Este jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en desacato al Estado peruano por haber llevado adelante la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. La medida fue adoptada por ir en contra del cumplimiento de las sentencias de la CIDH por los casos de matanzas La Cantuta y Barrios Altos.
En el informe, la CIDH confirmó que declaró el desacato “debido a que Perú ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo de 2022, que restituyó los efectos al indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla”.
El expresidente que concedió el indulto a Fujimori fue Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). En la resolución publicada este jueves, la CIDH recordó que había ordenado no implementar el indulto al no haberse observado “los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional”.
El desacato, señaló la CIDH, remite a la no resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori, con posterioridad a dos resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 y del 7 de abril de 2022, que ordenaban lo mismo.
Por ello, el documento judicial de este jueves informó que “en consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023”.
En el mismo acto, la CIDH ordenó al Estado peruano que presente, con fecha límite del 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de “investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar” las graves violaciones a los Derechos Humanos que determinan las sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Perú deberá presentar informes cada tres meses, durante todo el tiempo que la Corte lo considere necesario.
Fujimori, de 85 años, condenado 25 años de cárcel, fue liberado el pasado 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CIDH había pedido a las autoridades peruanas que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
(Con información de agencias)