La cartita que Alfie les envió a las empresas públicas para armar el presupuesto de 2022

En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas de 2020 –que el gobierno acaba de enviar al Parlamento–, el equipo económico mantuvo una proyección de crecimiento de 3,5% para este año y fijó en 2,9% la expansión del PIB para 2022. En materia fiscal, el Ejecutivo proyecta una fuerte recomposición de las cuentas públicas. Para el cierre de este año, el MEF espera que el rojo de las cuentas públicas se ubique en 5,6% del PIB –contemplando 1,7% puntos del PIB por las medidas de apoyo del covid-19–, para luego caer a 3,1% en 2022, ya sin impacto por la pandemia. 

“Por tratarse del ejercicio 2022, esta oficina (OPP) entiende conveniente como ya se ha expuesto en ocasión de los instructivos presupuéstales 2020 y 2021 –en concordancia con la política del Poder Ejecutivo en la materia, plasmada en el documento Compromiso por el País y la crítica situación que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia covid-19– la aplicación del principio general de absoluta extrema prudencia respecto al nivel real de gasto que se proyecte en relación a la ejecución correspondiente al ejercicio 2019. En particular, el cumplimiento de las metas fiscales constituye uno de los mayores desafíos macroeconómicos de modo de no comprometer la sostenibilidad de la deuda pública”, advierte el instructivo firmado por el director de la OPP, Isaac Alfie, al que tuvo acceso El Observador. 

En otro pasaje advierte que “la incertidumbre del tiempo de duración de la pandemia que nos afecta, debe tenerse en cuenta al momento de planificar los recursos disponibles. En este sentido, resulta absolutamente necesario continuar manteniendo los esfuerzos vinculados a obtener ganancias de eficiencia que permitan materializar los compromisos de austeridad y prudencia en el gasto a la vez que mejoren la calidad y cobertura en la producción de bienes y servicios públicos así como la disminución en términos reales de los niveles tarifarios medios”. 

Retorno exigido 

El presupuesto de las empresas públicas 2022 deberá contener un primer capítulo con un plan estratégico de mediano plazo (cinco años) con sus indicadores y metas, que deberá acompañar con su plan anual operativo para el próximo año. Las empresas podrán decidir si esa información adquiere calidad de “reservada o confidencial” de acuerdo con la normativa vigente. 

La OPP también solicitó a los entes una memoria anual del 2020. Por otro lado, recuerda que de acuerdo a la ley 19.924, los entes autónomos y servicios descentralizados industriales y comerciales “deberán formular sus presupuestos de forma tal de cumplir con estándares mínimos de retorno sobre su patrimonio… En ningún caso el retorno podrá ser inferior al costo promedio de la deuda pública del Estado", recuerda.

La OPP aclara que esa metodología tomará como ingresos los subsidios tarifas por leyes, decretos y otras normativas, y también excluye los subsidios que reciben las empresas de Rentas Generales.

“Teniendo en cuenta el necesario tiempo que conlleva el análisis de las tasas de retorno para cada unidad empresarial, es que se sugiere en esta instancia una tasa de retorno no inferior al 4% en términos reales (descontada la inflación interna)”, dice el instructivo. 

Recursos humanos y horas extras 

Leonardo Carreño

La política de restricción para completar vacantes en las empresas públicas se mantiene con el criterio de completar 1 de cada 3 que se originen en cada organismo. De acuerdo al instructivo de OPP, deberá eliminarse el “67% de las vacantes que se generen entre el 1º de enero 2022 al 31 de diciembre de 2022”, con excepción de las que deben llenarse con personal discapacitado, afrodescendientes o personas trans, según la normativa legal. 

“De entender las empresas necesario mantener las vacantes de ascenso (ya porque se encuentran iniciados los procesos de llamados internos o porque se entienden absolutamente necesarias), deberán eliminar las vacantes correspondientes al último grado, disminuyendo en consecuencia las partidas presupuestales o en su caso las correspondientes a contratados de función pública u otras relaciones funcionales”, precisa la pauta de la OPP. 

