba “muy alarmado” y que le dijo que el concepto de “agresión no podía ser tolerado”. Rodríguez Fabregat opinó que se debían adoptar medidas “duras”, según figura en el registro publicado por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado.

El 20 de enero de 1951, la delegación de Estados Unidos invitó a una reunión a los interesados en ser sponsors de una resolución que, por un lado, condenaba la invasión de China a Corea para asistir a las fuerzas del norte y, por otro, solicitaba a los estados que siguieran prestando asistencia (militar) a la acción de Naciones Unidas en ese país. “Uruguay, Cuba, Colombia y Perú dijeron que estaban preparados para unirse en apoyo a esta resolución”, le informó Austin al secretario Acheson.  La resolución 498 de la Asamblea General se aprobó el 1° de febrero con 44 votos a favor, entre ellos el de Uruguay.  

En respuesta al llamado de Naciones Unidas, Rodríguez Fabregat anunció que Uruguay apoyaría “resueltamente las medidas adoptadas por esta organización internacional en defensa del ideal supremo de la convivencia en paz y seguridad internacional” y confirmaba “su fe en la acción de las Naciones Unidas”, según recoge Kim Chum Kon en su libro The Korean War 1950-1953.

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Meses después, en junio de 1951, Estados Unidos sondeó a un grupo de países –entre ellos Uruguay– para enviar tropas a Corea. Pero, al parecer, ya había un ofrecimiento uruguayo en ese sentido.

En una comunicación entre los secretarios de Estado y Defensa, el 23 de febrero de 1951, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que mantendría comunicaciones con el gobierno uruguayo para hacer arreglos técnicos. “Está previsto que se realicen conversaciones a nivel técnico militar con los uruguayos, los etíopes y los cubanos, con el objetivo de ubicar estas unidades en el campo de acuerdo con las ofertas hechas por esos gobiernos y ya aceptadas por el Comando Unificado”, escribió Acheson a Geroge Marshall.

El gobierno uruguayo había ofrecido 2.000 hombres según se desprende de la investigación hecha por el académico estadounidense Paul M. Edwards, pero eso resultaba insuficiente según los criterios establecidos por los estadounidenses. 

Más allá de la oferta, el gobierno de Luis Batlle Berres y  después el de Andrés Martínez Trueba no la tenían fácil. La oposición del Partido Nacional resultó fundamental para que el intento uruguayo de mandar tropas a Corea no prosperara. Sin embargo, Uruguay aportó dinero y donó sangre, según la investigación de Edwards. 

Guerra del Golfo

Otro de los pocos casos en los que el Consejo de Seguridad mandató el uso de la fuerza para repeler una intervención fue en 1990, cuando Saddam Hussein ordenó que sus Fuerzas Armadas cruzaran la frontera hacia el sur para tomar los feudos petroleros de Kuwait, con el objetivo solapado de lograr un alza en los precios del combustible y así beneficiar a su régimen. 

Naciones Unidas autorizó la actuación de una coalición de fuerzas liderada por Estados Unidos que gozó de una importante legitimidad. Al igual que muchos otros países, Uruguay apoyó esa intervención.

El canciller herrerista Héctor Gros-Espiell fue el encargado de expresar el beneplácito del gobierno uruguayo en la Asamblea General, el 4 de octubre de ese año.

“La reacción de la comunidad internacional,  a través de la acción del Consejo de Seguridad ha sido rápida y enérgica. El Uruguay condena la grave violación del derecho internacional cometida por Iraq y acompaña y apoya sin reservas las decisiones adoptadas por el Consejo”, dijo Gros según se desprende de la versión taquigráfica. 

En su discurso, el canciller de Luis Alberto Lacalle argumentó que la intervención era necesaria porque la agresión iraquí había dañado el comercio internacional y había perjudicado a países con “economías débiles y vulnerables” como Uruguay.

En general, el ministro uruguayo valoró que el comportamiento de la ONU ante esta crisis y el respeto a los procedimientos indicados en su carta constitutiva había revalorizado el rol de la organización a nivel internacional. “La crisis del Golfo puso a prueba la capacidad de la organización para hacer frente a situaciones que ponen en peligro la paz y la seguridad. Las Naciones Unidas han salido triunfantes y fortalecidas de esta prueba”, dijo.