La inequidad educativa

En ese sentido, pierde relevancia que en el ranking de 79 países que son evaluados periódicamente por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), Uruguay obtenga un punto más o menos o mantenga su lugar, si el promedio oculta una enorme brecha educativa, según el origen socioeconómico del alumno.

A modo de ilustración, en las pruebas PISA realizadas en 2018 –difundidas esta semana–, Uruguay obtuvo en comprensión lectora un promedio de 427 puntos, que lo ubica en el puesto 48°. Pero mientras los alumnos más favorecidos lograron mejores resultados que el alcanzado por los estudiantes examinados de varios países de Europa Occidental, los que aprenden en establecimientos educativos de contextos críticos tuvieron una peor performance que el promedio de niños y jóvenes provenientes de República Dominicana, por ejemplo.

Quiere decir que en las aulas uruguayas conviven dos realidades diametralmente opuestas: por un lado, un grupo de privilegiados que se benefician de una formación de nivel europeo y, por otro,  los que reciben una enseñanza paupérrima, tan atrasada como la impartida en países no desarrollados.

“Esta es una realidad casi constante desde 2003, que empezamos con las pruebas (PISA)”, informó a El Observador el encargado de la división de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), Andrés Peri.

En línea con la inequidad educativa, el documento de PISA afirma que los alumnos de los centros privados obtienen mayor puntaje promedio que los que estudian en liceos públicos.

Además de pena, el resultado de PISA provoca un sentimiento de ira porque es la evidencia más cruda de la mala gestión pública en la enseñanza, de la falta de liderazgo político con relación a las reformas de largo plazo que necesita el país, de las promesas de gobernantes de fácil palabra pero de debilidad en la acción.

La gravedad del caso es que es una omisión política de enormes perjuicios para el futuro individual de los estudiantes pero, también, del conjunto del país que, en los hechos, termina renunciado a lograr un salto cualitativo en su capital humano. Para optimizar nuestras ventajas comparativas y, además, explorar nuevas oportunidades que llegan con un mejor conocimiento.

De cara al nuevo período de gobierno, debería ser una obligación de los partidos alcanzar un entendimiento político para realizar una profunda reforma de la educación, que hasta ahora ha sido esquiva por el temor de los gobernantes a provocar un conflicto impetuoso de unos sindicatos de la enseñanza exitosos en la defensa del statu quo del sector.

Sin un salto de calidad en la educación, Uruguay estará condenado a vivir en la medianía y no conseguirá mejoras sustanciales ni en la economía ni en la seguridad pública. Y muchos menos será posible cerrar una brecha social que no se resuelve con simples zurcido a un abrigo roto.