En todos los casos la disminución de los créditos presupuestales deberá incluir los importes asociados a los cargos a eliminar así como sus compensaciones.

En lo que respecta a las partidas de becarios y pasantes y arrendamientos de obra/servicio, “se prohíbe la renovación automática de dichos vínculos. El importe en pesos destinado en el 2022 a la realización de estos vínculos no podrá superar el 60% de los montos ejecutados en el 2019 a igual nivel de precios”.

Por otro lado, en la iniciativa presupuestal 2022, las empresas públicas incluirán una reducción “de al menos un 10% de la partida presupuestal 2019” de las horas extras. 

En tanto, las remuneraciones de los directores de las empresas públicas mantendrán un tope del 60% de la retribución total del presidente de la República. En el caso del personal de confianza de los directores (secretarias, asesores), “se insta a que el importe a presupuestar no supere el 60% del tope” vigente por ley. El artículo 23 de la ley nº 17.556 fija esa partida para los directores con un monto mensual por director que no puede superar una vez y media la remuneración de un ministro de Estado (unos $ 420 mil). 

El año pasado, por medio de una nota, el Directorio de Ancap le transmitió a OPP su “preocupación” por las restricciones existentes para contratar profesionales que asesoren la labor de los cinco directores. El ente consideró en su momento que una empresa con 12 subsidiarias requería de una mayor partida para contratar asesores. 

Por otro lado, la OPP informa que “no se aceptarán nuevos regímenes de retiros incentivados o extensiones de vigencia de los existentes”. Tampoco se aprobarán nuevas reestructuras salvo que impliquen disminuciones de costos.

Gasto, inversiones y publicidad 

Las partidas para bienes y servicios para el ejercicio 2020 debían reducirse 15% en términos reales respecto a las partidas ejecutadas en el ejercicio 2019 y las correspondientes al ejercicio 2021 el 5% adicional con relación a las presupuestadas 2020, con excepción de aquellas que dependen directamente del nivel de actividad y no sean controlables por la empresa (ejemplo: compra de petróleo).

“Para el ejercicio 2022 se solicita un ahorro adicional del 3% sobre el 20% ya dispuesto. En el caso de pago de condenas o sentencias judiciales, las empresas deberán compensar dichos importes con una correspondiente menor ejecución en bienes y servicios”, dice el instructivo de OPP. 

Por otro lado, las partidas de publicidad y propaganda para 2022 deberán reducirse al menos en 20% para las actividades en competencia con relación a los importes ejecutados en 2019 a igual nivel de precios. La OPP aclara que deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 774 de la ley nº 19.924 en relación con la contratación con medios de comunicación, programas, etc., radicados en el interior.

También se sugiere a las empresas que en su giro prestan actividades monopólicas que los gastos de dichos ítems se refieran exclusivamente a comunicaciones de carácter institucional (licitaciones, contrataciones, llamados).

Por último, en “concordancia con las metas fiscales”, las inversiones del período 2022-2026 como tope máximo no podrán superar el 85% del promedio de ejecución del período 2015-2019. “En particular para el ejercicio 2022 se solicita que la propuesta refleje el monto mínimo imprescindible para la cobertura de la demanda manteniendo la calidad en la prestación de los servicios”, pide el instructivo de OPP. Además, aclara que el tope máximo no significa que necesariamente las empresas deban cumplir con el referido porcentaje si sus necesidades de inversión son menores.

Finalmente, “de acuerdo con la filosofía del gobierno en materia de eficiencia en la gestión del Sector Público, las empresas incorporarán en sus iniciativas presupuestales un capítulo final denominado Compromisos de gestión, los que expresarán la voluntad inequívoca de las mismas en la mejora de su gestión y en el cumplimiento de los mismos”.